Informó que el lunes pasado se llevó a cabo una reunión entre López Obrador y el equipo encargado del proyecto del Tren Maya, liderado por el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.
“El objetivo fue acordar el modelo financiero que seguirá el Tren Maya, con estricto apego a la ley”, apuntó el texto.
Entre lo acordado destaca este esquema de “inversión mixta” con el que se busca desarrollar este proyecto que, en unos cuatro años, habrá de conectar por ferrocarril 1.500 kilómetros de cinco estados del sureste: Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán.
Las empresas adjudicatarias de los contratos de inversión mixta serán responsables de la ingeniería de detalle y de la construcción de las vías férreas o del diseño y fabricación de los trenes, según sea el caso, y de su puesta en operación.
Además, serán responsables de su “mantenimiento óptimo” por un plazo de 30 años desde el inicio de operaciones.
“Las bases de las licitaciones serán abiertas, con el fin de propiciar el mayor número de participantes”, puntualizó el comunicado.
Sectur resaltó la importancia del “apego a la ley”, tanto por el respeto al medioambiente como a las comunidades en la zona de influencia del Tren Maya.
Para tal fin, se elaborarán Manifestaciones de Impacto Ambiental y, una vez que se obtengan los resultados de los estudios, se aplicarán “las medidas de contención y mitigación” correspondientes.
“Asimismo, el Tren Maya realizará las consultas a los pueblos originarios con apego a la ley y en completa observancia del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas”, concluyó.
Se espera que para 2022 entre en operaciones el icónico Tren Maya -una obra valorada en unos 150 mil millones de pesos (unos US$7 mil 772 millones)-, poniendo fin a más una década de intentos por parte de otros Gobiernos de detonar el crecimiento en el sur de México.
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