El directivo expuso su visión sobre los acontecimientos en la institución financiera, que fue suspendida a solicitud de la Superintendencia de Bancos (SIB).
Aguirre consideró que hubo una expropiación y que en el proceso hubo vicios.
En la conversación también participó el abogado Juan Miguel Ordóñez y dio detalles sobre la suspensión.
El viernes 13 de diciembre de 2019 la Junta Monetaria (JM) ordenó la suspensión de Fidosa y nombró a una junta de exclusión de activos y pasivos.
¿Qué elementos han analizado luego de la suspensión de Fidosa en diciembre último?
Aguirre: Yo estoy a nivel corporativo -presidente de Corporación de Occidente- y básicamente lo que hemos analizado es que hubo una expropiación. Vemos a todas luces varios procedimientos ilegales y se afectaron los derechos de los accionistas e inversionistas y lo que estamos pidiendo es el respeto a las leyes del país y no seguir en un sistema de atropellos con un sistema arbitrario.
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No había deficiencia patrimonial, ni suspensión de pagos, ni liquidez y según las cifras publicadas por las mismas autoridades, habían más de Q1 mil 300 millones en activos y alrededor de Q1 mil 100 de pasivos.
Siempre hubo suficiente patrimonio para atender los intereses de los depositantes, que es la tarea y la obligación primordial de la Superintendencia de Bancos (SIB) y del Banco de Guatemala (Banguat).
¿Qué consideraciones han evaluado?
Aguirre: Nos preocupan los recursos de los depositantes y clientes, que no saben, ni tienen una información de sus depósitos -de inversión- y obviamente nuestro prestigio está de por medio y nosotros como Occidente -Corporación- hemos cumplido siempre, y queremos que las autoridades encargadas cumplan con nosotros y los inversionistas.
¿A qué se refiere a esos atropellos y sistemas arbitrarios en sus análisis legales y jurídicos?
Ordóñez: La Financiera y con el ánimo de limpiar cartera, para volver a ser una entidad bancaria, decide hacer una aportación como activo extraordinario de su entidad holding –que es una sociedad de cartera para poseer o administrar la propiedad de otras empresas– que es Corporación de Occidente, aportando acciones por un valor de US$26 millones (Q200 millones) a la financiera.
Lo más curioso de esto es que en el momento de hacer la aportación en mayo del 2018, el auditor que tiene a cargo la revisión, la supervisión y de alguna medida, la autorización de este procedimiento es el licenciado Érick Armando Vargas Sierra, que hoy es el jefe de la SIB.
En ese entonces, él trabajaba como auditor para Fidosa, y es quien supervisa la operación de la adquisición de estas acciones como activos extraordinarios, que era con el ánimo de limpiar cartera, mejorar la solidez financiera y eventualmente ingresar a ser una entidad bancaria.
Un año después y ya fungiendo como superintendente, hacen un llamamiento a la financiera, indicándole, que esta operación, entre otras administrativas, no estaba bien hecha, no cumplía las regulaciones y ahí se hace un plan de regularización en el 2019.
El plan de regularización es un plan administrativo y hay dos tipos que es uno administrativo y otro económico.
El plan de regularización administrativo no es que haya detectado deficiencias patrimoniales dentro de la financiera, sino que se estaban dando son temas de orden administrativo, que es algo muy común en la banca. Entre estos está la aportación de activos extraordinarios, las acciones de Corporación de Occidente y ellos –la SIB– basándose en un artículo de la ley dicen que a la financiera no le aplica en cuanto a recibir activos extraordinarios.
Sin embargo, como abogados somos del criterio que la misma Ley de Bancos sí autoriza que una empresa que es parte de un Grupo Financiero –que en este caso es Fidosa–, es permitida la aportación de activos extraordinarios.
La financiera decide acatar la orden del plan de regularización de la SIB y salir a vender estas acciones de Occidente y ya se estaba en el proceso.
¿Qué pasa después?
Ordóñez: Fidosa cumple con el plan de regularización fijado por la SIB y cumple con la negociación y venta de las acciones que se venden al doble de lo que habían sido adquiridas y se hace un acuerdo por US$56 millones en la escritura pública.
El asunto es que de conformidad con la ley y lo que toca ahora, Fidosa cumplen con el plan de regularización, es que la SIB entra a calificar la compra-venta de las acciones y puntualmente al comprador de las acciones.
Dentro de este análisis, la SIB debe emitir una resolución que deniega o acepta la venta y la superintendencia no hace esto, nunca se pronuncia, ni con el comprador si acepto la compra-venta.
Si hubiera habido un rechazo, la misma ley le da una oportunidad de 10 días para que pueda él depurar, enmendar o aclarar cualquier error que había en la negociación.
Sin embargo, la SIB ilegalmente ni acepta, ni rechaza, si no que decide archivar el expediente y la carta es del 6 de diciembre del 2019. La formalización de la escritura de compra-venta fue el 31 de octubre del 2019.
¿Cómo lo interpretan?
Ordóñez: Hay un silencio, en la cual no se cumple con la ley, ni aceptar, ni denegar, si no que busca una tercera opción que es archivar. Fue el pronunciamiento de archivo, que no está contemplado en la ley y ya ahí hay una violación al debido proceso.
Con el plan de regularización se cumplió y la venta de las acciones, y quedó la parte en que se tenía que aceptar al comprador de las acciones.
Aguirre: En el plan de regularización hasta nos felicitaron, porque estaban extrañados que habíamos cumplido con el 100% de las observaciones, como el gobierno corporativo, temas contables y la parte administrativa que se cumplieron todas.
Ordóñez: Entonces una vez archivado el expediente, el tiempo es récord y una semana después nos notifican la suspensión de operaciones de Fidosa.
