Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala (que es parte del Convía), conversó con Prensa Libre sobre la posibilidad de que el inicio de las obras continúe detenido, debido a que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), como entidad contratante, no termina de aprobar el informe que se ha presentado en tres ocasiones, lo que es requisito indispensable para continuar con la ejecución del proyecto.
¿Cuáles son los antecedentes de los rechazos al EDI por el CIV?
Esta es la tercera ocasión en que se imprueba y se emiten recomendaciones para “mejorar” la propuesta. El proyecto inicial que se presentó hace cinco años, especificaba que se trataba de una obra que utilizaría concreto. Eso iba de acuerdo con los análisis técnicos y financieros.
Derivado de ciertos contextos y tras varias discusiones con las autoridades, se nos pidió que se reconfigurara todo, para presentar un proyecto en asfalto. Entonces, el EDI llegó en esos términos. O sea que nosotros accedimos a modificar las especificaciones y realizar todas las readecuaciones para trabajar con asfalto. Eso es precisamente la que entregamos el pasado 6 de octubre.
¿Cómo fue ese proceso?
Fue un proceso intenso que vivimos en coordinación con el CIV porque en mayo, cuando recibimos la solicitud de trabajar con base en asfalto, se nos daban cuatro meses para actualizar los estudios de ingeniería. Se armaron 10 mesas de trabajo para preparar todo lo concerniente a los temas hidráulico, sistemas, costos, estructuras, derechos de vía, entre otros, según lo demanda el anexo II -del contrato- que es la directriz contractual que marca lo que debemos entregar al ente público.
Por tanto, en lo que entregamos el 6 de octubre, trabajaron responsables de la parte técnica del CIV y de la Dirección General de Caminos (DGC), aparte de nuestro equipo de trabajo, respaldados por tres empresas y un grupo de ingenieros, lo que formaba un grupo de aproximadamente 60 profesionales.
Entonces ¿qué pasó?
Se fortalece nuestra premisa en el sentido de que los conceptos y todo lo que se trabajó en esas mesas estaba validado, precalificado, previsto, pre consensuado y, sobre todo, pensando en que para la DGC se trata de su primer proyecto de APP (alianza público-privada) y la transmisión del riesgo de la ejecución no recae de una manera formal en los funcionarios porque no hay un riesgo de inversión pública. Lo que tiene que hacer el gobierno es vigilar que se cumpla con lo que dice el contrato, lo que establece el anexo II y la seguridad del usuario.
Entonces, creemos que los temas pendientes se pueden consensuar y aclarar. Pero lo vemos más como un tema de voluntad, que de profundidad técnica.
¿Cuáles son las observaciones específicas?
Por ejemplo, en temas hidráulicos, se nos solicitó hacer estudios de alto impacto en tiempos y de formas, mientras que hace cinco años, se hablaba de la reconfiguración del puente el Naranjo. En la parte de estructuras, se nos piden aclaraciones de ciertas referencias de topografía que al final de cuentas creemos que pueden ser solucionables, con una revisión puntual, porque no necesariamente afectan la propuesta técnica. Y hay muchas dudas sobre el derecho de vía. Esto porque no entregamos estudios geotécnicos que aún no están validados.
¿Existe el riesgo de que se anule el contrato?
Hay dos rutas importantes: lo que estaríamos buscando siempre es la conciliación con las autoridades porque creemos que mucho de lo que han objetado es de forma y no de fondo. En términos generales, la propuesta trae de 90% a 95% de asertividad y en la parte económica (inversión) hay una variación del 8% a 9%; es decir del 100% de la inversión, las observaciones afectan en ese porcentaje, lo que no es mucho.
Nosotros esperaríamos que no se llegue a ese extremo (la rescisión del contrato); pero es algo que tenemos contemplado, entendiendo que hemos apostado más de cinco años a este proyecto y vivido varios procesos que no están dentro de nuestro ámbito ni frontera de actuación.
O sea, existe la voluntad de seguir adelante con el proyecto, pero también tenemos un elemento ya visualizado y es el hecho de proceder bajo el ámbito legal y llevar el caso ante las instancias correspondientes.
¿Cuáles son esas instancias?
Un arbitraje. Hay que recordar que fue una licitación internacional y dentro de los parámetros desde la fase de licitación a la firma del contrato, se permite abarcar instancias locales y de ser necesario, elevar el tema a un contexto internacional. Si eso ocurre, se detonaría la visibilidad de país, la calificación de riesgo y de organismos financieros internacionales.
¿Hay un plazo para entregar otro EDI?
Estaríamos esperando a que se nos notifique formalmente (estamos enterados, pero no notificados). Eso debe ser a través de las instancias contractuales que corresponde o sea el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), por medio de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).
¿Qué procede tras la notificación oficial?
Eso depende mucho de lo que diga esa notificación, así que esperamos un tema de voluntad y conciliación porque al final de cuentas, todo es superable; no se compromete el contrato, la propuesta, la normativa ni la seguridad de nadie. Así que procederemos de acuerdo con lo que se nos marque y lo que nos permite el contrato.
