Se agrega que en conjunto esos municipios representan el 41.4% de pérdidas totales de la empresa en esos rubros.
La energía equivale al consumo de un año del departamento de Petén, en donde se atiende a 84 mil 728 clientes, ejemplifica la compañía.
En el primero y segundo lugar resultan los municipios de Morales (Izabal) y Nueva Concepción (Escuintla) con cifras muy similares de alrededor de Q15.4 millones en cada uno.
Le siguen Malacatán y Tecún Umán en San Marcos. Sayaxché (Petén) aparece en el quinto lugar, seguido de San Andrés en Retalhuleu y San Pablo que se ubica también en San Marcos.
El listado incluye también municipios de los departamentos de Zacapa, Jutiapa, Jalapa, Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango y Alta Verapaz según la recopilación de información de Energuate.
Según Dimas Carranza, gerente de regulación y tarifas de Energuate, los datos de pérdidas son variables cada año, pero que en promedio son de US$50 millones (Q373.5 millones) de los cuales US$28 millones al año son por robo de energía eléctrica y aparte US$22 millones que agrupaciones cobra a nombre de la empresa.
Carranza dijo que en el tema de conflictividad social es necesario enfocarse en tres pilares importantes al mencionar las acciones que debería implementar el Estado y donde deben tener participación los tres órganos como Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Desde el Congreso es necesario que aprueben la regulación del cobro de alumbrado público y la penalización de robo de energía, indicó.
Otro tema expuesto por dicho ejecutivo es la necesidad de una ley que castigue el robo de energía eléctrica de manera directa ya que en la actualidad está tipificado el hurto de fluidos eléctricos con penas conmutables que van entre Q1 mil y Q14 mil.
“Necesitamos que la justicia dé la señal necesaria para evitar el robo de energía eléctrica y que tenga una pena de cárcel”.
En el caso del Congreso tiene en sus manos la posibilidad de regular el cobro de la tasa de alumbrado público. Aunque este servicio ha variado y han cambiado los montos que se cobran a los usuarios, sigue siendo necesaria una ley de alumbrado público para que distribuya los costos en forma equitativa y justa a todos los vecinos en los municipios opinó el gerente de regulación y tarifas de Energuate.
La tasa de alumbrado público se aprueba por el concejo de cada municipalidad y luego se incluye dentro de los cobros en la factura mensual de energía de cada usuario.
Por parte del Ejecutivo debe dar garantías de seguridad, comentó Carranza. Explicó que les han retenido a trabajadores de la empresa pero que al pedir apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) los agentes también son afectados y son retenidos por lo que incluso se ha tenido que contratar seguridad privada para rescatar al personal.
Además, explica que está la necesidad de que los órganos de justicia también den seguimiento a los casos, indicó que la firma ha presentado más de mil denuncias al Ministerio Público, pero solo una pequeña cantidad han tenido órdenes de detención y se han ejecutado, también pocas se han ligado a proceso.
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