“La pobreza y la reducción de riesgo de desastres están vinculadas y se retroalimentan una a la otra, y por eso importante que se considere que una política para reducción de riesgo de desastres es una política para la reducción de la pobreza”, sentenció. Este es un extracto de la conversación.
¿Cuáles son las condiciones de Guatemala en aspectos de vulnerabilidad?
Es un país que tiene múltiples amenazas de origen hidrometereológico, tectónico y como en este caso con los volcanes, y tienen una historia bastante larga de impacto de distintos tipos de desastre.
La forma como se establece el nivel de vulnerabilidad, por ejemplo, es acerca de cómo están establecidas las distintas poblaciones y ordenadas en el territorio o construidas las viviendas, además de cómo están y dónde se ubican los activos nacionales, bajo ese concepto entonces realmente Guatemala tiene componentes que lo hace un país que tiene múltiples amenazas y las enfrenta.
¿Qué significa esa vulnerabilidad para el país?
Se tiene una estimación de lo que en términos económicos significa para Guatemala esa vulnerabilidad y esas múltiples amenazas que enfrenta, el dato se estableció con modelos probabilísticos de riesgo. En base a lo que ha ocurrido en el pasado y de la posible recurrencia en el futuro el país necesitaría mantener activos suficientes para poder enfrentarlas de alrededor de US$800 millones (unos Q5 mil 930 millones).
Si se pone en términos relativos, equivalen a cerca de un 20% de lo que Guatemala invierte en términos de gastos sociales básicos.
¿Cómo llevar un proceso de resiliencia?
Guatemala ha decidido implementar un compromiso global. Hay países que se han comprometido a reducir el número de pérdidas tanto de vidas como económicas, entre otros temas, con metas al 2030, para lograrlo, uno de los temas centrales que se plantean los países es el de desarrollar planes nacionales para reducción de riesgo de desastres.
En la actualidad la iniciativa de liderar la formulación un plan nacional la tiene la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres (Conred) y hace dos semanas lanzó el plan nacional en las cuales están descentralizando las acciones de respuesta a nivel nacional y departamental, pero es necesario ponerla en práctica, financiarla y llevarla a cabo.
¿Qué contempla ese plan?
Contempla escenarios como los que se han tenido que vivir, y que permitan no solo las acciones de respuesta, sino que se integren otros actores para el logro de la resiliencia.
No solo va a depender de un sector como la Conred, sino que depende de muchos factores, sectores y ministerios que tienen que ver con las políticas de desarrollo. El riesgo y la vulnerabilidad en nuestros países de la región están muy asociados con la pobreza. Si las políticas de desarrollo no consideran o no integran la reducción de riesgo de desastres no es probable que se pueda lograr la resiliencia en el largo plazo.
Este vínculo entre desastres y de desarrollo denota que es importante la reducción de riesgo de desastres para superar la pobreza.
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¿En los índices internacionales cómo está evaluada Guatemala?
Existe el Informe Global de Valoración de Evaluación de Riesgo de Desastres, el cual tiene algunos indicadores que nos permiten establecer cuáles son las vulnerabilidades que enfrentan los países, por ejemplo en términos económicos y cuánto un país está sujeto a perder anualmente por efecto de estas multiamenazas que enfrentan. Y que esa información sirva para la toma de decisiones. Los indicadores se estiman a través de la aplicación de elementos de conocimiento de los modelos de riesgo, que se han desarrollado los últimos diez años.
Guatemala está entre los 20 países, según el estudio del 2015, que tienen el mayor porcentaje de población expuesta a la ceniza volcánica, no es un problema nuevo en muchos países, incluyendo Guatemala, que ya tiene un registro histórico desde el siglo XVI. Realmente debería llamar a una acción conjunta y que no solo dependa de un sector como la Conred, que está bien organizado y que está atendiendo, dando respuesta, y que está tomando iniciativa para que la reducción de desastre sea una política nacional, sino que también involucra otros sectores para integrar políticas de comunicaciones, de salud, de educación, de transporte, y de los gobiernos locales para hacer más resiliente a Guatemala.
En la tragedia del domingo se cuestionaba que no se emitió una alerta a tiempo para evacuar a la población. ¿Esa puede ser una de las faltas en el sistema de Guatemala?
