Y citó como ejemplo que en Guatemala ya se han tomado decisiones de esa magnitud, al cambiar el paradigma de los sectores energético y de telecomunicaciones.
“Hoy se está en otro nivel por el cambio de esos dos rubros, pues hubo la determinación de crear institucionalidad y un marco nuevo. En el caso de infraestructura, el modelo está agotado y esa es la expresión que nosotros queremos usar”, remarcó.
Sobre la iniciativa de Ley de Infraestructura Vial que está en el Congreso, aseguró que es muy sensata, pues se basa en un modelo que permite un mejor control, le da más responsabilidad a quien está realizando la obra (no solamente de crearla y diseñarla, sino mantenerla) y asignarle los recursos para darle el seguimiento a los indicadores, entre otros aspectos.
De los ejes que plantea el sector privado organizado el número uno es “un cambio de modelo, por lo que urge promover la aprobación de la Ley de Infraestructura”, un proyecto que puede ser perfectible, según Hermann Girón, presidente del Cacif. “Esta iniciativa puede dar la oportunidad de desarrollar más de US$6 mil millones (Q46 mil millones) de inversión en Guatemala para los siguientes años”, destacó.
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Recientemente, Prensa Libre publicó una serie de reportajes denominada Conectividad Rota, que evidenció el estado actual de la red vial del país y los diversos problemas que ello ocasiona a la población.
Otros ejes del modelo
Ardón destacó que una manera de ejercer mayores controles y fiscalización es que el Congreso apruebe las liquidaciones de los presupuestos del año anterior (del gobierno central, entidades autónomas, descentralizadas y municipalidades), como una herramienta para decir: “no nos gusta esto y esto es lo que está sucediendo”, lo que no es una ocurrencia, sino un mandato constitucional.
Al respecto, el Observatorio del Presupuesto estará insistiendo en la aprobación de la liquidación anual del plan de gasto.
Otro tema es que para las obras que están en abandono y sin mantenimiento debido a que son sujeto de litigios judiciales, se pueda crear una normativa que permita intervenir en ellas (sin que los casos dejen de judicializarse), porque eso beneficiaría a las comunidades y a quienes pasan por esos tramos.
Esto pasaría por un diálogo con la Corte Suprema de Justicia y el mismo Congreso, “porque ahora no se puede hacer nada y todo lo vinculado a un litigio, está sin mantenimiento y debe haber una salida legal, sin comprometer los procesos”.
Recordó que hay importantes proyectos que están detenidos por el motivo indicado, sobre todo en la Costa Sur, como los tramos Retalhuleu-Escuintla y hasta la frontera con El Salvador.
Retomar planes
Ardón precisó que ya hay un Plan de Desarrollo Vial, que señala en dónde se deben invertir los recursos, cuánto y por qué, de manera que se puede contrastar con lo que se está aprobando cada año, pues eso tendría una lógica de inversión.
También se plantea un trabajo a nivel local, para que las comunidades afectadas tengan la posibilidad de fiscalizar las obras, con un acompañamiento técnico. “Los actores locales que quieran hacer alianzas, podrían tener información y la capacitación del caso, para que haya un marcaje personal en los proyectos”.
Finalmente, propiciar una política de Recursos Humanos en la Dirección General de Caminos, que es el ente rector, en cuanto a diseño, análisis, producción técnica y ejecución, pues la ley actual de Servicio Civil y su clasificación es muy antigua y no permite remunerar a los ingenieros de una mejor manera, lo que puede influir en el recurso humano y repercutir en la calidad de las obras.
Semáforo de medición
En la presentación, Girón resaltó la creación de un semáforo para medir los avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura y así, conocer los planes y las prioridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). La metodología consiste en un Rango de Control de Calidad, que es el parámetro base, para que el análisis de la ejecución presupuestaria sea numérico y con base en la información contable.
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Otro que será el cálculo del Rango de Control de Calidad, que se integraría sumando el 10% sobre la ejecución ideal para definir el límite superior y restando el 10% para definir el límite inferior del rango. Las interpretaciones de las ejecuciones presupuestarias en porcentajes, derivadas del rango de control de calidad son: sobre ejecución (lo que se encuentra arriba del límite superior); ejecución normal (dentro del rango); deficiente (por debajo del rango); y preocupante (con cero porcentaje de ejecución).
Cada trimestre, el límite superior sería arriba de 36.67%; ejecución ideal, 33.33%; y ejecución inferior, 30%, según el diseño de la metodología.
