Las primeras cinco sugerencias consisten en: establecer de forma clara las prácticas monopólicas absolutas y relativas; crear una Superintendencia de Competencia; disminuir la cantidad de excepciones; incluir al sistema judicial del país en la normativa; y crear obligaciones en cuanto a transparencia y rendición de cuentas.
La presión y la voluntad política del avance de la norma está en los diputados y se espera una discusión técnica, profunda y seria, ya que Guatemala es uno de los países que no cuenta con una normativa que regule la competencia, lo que es una deuda pendiente para el cumplimento de los Tratados de Libre Comercio suscritos, entre otros acuerdos.
Primeras sugerencias
A la pregunta ¿qué debería incluir o reforzar la iniciativa de Ley de Competencia que se discutirá en el Congreso?, Marcos Palma, presidente del Instituto de Derecho de la Competencia, declaró que en la parte sustantiva de la ley, se deben abordar las prácticas absolutas, sin defensas por eficiencia; y las prácticas relativas, contar con un listado más amplio para contemplar muchas conductas que son anticompetitivas y que en varios países ya se incluyen, sin limitarse al listado de cinco prácticas que están en el proyecto de ley. “O sea, prácticas absolutas por deficiencias y un listado más abierto”, destacó el directivo.
En la parte institucional, destacó que la autoridad en esta materia no debe estar adscrita al Ministerio de Economía (Mineco) como se plantea en el proyecto, sino que tiene que ser una autoridad independiente, debido a que al quedar bajo el resguardo del poder político y seguir sus instrucciones, se corre el riesgo de sesgos. “Si llega al poder un gobierno un poco a la izquierda, así como su ministro de Economía, se puede utilizar a la autoridad de competencia para perseguir a los empresarios”.
El otro aspecto es que, a su criterio, debe haber una independencia técnica e institucional, de manera que el director no sea nombrado o removido por el ministro de Economía.
En cuanto a las prácticas absolutas, explicó que consisten en que productor o distribuidor, no importando la presentación, se puede poner de acuerdo con otros para fijar precios, en perjuicio de los consumidores finales.
“Las prácticas absolutas son nocivas para la eficiencia económica, porque significan que el consumidor está pagando más de lo que debería, si hubiese condiciones de libre competencia, y eso equivale a que no existan acuerdos de precios”, subrayó.
Otras tres recomendaciones
Javier Nuñez, miembro del consejo consultivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), aseguró que la iniciativa tiene aspectos favorables, pues sigue un enfoque basado en la mejora del funcionamiento eficiente de los mercados, para bienestar de los consumidores.
También contiene facultades de investigación usuales, en materia de prácticas monopólicas y control de concentraciones económicas; propone la aplicación del principio de presunción de inocencia y contiene algunos procedimientos que permitirán la defensa de las empresas.
Sin embargo, el proyecto también tiene algunas debilidades y la primera es que el proyecto omite dotar, a la nueva autoridad, de la facultad de emitir opiniones y de desarrollar acciones de promoción de la competencia. “En otras jurisdicciones, un instrumento importante para promover mejores condiciones para la operación de los mercados es la capacidad de la autoridad de competencia de opinar respecto de leyes, ordenamientos y conductas desarrolladas por el propio Estado, en sus distintos niveles, que inhiben o distorsionan la competencia”.
Precisó que, en un país como Guatemala, que se encuentra bastante expuesto a la competencia internacional, un aspecto nodal para mejorar la operación de los mercados es mejorar la calidad de las políticas públicas, para lo cual es importante que la agencia de competencia actúe de manera proactiva, lo cual requiere de garantizar que la nueva autoridad tendrá suficiente autonomía técnica y operativa y que sus decisiones estarán aisladas de consideraciones políticas.
La segunda debilidad es que el proyecto considera un periodo de vacatio legis de únicamente 15 días, el que resulta insuficiente para realizar las adecuaciones institucionales necesarias para iniciar la operación del sistema. Esto incluye la preparación del personal mínimo que operará la nueva agencia, así como al Poder Judicial, (Organismo Judicial) que debería ser el encargado de determinar, en última instancia, la legalidad de las actuaciones en materia de competencia.
En tercer lugar, en relación con las llamadas prácticas monopólicas absolutas, señaló que el proyecto considera permitir la defensa por eficiencia solo de manera excepcional; es decir que prevalecería un enfoque de ilegalidad per se. “Esta idea omite que, en el mundo económico actual, son múltiples los ámbitos de colaboración entre agentes económicos que generan resultados beneficiosos en los mercados”.
Por último, a su criterio, el proyecto es muy general respecto de las obligaciones de transparencia y la rendición de cuentas. “En el mundo de la política de competencia actual, lo común es que las agencias sean transparentes en sus deliberaciones y decisiones, y que los efectos o beneficios de sus actuaciones sean analizados y cuantificados, a fin de identificar su utilidad social”.
Lo anterior, según Nuñez debe ser complementado con un compromiso institucional para elaborar guías y lineamientos que den certidumbre a los agentes económicos. “Es necesario discutir estos aspectos y otros más, que podrían ayudar a contar con un instrumento de política pública de utilidad. De esta manera, puede lograrse que efectivamente los mercados guatemaltecos puedan mejorar en su funcionamiento”, enfatizó el representante del ICE.
Por otro lado, el doctor en Economía, Fritz Thomas, expuso que no hay una Ley de Competencia ideal, pero se requerirían al menos estos cambios en el proyecto de ley: el primero es que debe contemplar, hasta qué punto contribuyen a crear un poder monopólico, todas las barreras institucionales, legales, regulatorias y requisitos, que no son de las propias empresas.
El segundo aspecto, es que todo lo relacionado con la ley, debe dilucidarse en los tribunales y juzgados con competencia. “Si yo voy a acusar que se están llevando a cabo prácticas ilegales contra el competidor, debo poder llevar el caso a un tribunal. En algunos casos se pueden manejar los problemas de manera administrativa, pero no todo”, remarcó Thomas.
Guardar la institucionalidad
El aspecto que más destacaron los especialistas fue la institucionalidad de la autoridad de competencia, pues se plantea como una Dirección de Competencia, por lo que sugieren que se cree un ente como las superintendencias de Bancos, de Administración Tributaria y la de Telecomunicaciones.
O bien, que se trate de una entidad desconcentrada, como opera y está integrada la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que está dentro de la estructura operativa de un ministerio, pero funciona de manera autónoma.
En la iniciativa de Competencia 5074, que tenía dictamen favorable de la Comisión de Economía del Congreso, ya se había considerado la creación de una Superintendencia de Competencia, que es un modelo un poco más autónomo.
Y otro punto a tratar y revisar es el de las excepciones a la aplicación de la ley, de manera que no sean tan amplias como se establece en la propuesta.
Todas estas discusiones y otras que puedan surgir se tendrán que llevar a cabo en el Legislativo, pero lo más importante es que se busca la eficiencia económica y el beneficio al consumidor como principio, coincidieron.
Sin posición oficial
En reiteradas ocasiones, Prensa Libre solicitó la opinión del ministerio de Economía o alguno de sus viceministros, sobre las críticas y sugerencias de los especialistas, pero por medio del área de Comunicación Social, se indicó que el titular de la cartera, Janio Moacyr Rosales Alegría, se encontraba de viaje. Y aunque se envió una serie de preguntas por escrito, tampoco se obtuvo respuesta.
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Con información y aportes de:
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y José Luis Moreira, economista del Consejo Nacional Empresarial (CNE).
