En ese contexto, también las comisiones deberán emitir una opinión, relacionada a la Política Nacional de Salario, que presentó el Ministerio de Trabajo (Mintrab) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin embargo, todo apunta en que el proceso se llevará a cabo sin estas recomendaciones.
El mismo procedimiento corresponderá a la Comisión Nacional del Salario (CNS), cuando entre a deliberar y se tiene hasta diciembre para emitir su posición.
Este año el presidente Jimmy Morales no otorgó aumento salarial, por lo que el pliego es igual al 2018 y la inflación se ubicó en julio en 4.37%.
El pago diario es de Q90.16 y el salario total es de Q2 mil 992.37, para las actividades agrícolas y no agrícolas; mientras que para la maquila y la exportación es de Q82.46, con ingreso total de Q2 mil 758.16, en ambos totales se incluye la bonificación de ley de Q250.
Compensación
Adolfo Lacs Palomo, representante de la Federación de Empleados Bancarios y de Seguros, explicó que el porcentaje que estarán requiriendo es para cubrir lo que en este año no se otorgó y lo que se deberá atender en el 2020.
“Lo ideal del ajuste es del 10 al 20% para cubrir estos dos años y por ahí estará la propuesta de las comisiones paritarias. La lógica nos indica que debe haber un incremento”, enfatizó el representante sindical, quien reiteró que el monto aún está en estudio por parte de los delegados.
Lo que sí adelantó es que la propuesta de los trabajadores será unificada, es decir, un mismo monto para las actividades del campo, comercio y maquila.
Lacs dijo que se tomará como base el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que a julio último se ubicó en Q3 mil 597.03, por un costo diario de Q119.90 y ese sería el planteamiento.
Personal de los Institutos Nacional de Estadística y Guatemalteco de Seguridad Social, así como la Junta Monetaria, han presentado informes sobre el mercado laboral y la situación económica.
Estudio de política
Edith Flores de Molina, representante del sector empleador en la CNS, aseveró que, por su lado, está en análisis la Política Nacional de Salarios, que abarca lineamientos como el mercado laboral, la tecnificación de la mano de obra y la fijación de salarios multianuales (de dos, tres años y hasta cuatro años con revisión cada determinado tiempo) como ocurre en otros países de la región Centroamericana.
También incluye la productividad, la economía informal y el mercado informal, en especial al sector de los jóvenes.
Explicó que la política es un documento tripartito por trabajadores, empleadores y autoridades del Mintrab, que en lo profundo plantea que se busque diálogo y consensos en la fijación de la paga mínima.
“No hay una propuesta específica del sector privado y lo que se ha dicho es que se tomen en cuentan aspectos que se han considerado en los últimos años, que es el crecimiento de la economía”, destacó Flores de Molina.
Además, que se considere el crecimiento de las actividades productivas (las once que mide el PIB), pero por el momento no se ha definido una posición en el marco de la política.
En todo caso, si no se define alguna posición, el procedimiento se realizará como en años anteriores (que el presidente decreta a inicios de año).
Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), indicó que la propuesta de ese sector será un ajuste con base a la fórmula que recomendó la OIT.
Esta consiste en la inflación esperada (aumento de precios en la economía), más productividad, más crecimiento económico y crecimiento poblacional, para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo.
Según los cálculos de Vestex, el ajuste salarial sería entre 3.2% a 4.2%, con la fórmula.
Transición
Ambos delegados reconocieron la voluntad de alcanzar acuerdos en la CNS, ahora que se está en la fase de transición política.
“Lo ideal es alcanzar puntos de flexibilidad y lograr acuerdos mutuos”, enfatizó Lacs Palomo, pero dependerá de las propuestas económica.
Flores de Molina agregó que en ese sentido esperan lograr ese consenso con el sector trabajador.
En todo caso, si no hay acuerdo, el expediente se eleva a decreto presidencial, para que la decisión sea abordada por las actuales autoridades y que se realice, consultas a los sectores.
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