El acuerdo fue aprobado por el exministro Andreas Lenhoff, quien fue funcionario durante la gestión de Alejandro Maldonado Aguirre (2015-2016).
Lo que desaparece
Los montos están fijados por estudios de evaluación de impacto ambiental para proyectos, obras, industrias o actividades categorías A, B1 y B2, respectivamente.
Las mismas tarifas rigen a la fecha para los diagnósticos en esas categorías, pero el rubro desaparece en el nuevo listado.
También desaparecen en el nuevo listado los costos, aplicables en la actualidad, a la solicitud para procesos de control y seguimiento ambiental de Q10 mil y Q100 mil, con los que se verifican los compromisos ambientales.
Las empresas esperan que se les reduzcan estos costos para los negocios.
Alejandro Ceballos, directivo de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), adscrita a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), expresó su expectativa al indicar que hay cobros de Q100 mil, cifra que puede ser alta, dependiendo del tamaño del negocio e inversión.
Añadió que se debe tener en cuenta que se necesitan pagar otro tipos de trámites, como licencias sanitarias y municipales, entre otras, añadió el directivo.
Son importantes los controles, indicó Ceballos, pero dijo que a más regulaciones más caro sale instalar un negocio, y “eso no incentiva la creación de pequeñas empresas”.
Derogatoria y discusión
“El acuerdo 20-2016, que contiene las nuevas tarifas, se derogará el mismo día que entre en vigencia y quedará (vigente) de manera temporal el 60-2015, hasta que se emita un nuevo reglamento que se está trabajando”, respondió a Prensa Libre el ministro de Ambiente, Sydney Samuels, por medio del Departamento de Comunicación Social, aunque no refirió cuándo podría estar listo un nuevo documento.
Agregó que de dejar vigente los nuevos montos, se afectaría el ingreso de fondos para financiar proyectos que ya están programados en el Ministerio de Ambiente y Recursos naturales (Marn).
“Los montos (del 60-2015) varían y están acorde con el tipo de proyecto, (y) constantemente se mantiene el diálogo con el sector empresarial”, añadieron autoridades del Marn.
Para César de Paz, gerente de Relaciones Institucionales de la firma consultora Hidraes, se debe buscar un equilibrio.
De Paz afirmó que no le parece justo que se deje al ministerio sin recursos. Pero el consultor también menciona que así como los cobros pueden afectar a pequeños negocios, hay proyectos para los cuales pagar Q25 mil no impacta porque es un monto que pueden recuperar fácilmente.
El consultor ejemplificó que para un proyecto pequeño de generación de energía de 5 megavatios, podría afectarles Q5 mil, pero hablar de Q25 mil para un proyecto que generará 50 megavatios es un monto que sí se puede recuperar.
Rafael Maldonado, asesor jurídico del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), cuestiona que se pretenda regalar licencias a los empresarios si a la población se le “cobra cantidades enormes” para que brinde información pública en torno al tema.
Además, pide que se deben exigir fianzas de cumplimiento, las cuales se deben ejecutar o pagar si hay desastres o daños ambientales o no cumplen con su compromiso.
Agexport informó a sus socios en enero pasado que se establece un único seguro para cubrir daños a terceros, que sean derivados de los riesgos e impactos ambientales potenciales identificados dentro del procesos de evaluación ambiental, y que el Marn ya no requerirá fianza.
