También informó que tienen que verificar los mecanismos ya que les preocupa las situaciónes conflictivas precisamente en tres empresas de orígenes no nacionales, declaró Castillo a una radio local.
El titular mencionó como ejemplo el caso del grupo peruano Gloria que dimitió a 400 trabajadores tras anunciar el cierre de su filial uruguaya procesadora de leche, Ecolat, en el suroeste del país, y que “todavía no sabe si la va a reabrir o si la va a vender”.
Otro caso remarcado por Castillo fue el de la planta regasificadora que está siendo construida en Montevideo por el consorcio franco-japonés GNLS, formado por Gaz de France-Suez y Marubeni.Co. y una subcontratada brasileña en conjunto con empresas públicas uruguayas. La compañía subcontratada de Brasil, OAS, se retiró del proyecto y dejó las obras a medio hacer.
En mayo, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, contó a la prensa que OAS pretendía cambiar el contrato inicial firmado entre el consorcio estatal y la multinacional en el intento de aumentar su precio una vez estuviera funcionando la regasificadora.
Por otro lado, destacó que “tener una planta que ofrezca gas licuado para el conjunto de la población y fundamentalmente para la industria, para que baje los costos de la energía” es un objetivo primordial para el Gobierno.
“Tenemos mucha expectativa y ojalá que de aquí para adelante se brinde las garantías tanto para el inversor que venga como para los trabajadores y la sociedad uruguaya que no venga a especular sino que venga a cumplir unas garantías con derechos y obligaciones”, concluyó.
