Los seis ejes persiguen el objetivo principal de mitigar los impactos sobre la población guatemalteca, garantizar la seguridad alimentaria y seguir atendiendo la pandemia sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.
- Política fiscal
Contener y priorizar el gasto público, para crear una reserva adicional que permita financiar algunas de las medidas.
Prevenir el desabastecimiento de productos alimenticios para atender las necesidades de toda la población e incentivar la inversión física para contribuir a generar a generar más competitividad en mayor empleo en el país; es decir, priorizar el gasto de capital en la inversión, promover la utilización del Programa de fondo capitales (para créditos a las mipymes).
- Protección social
Acciones para mitigar esos impactos negativos en la población más vulnerable, como transferencias monetarias a cargo del Ministerio de Desarrollo Social; la ampliación del programa de dotaciones de alimentos para 300 mil familias aproximadamente; además de un programa de alimento complementario fortificado llamado Nutriniños; y apoyo temporal para consumidores de gas propano, gasolina y diésel.
- Políticas sectoriales
Este eje incluye seguridad alimentaria y energía y combustibles, está a cargo del Ministerio de Agricultura, e incluye la implementación de la reserva nacional de granos básicos; ampliar la cobertura del programa de asistencia alimentaria; invertir en el programa de estipendios para el desarrollo agropecuario; fortalecer el programa proveeduría de semillas mejoradas; incentivar la diversificación de la producción de alimentos; promoción de materias primas alternativas para producir fertilizantes; y el fortalecimiento de la producción de granos básicos.
Además, la activación de contingentes para la importación de dichos granos básicos en los casos necesarios y viabilizar un programa para la compra de alimentos para contar con una disponibilidad adecuada.
En el subsector eléctrico se mencionan el aporte económico ampliado a los usuarios de energía eléctrica que son beneficiarios de la tarifa social; proponer una iniciativa de ley de incentivos fiscales a la movilidad eléctrica; incentivar la instalación de paneles fotovoltaicos para generación eléctrica para la industria y residencias.
Y en el subsector de hidrocarburos, la publicación en medios masivos de los precios de referencia de los combustibles y gas propano como una medida para evitar especulación; supervisión a los expendedores; reforzar el programa de verificación y Plan Centinela con la Diaco en expendios gas propano, centros de envasados, plantas de depósito y estaciones de servicio.
- Política monetaria, cambiaria, crediticia
Continuar apoyando el crecimiento económico en la medida en que la inflación lo permita. De ser necesario, el Banguat y la Superintendencia de Bancos, en materia de su competencia, evaluarían medidas adicionales de apoyo a la liquidez en moneda nacional como extranjera, así como de solvencia financiera. Esto, en caso de que las condiciones del entorno económico llegaran a deteriorarse, procurando mantener la disciplina fiscal.
- Cooperación internacional
Priorizar los proyectos de cooperación orientados a la inversión y generación de empleo en función de la evolución de los precios de los insumos más afectados y que tengan incidencia importante en la actividad productiva del país y en el bienestar de la población.
Además, en el caso de que la situación lo amerite, sería necesario decretar un estado calamidad pública.
- Otras acciones
Coordinar con el sector privado y otros, las acciones en materia económica y financiera que faciliten la implementación de Programa Nacional de Emergencia. Convocarlos para que colaboren con la estrategia de mejorar los precios y evitar la especulación. Reforzar los procesos de comunicación que permitan a la población conocer los programas que están implementando.
Financiamiento
Los subsidios son cubiertos con saldos de la disponibilidad de caja que tenía el gobierno para este año, mientras que otras medidas se estarán ejecutando con otras fuentes de financiamiento.
Al respecto el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, indicó que los Q12 mil 800 millones de los saldos de caja ya se agotaron, pues con ese dinero se sufragan los apoyos temporales (subsidios por alrededor de Q2 mil 500 millones), y estipendios a sectores más vulnerables del sector agrícola, además de Q3 mil 200 millones de la Ley de Infraestructura aprobada por el Congreso, entre otras medidas.
Indicó que no se han tocado los fondos del presupuesto por lo que se mantienen los indicadores originales de deuda, déficit y otros. Además, no tienen contemplado solicitar nuevos préstamos al Congreso y se han efectuado los análisis correspondientes para que, con readecuaciones y contención del gasto, se pueda seguir financiando el plan de emergencia y los apoyos necesarios para finalizar el año.
Para ejecutar el plan se ha creado una Comisión Ejecutiva de alto nivel que se integra con 10 entidades encabezada por la Presidencia de la República y un comité de crisis con nueve entidades.
