¿Cuál es la importancia de abordar el tema de la infraestructura en el ENADE 2023?
Tanto la comunidad empresarial como todo el país, está clamando por la infraestructura como una manera de acceder a todos los mercados; los precios de la comida a nivel nacional están subiendo, especialmente en lugares que están lejanos por la falta de transporte directo. Hay muchos problemas para llegar a los puertos y aeropuertos de parte de los productores, aparte de los agujeros que hay en las calles; se ve que no hay una planificación de la infraestructura y que se va saturando el modelo. Precisamente, el modelo actual no funciona para invertir más.
¿A qué se debe el rezago?
Hay un proceso de planificación, preingeniería, licitación, ejecución, supervisión y el tiempo que va a durar la calidad del activo, pero hay diferentes defectos en cada una de las áreas. Lo primero que debe tenerse es el proyecto o plan para los próximos cinco o diez años y el Gobierno necesita darle recursos a su preinversión, que es preparar un proyecto para que sea estándar y que gane el más barato o el que mejores condiciones de servicio ofrezca.
Esto, porque urge inversión en carreteras rurales con recursos gubernamentales. Pero la conexión de puerto a puerto, de frontera a frontera y de puertos a aeropuertos, tienen que financiarse con el sector privado para que este tome el riesgo y tenga una forma de ejecución más rápida.
¿Qué aspectos no funcionan actualmente?
Lo primero es que el Estado toma toda la responsabilidad de las obras, incluso las que contrata con privados y creemos que eso tiene que cambiar, transparentar los procesos y responsabilizar a los privados por sus entregas y su calidad. Entonces, la forma de estructurar contratos tiene que ver con fortalecer al gobierno.
No estamos planteando privatizar absolutamente nada, sino de que se haga la infraestructura, que se financie al gobierno con dinero privado, pero que estos inversionistas tengan responsabilidad en los contratos.
¿Cuál es la propuesta del ENADE de este año?
Lo primero es que aprendamos de los demás países del mundo; la ley que propusimos hace cinco años tomó ejemplo de la mejor práctica que era en Chile; ahora hay otras prácticas buenas en Perú, en República Dominicana y en Argentina, que es más dura en términos políticos, pero tuvo una buena ejecución en el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que viene a exponer este año. También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), nos dicen que se utilicen las alianzas público-privadas.
Entonces, necesitamos que en el país se canalice toda esa demanda de nueva infraestructura, tener una cartera de proyectos sana y que cuando venga un nuevo gobierno, pueda ejecutar. Se ha venido trabajando en una cartera que cuenta con 64 proyectos y se ha establecido una herramienta de semáforo para que los que están en verde sean fáciles de ejecutar para el siguiente gobierno; los que están en amarillo, sean factibles y para los que está en rojo, se empiecen a resolver los problemas de fondo. Se debe trabajar con la visión de que los proyectos son del Estado de Guatemala y de todos nosotros, más que de un gobierno de turno. En este portafolio hay carreteras, puentes, túneles, ampliar autopistas, hacer nuevas, etc.
¿Cuántos kilómetros de red vial se necesitan en el país?
El país necesita 38 mil 500 kilómetros de carretera, pero faltan los 20 mil que mencionaba y para obtener ese dato se hizo un planteamiento de todo el desarrollo rural, las conexiones interdepartamentales, intermunicipales e internacionales.
Históricamente, Guatemala ha podido hacer 209 km de carretera por año, pero creemos que hay posibilidad de llegar a unos 1 mil 400 km con todos los procesos bien puesto sobre la mesa; lo ideal sería poder tener 2 mil km para poder completar en 10 años, los 20 mil km que le faltan al país.
Mientras más tardemos, más se va a atrasar el desarrollo y con eso se va mucha de la competitividad de todas las áreas rurales. Si no hacemos estas inversiones rápido para conectarlos a ellos a un mercado, su posición competitiva va a estar mal.
También se necesita mejorar el mantenimiento, ya que esa labor y el recapeo se basan en una contratación de corto plazo donde la supervisión es muy débil. Nosotros creemos que debería de haber contratos bajo el modelo Crema (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento) con el que se le puede decir a un proveedor “quiero este servicio de carretera por cinco o diez años” de manera que use la mejor calidad para el primer año y tenga que hacer menos inversiones en el tiempo.
En el caso del uso de fondos, habló al inicio de la necesidad de contratos con transparencia ¿a qué se refiere?
Hemos visto que la construcción infraestructura se usa para la gobernabilidad. Hay intereses de empresas por quedarse con contratos sin que medie una licitación muy transparente. La nueva ley de infraestructura que se planteó al Congreso hace cinco años lo que hace es que transparentar ese proceso, y deja que solo el oferente más barato y el de mejor calidad llegue al final.
Creemos que si no ha pasado esta ley es precisamente porque las personas que tienen conflicto de intereses están tomando las decisiones de votar o no. La transparencia del proceso de compra es lo que facilita que vengan oferentes internacionales interesados en participar. Por eso la forma de registrarse en el país también tiene que ser más transparente y que los oferentes buenos, sean grandes empresas de Guatemala puedan participar de una manera sencilla en una licitación, puedan ejecutar y bajar el precio.
¿Le presentarán alguna propuesta al presidente electo Bernardo Arévalo?
Queremos que la propuesta se haga con él.
Dentro del Plan Guatemala No se Detiene se analizaron varios temas, como el de cuatro industrias que no hay en Guatemala actualmente y que tienen oportunidad de atraerse con el nearshoring. Se profundizó en los estudios para detectar qué requieren quienes quieren invertir en Guatemala y se llegó a la conclusión de que la infraestructura tiene que mejorar, el capital humano tiene que dar un salto y la certeza jurídica tiene que asentarse.
El presidente electo ya conoce el plan, pero quiere complementarlo. De alguna manera, esa es una discusión que vendrá después.