Existe un monitoreo permanente de volcanes y está siendo aplicada por los países, inclusive en el caso de Guatemala, para poder determinar la eventualidad de una erupción.
El tema está en que uno siempre tiene que vincular los desarrollos que pueda alentar esta medición, las medidas y el conocimiento que la población pueda tener para este tipo de amenazas.
Es una combinación de varios temas, la ciencia y la información están ahí, pero insisto que es necesario un conjunto de actores coordinadamente para lograr este tipo de reducción del riesgo, que las alertas realmente se conviertan en medidas efectivas de evacuación, conocimientos de gobiernos locales, de la población que puedan identificar señales de peligros y una constatación basada en la experiencia previa.
Involucra muchos actores no solo para tomar medidas efectivas de evacuación sino de planificación territorial, que se tomen en cuenta este tipo de amenazas.
Hay cierta visión de que lo malo no va a ocurrir, pero en el caso en que uno está enfrentando amenazas naturales tiene que ponerse en situaciones que pueden ocurrir y que van a ocurrir.
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¿Qué se ha hecho mal para la prevención que constantemente se repiten resultados de tragedias?
No necesariamente significa que las tragedias se repiten, sino que ocurren en un contexto donde hay crecimiento poblacional, donde no hay muchas veces una planificación del uso de territorio, y eso provoca que donde había o ha habido en el pasado riesgos que no fueron tragedias, hoy en día lo son porque hay ese tipo de fenómenos que están alrededor del desarrollo mismo de los países que no ha sido bien encausado.
Nuestra región tiene 90% de población viviendo en ciudades y en este caso con zonas con mayor exposición, que no tienen en cuenta este tipo de amenazas, que no han sido registradas o que no forman parte de la memoria histórica.
Los desastres ocurren y van a seguir ocurriendo. El tema es que nosotros debemos de tener en cuenta este registro -histórico- y tomar medidas para implementar las políticas locales y que hagan una población sensible de que viven en medio de situaciones que pueden originar desastres si no se integran día a día.
¿Qué hay que empezar a hacer bien para una efectiva prevención?
Un tema central es que no depende de un solo sector, sino de varios factores de desarrollo. Los ministerios que tienen decisiones que tomar entre sus propias políticas sectoriales para ser más resiliente a la inversión pública, para la infraestructura, pero también un rol importante de los gobiernos locales. El ordenamiento territorial a nivel local lo cual interviene directamente los municipios, estas decisiones dependen también de la integración de los municipios en ese tipo de políticas.
Además, el conocimiento del riesgo, es decir en conocer que ha sucedido en el pasado, no es posible que se tomen decisiones si no se conoce al pasado y amenaza a lo que uno está expuesto.
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Es importante el registro histórico de lo que ocurrió en el pasado que nos permita determinar cuáles son las amenazas, qué tipo de recurrencia y a partir de esa información construir herramientas más sofisticadas que nos pueda ayudar a identificar que puede ocurrir y con qué frecuencia.
Guatemala ha dado pasos importantes en dar inicio a este tipo de acciones de desarrollo a través de un plan nacional, pero es importante integrar datos de qué ha ocurrido en el pasado como la construcción de estas bases de datos y transmitir también este conocimiento a la población que puede estar sufriendo todo este tipo de amenazas.
¿Cuál es el camino que se debe seguir para tener una política nacional real de prevención y eficiente?
Una política para que sea eficiente tiene que tener un compromiso, responsable de la ejecución, un presupuesto asociado, un mecanismo de indicadores que permitan medir ese avance, el plan nacional que Guatemala lanzó hace dos semanas avanza en esa línea; es decir, la identificación de qué entidades del país son las responsabilidades que cada sector va a tomar para la implementación y ahora toca a Guatemala avanzar.
Es importante señalar que la iniciativa de la Ley Nacional para reducción de riesgo de desastres debe tener también una visión que mueve más allá de la ley existente que se centra en una ley de protección civil. La nueva ley que Guatemala ha puesto en discusión en el Congreso que busca ampliar el concepto de qué son los desastres y qué se considera como una acción contra los desastres con un criterio más amplio más allá de solo la respuesta, sino como acciones que se puedan tomar para reducir el riesgo de lo que ocurra y que involucra la acción de muchos actores.
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