A inicios de este mes, el Ministerio de Trabajo (Mintrab) informó que, aunque hubiera finalizado el estado de Calamidad el 30 se septiembre recién pasado, se podría seguir brindando el apoyo a los empleados que ya tenían suspensión de contrato aprobada debido a la pandemia por el resto del año hasta que se agotaran los recursos del fondo o hasta el 31 de diciembre, cuando finaliza el ejercicio fiscal.
Sin embargo, el Ministerio de Economía (Mineco) informó ayer que los equipos jurídicos de ambos ministerios realizaron un análisis para definir el tiempo de vida del programa según la normativa y establecieron que las disposiciones son claras al respecto que el fondo tenía vigencia mientras durara el estado de Calamidad.
Ejecución
Hasta el 29 de octubre, se hicieron pagos a 188 mil 139 trabajadores por el monto equivalente a Q1 mil 518.8 millones, los pagos corresponden a quincenas previas de que finalizara el estado de Calamidad.
El fondo fue establecido en abril en el decreto 13-2020, por Q2 mil millones. Q150 millones se redirigieron en los decretos 25-2020 y 28-2020 para beneficiar con un pago único a jubilados y pensionados del Estado durante la crisis, por lo que quedarían por ejecutar unos Q331.1 millones.
El Mineco refirió por la mañana del viernes que aún no se sabe cuánto dinero quedará porque se siguen ejecutando pagos estas semanas. Por la tarde el Mintrab informó que ya no tienen solicitudes pendientes por resolver y que los datos actualizados se trasladaron ayer a Economía, aunque no detalló a cuántos trabajadores corresponden.
- Datos de la cartera de Trabajo refieren que aprobaron en total 27 mil 971 solicitudes.
- Estas representan 17 mil 507 empresas y 191 mil 963 trabajadores.
- Rechazaron 4 mil 576 solicitudes las cuales representaban 26 mil 662 trabajadores.
El Mintrab mencionó que recibieron unas 15 solicitudes de suspensión de después del 30 de septiembre cuando ya había finalizado el estado de Calamidad, pero todas han sido rechazadas por improcedentes.
Redirección
El presidente Alejandro Giammattei anunció el jueves pasado que presentará una iniciativa de ley al Congreso para reformar los decretos que dieron vida al Fondo de Protección del Empleo y redirigir los recursos para cubrir a trabajadores de los sectores de turismo, hotelería y arte, que por la naturaleza de las actividades económicas siguen sin operar o no han podido convocar a su personal.
Durante el año, algunos hoteleros suspendieron a sus trabajadores para que accedieran al beneficio, sin embargo, otros indicaron que les fue difícil porque, a pesar de las restricciones, se permitía que sus instalaciones siguieran operando con medidas de control y no les fue posible suspender personal, por lo que optaron por terminar la relación laboral.
Aunque Giammattei no dio detalles sobre la nueva disposición, el Mineco indicó que desarrollará una propuesta que permita redirigir el remanente de los fondos a los trabajadores de los sectores más golpeados por la crisis derivada del covid-19 y que continúan siendo afectados.
Cuestionamientos
El Fondo de Protección del Empleo no cubrió a los 350 mil trabajadores para el que fue creado, debido a problemas para ejecutar los recursos por diversas índoles.
- Una queja constante de patronos que buscaban suspender contratos de trabajadores y que estos accedieran al beneficio de Q75 diarios (unos Q2 mil 250 al mes) con fondos del Estado es que los procesos para aprobar las solicitudes eran lentas; además, luego de ser aprobadas, era difícil que llegara el pago.
- En julio pasado, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, dijo que unos Q1 mil millones que no se utilizarían se destinarán a otros programas que sí funcionaron. Esa misma semana Giammattei destituyó al entonces ministro de Trabajo, Rafael Lobos Madrid.
- El sistema informático para tramitar las solicitudes fue cambiado varias veces, y las autoridades adujeron que el país no estaba preparado para una emergencia de la magnitud que generó esta pandemia.
- El 16 de octubre, el Mintrab informó que presentó 104 denuncias ante el MP por hallazgos identificados en las solicitudes de suspensión. Se detectó que unas mil 900 personas que no eran trabajadores cobraron en forma supuestamente indebida Q5.7 millones del Fondo.
