La funcionaria, que ayer estuvo en el país y realizó una presentación de las conclusiones del Capítulo IV con las autoridades monetarias, dijo que se necesitan acciones puntuales en el marco de la asistencia técnica que ese organismo está ofreciendo al ente recaudador, así como el proceso de transición política de cara a un nuevo gobierno que asumirá en enero próximo.
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Durante el encuentro predominó el tema fiscal y la representante del FMI insistió en que Guatemala debe hacer cambios estructurales en el tema de impuestos y una reforma.
También habló sobre el clima de negocios y los primeros acercamientos con los partidos políticos que van al balotaje.
“Contribuyentes deben cumplir”
La visita de Pérez Ruiz coincide con la presentación del informe de la estimación de la Productividad, Eficiencia e Incumplimiento del IVA, que es del 37.9% durante el 2018 y que representó por lo menos unos Q16 mil 566.8 millones.
Es decir, ese es el monto que se evade y el potencial que se tiene para cobrarlo.
Esa institución brinda asistencia técnica al ente recaudador desde el 2016, luego de la crisis institucional que impactó al ente por la revelación de casos de corrupción que involucraban a las autoridades de ese entonces.
“En las recomendaciones técnicas pasan por reforzar las acciones de fiscalización para generar resultados de mayor percepción de riesgo por parte de los contribuyentes y que cumplan con sus obligaciones tributarias y hay margen para que la SAT reasigne los efectivos que llevan a cabo estas actividades de control”, afirmó la jefa de misión.
En ese sentido también el “refuerzo” es para los grandes contribuyentes y es necesario que se doten de los recursos informáticos que permitan hacer cruces de información ya existentes de los tributantes.
Por otro lado, Pérez Ruiz, dijo que es necesario reconsiderar el levantamiento del secreto bancario para que la SAT pueda acceder la información de los contribuyentes en el sistema financiero.
Dijo que estos son los grandes ejes en los que se debe de priorizar para lograr mejores resultados.
Añadió que desde la perspectiva técnica si se implementan las recomendaciones, se puede lograr una recuperación de la carga tributaria anual e incrementar en dos décimas del producto interno bruto (PIB), que es algo “factible”.
Pero, por otro lado, reconoció que existen obstáculos para lograr esta recuperación.
Dijo que, en ese plano, es un tema de capacitación de recursos humanos de la SAT.
“No sorprende”
Pérez Ruiz destacó que la existencia de regímenes especiales hace más compleja la labor que realiza el administrador tributario de control y, sobre todo, del incumplimiento.
Por eso insistió en que la SAT debe implementar procesos transversales, para simplificar la labor de fiscalización.
Sobre el monto de la evasión del IVA, recalcó que no “sorprende”, porque la tendencia al incumplimiento está aumentando gradualmente y por eso la importancia de la fiscalización y una baja de percepción de riesgos por parte de los contribuyentes.
Con respecto al impuesto al valor agregado (ISR), el FMI considera que podría estar muy similar al IVA y el incumplimiento o evasión estará dentro del 40%.
Ambos indicadores, afirmó, comparados con el resto de los países de la región se consideran de los más “altos”.
También es producto de los efectos dinámicos adversos por las amnistías fiscales, su concesión y que no generan los incentivos adecuados para los contribuyentes.
Pérez Ruiz dijo que uno de los aportes en la asistencia técnica es en la consolidación de los programas operativos de fiscalización.
Planes en curso
El superintendente Abel Cruz Calderón dijo que está en marcha el plan operativo de fiscalización para los contribuyentes que han sido identificados en una base de datos en el incumplimiento del IVA, que son unos siete mil 500 contribuyentes en su mayoría proveedores.
Las auditorías de cabecera están en curso por la intendencia de Fiscalización para hacer las respectivas revisiones contables y si hay inconsistencias se llevarán a cabo los respectivos ajustes, no solo del IVA, sino también del ISR.
Afirmó que la información se obtuvo con base en las declaraciones de los proveedores.
Pérez Ruiz sostuvo que brindaron apoyo en la creación del plan operativo anual y los resultados concretos esperados.
Impuesto clave
El consultor fiscal Juan Carlos Paredes afirmó que el IVA es el principal impuesto que aporta a la tributación en Guatemala, cerca del 50% y la contribución de ese impuesto puede mejorar la carga tributaria.
“La apuesta que tiene la SAT es aumentar la fiscalización, pero no hay que descartar una modificación de la ley para crear una cultura tributaria de exigir factura”, puntualizó.
Esta medida únicamente se puede hacer a través de una reforma, retomando una planilla a favor de los trabajadores o algún otro incentivo, afirmó.
Agregó que hay un sector informal que comercializa y de trabajadores que no están motivados de solicitar facturas por cultura tributaria ya que se considera que no “sirve de mucho”.
Puntualizó que el tema del IVA puede brindar mayor recaudación a la SAT y por supuesto, elevar la carga tributaria.
Transición política
Pérez Ruiz confirmó que ya tiene acercamientos con los equipos técnicos que disputarán el balotaje, así como con los candidatos.
Explicó que el objetivo de los encuentros es conocer sobre sus propuestas de gobierno, sobre todo durante el primer año de la administración y presentar la visión del FMI sobre las propuestas económicas.
Resaltó que hay expectativas para un primer año de gobierno de una agenda económica en exportaciones e inversión, pero también en tratar ciertos indicadores sociales en salud, saneamiento y educación.
Para ello se debe definir un mayor gasto social y productivo, desde la prudencia fiscal y manteniendo los indicadores de deuda pública en niveles estables, un tema que tiene que ver con el fortalecimiento de la SAT y promover reformas fiscales estructurales y en el servicio civil.
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“Si estas condiciones se dieran, uno puede vislumbrar mayor gasto en infraestructura y una agenda cercana a los objetivos de desarrollo sostenible”, puntualizó.
Por otro lado, trabajar en una agenda económica que permita crear una mayor seguridad legal y jurídica para mejorar el clima de negocios, así como la necesidad de convocar a un diálogo nacional de consensos e iniciativas claves que van más profundo para el gobierno que salga electo en las urnas en agosto.
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