Ante esta resolución administrativa de suspensión de operaciones, Fidosa acude y plantea un recurso de reposición con base al artículo 132 de la Constitución, que indican que los actos y decisiones de la Junta Monetaria, están sujetos a los recursos administrativos e incluso al proceso contencioso-administrativo y de casación.
Una vez interponemos el recurso administrativo contra esta suspensión, este recurso debió tener efectos suspensivos, es decir, no debió haber surtido efectos materiales la suspensión de Fidosa y debió ser resuelto el recurso a la espera que si se resolvía con lugar o sin lugar.
Sin embargo, aquí viene otra ilegalidad, porque se decide resolver In límine bajo el argumento de que fue suspendida Fidosa y no contar con representación de la financiera.
El recurso se planteó cuando fue la suspensión, pero no estaba en firme y la ley permitía acudir a ese recurso administrativo.
Ante esta situación se planteó una acción de amparo y la tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la potestad de conocer los actos de la Junta Monetaria, el 4 de febrero del 2020.
¿Qué pasó con el plan de regularización que solicitó la SIB?
Ordóñez: Los plazos se cumplieron, todos los requisitos administrativos que se pedían, y este tema de la compra-venta de las acciones y por no considerar ellos -SIB- de considerar como activos extraordinarios. Fue ante esta compra-venta de acciones que había incumplimiento, porque no había sido aceptada y archivado el expediente.
¿Creen que este fue el argumento que detonó para la suspensión?
Ordóñez: Nunca se emitió una resolución legal y que era la obligación en la cual se deniega o se acepta la operación, sino que se archiva. Entonces no hay un rechazo declarado, en la cual permitiera al comprador hacer el uso de esos 10 días para hacer las aclaraciones y una semana después se ordena la suspensión. Después de 30 días, si no existe una respuesta es un silencio administrativo.
Aguirre: Sí nos apegamos a la ley, eso fue lo que se hizo y no se respondió al archivar el expediente. Lo que procede es continuar con el proceso.
Antes de ser suspendida, ¿cómo estaba la relación patrimonio-activos de Fidosa?
Aguirre: Estábamos bien y en ningún momento hubo problema. Había un saldo a favor más de Q200 millones. Lo que hubo fue problemas administrativos y, es más, por eso se cambió la administración en mayo del 2019, por un equipo que viniera a resolver todos los problemas administrativos para poder cumplir con lo que se estaba solicitando.
Se limpió la cartera, se limpió con este activo, no es, como diría la forma ortodoxa, porque no fue que entró efectivo para limpiar la cartera, pero entró un activo del cual se hizo su evaluación, se aceptó como buena y fue superior al valor que se tenía estimado.
A su entender, ¿por qué fue la suspensión?
Aguirre: Pudo haber sido el deseo de hacer un apego a la ley en una forma rigurosa, pero a la ley que según la entendían ellos –SIB– y según la interpretación que le dio la superintendencia, no al cumplimiento riguroso de la ley. Hoy lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley.
Ordóñez: La percepción nuestra es que, para ellos, el plan de regularización tenía que incumplirse a toda costa, aunque se cumpliera. Eso no podía pasar, o sea ese plan de regularización tenía que incumplirse porque había que suspender las operaciones de Fidosa y expropiarla para otros intereses.
Aguirre: Hay un compromiso de más de mil depositantes y de más de 300 inversionistas y nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber fiduciario, con los inversionistas y con los depositantes.
¿Había algún tipo de relación de préstamos vinculados?
Aguirre: No. Todo lo que pudo haber de préstamos vinculados, si había era algo menor, porque todo eso se limpió y todos los créditos que se pudieron haber considerado como problemáticos se limpiaron un año anterior.
¿Qué aspectos legales-jurídicos van a continuar?
Aguirre: Seguimos con las recomendaciones de los asesores legales, no soy abogado, pero siempre hemos cumplido con los compromisos fiduciarios y estoy tratando de hacerlo.
Ordóñez: Ahora estamos exigiendo ante los tribunales que obliguen a la JM a reconocer el recurso administrativo. No estamos pidiendo que se resuelva a favor, sino que, dejen que se interponga el recurso, que lo conozcan y que resuelvan y ante esa resolución habrá otros recursos, para que se respete el debido proceso y el derecho de defensa.
Aguirre: Queremos ser prácticos y que se cumplan los compromisos, que los depositantes saben que sus recursos estaban ahí y estaban bien invertidos, que reciban su patrimonio de vuelta y el valor de los activos que se le el cumplimiento a las leyes.
A la hora que pedimos las acciones, la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos (Jeap) nos dicen que no es parte de la inversión. Entonces total arbitrariedad, y si esta es la norma, cumplámosla y no que sean selectivas para favorecer a terceros desconocidos. Las personas que tienen su patrimonio ahí se están expropiando.
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Ordóñez: Las acciones de Corporación de Occidente, ahora que la Jeap tomó el control de la financiera y que la expropian, y pedimos que las devuelvan, nos dicen que no, que son parte del patrimonio.
Aguirre: El tema no es hacer un proceso selectivo de decisiones y no podemos decir que las acciones no se aceptan como inversión y por otro lado la Jeap lo acepta, para efectos prácticos la operación.
Si este proceso fue para proteger los intereses de los inversionistas, que se respeten los derechos de los inversionistas y que se les devuelva su patrimonio.
¿Cuál sería la conclusión de todo este proceso y el mensaje a sus clientes?
Lo único que estamos pidiendo es que se respeten las leyes y no sé cuántos de ellos van a iniciar un proceso legal. Ellos tienen derecho a su patrimonio y estaba bien protegido. A los depositantes no se les atiende en la SIB, ni les dicen dónde están y solo exponen que tienen 90 días para resolver y esa no es la respuesta, y así no se protege los intereses de los inversionistas.
