Por años buscamos contar con leyes enfocadas en herramientas de financiamiento, disminución de la burocracia en las instituciones públicas, así como normativas que permitan la continuidad de las empresas deudoras, entre otras. Durante el 2021 y 2022, se aprobó un paquete de leyes, entre ellas: la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, también conocida como Ley Antitrámites; Ley de Leasing; Ley de Insolvencia; la Reforma a la Ley de Zonas Francas; así como otras que permiten abrir oportunidades en la formalización de empresas o, por qué no decirlo, el crecimiento de estas. Pero ¿cómo beneficia eso a la competitividad del país?
Por ejemplo, la Ley Antitrámites busca disminuir la burocracia y fomenta la eficacia y eficiencia de las instituciones del Organismo Ejecutivo, a través de su modernización. La reducción de costos se puede aplicar tanto en el sector privado, como en el público. Simplificar un trámite, ya sea porque se unifican pasos o requisitos o se eliminan aquellos que no agregan valor al procedimiento, permite al gobierno eficientizar el uso del tiempo del personal, así como los recursos físicos.
Con la inclusión de tecnología en los trámites administrativos puede disminuirse, o se espera eliminar, el rechazo o previos por errores humanos en el ingreso de una solicitud. Esta normativa, inspirada en buenas prácticas internacionales, brinda certeza jurídica a la tramitología, impulsa la reducción de los tiempos y costos relacionados a la gestión de estos y facilita la manera de hacer negocios en Guatemala.
Por otro lado, contamos con herramientas fortalecidas o nuevas para la atracción de inversión. La reforma a la Ley de Zonas Francas, aprobada en el año 2021, fue el resultado de trabajo técnico multisectorial público-privado. Esta permitió la apertura a 13 actividades que se pueden realizar dentro de un área extra aduanal delimitada, dentro de las cuales se incluyen aparatos electrónicos y productos cerámicos, que según el plan Guatemala No Se Detiene, son parte de los sectores que se buscan impactar con la implementación de sus 15 iniciativas priorizadas.
Además, se aprobó la Ley de Fomento de Inversión de Capital Extranjero, para aprovechar la tendencia de relocalización o nearshoring de empresas hacia Latinoamérica, a través de la implementación de un tratamiento especial para la inversión, garantizando la estabilidad jurídico-tributaria por un plazo determinado. Ambas herramientas se enfocan en la atracción de nuevas inversiones para generar más oportunidades de empleos formales, fortalecer la producción en el país e involucrarnos en nuevos mercados.
Otras leyes que no deben quedar fuera del radar, son aquellas que buscaron su aprobación en el Congreso de la República por casi 10 años. Con esto me refiero a la Ley de Insolvencia y la Ley de Leasing.
Con la primera, recordemos que la legislación relacionada a la quiebra e insolvencia en el país databa de 1963. La nueva normativa busca promover un régimen moderno, ordenado y ágil, basándose en la reorganización de personas, no solo jurídicas, sino también naturales, algo innovador en la materia. También pretende la recuperación total o parcial de los créditos reconocidos, priorizando la continuidad de las actividades del deudor, permitiendo así mantener la actividad empresarial y la continuidad de los empleos formales ya creados.
Por su parte, la Ley de Leasing, cuya última versión se presentó ante el pleno del Congreso en el año 2015, desde el inicio de su vigencia hasta hoy, ha presentado resultados positivos. De acuerdo con datos del Registro de Garantías Mobiliarias, la cantidad de inscripciones de leasing se ha quintuplicado entre el 2021 y 2023.
Estas son solo algunas de las leyes que integran el paquete legislativo que promueve la creación y continuidad de empleos formales, fortalecen la certeza jurídica y nos pone en la mira de los tomadores de decisiones para la localización de nuevas inversiones. Ahora, es trabajo de los funcionarios y los colaboradores del Estado, así como de todos nosotros como ciudadanos, dar seguimiento a la debida implementación de estas herramientas para asegurarnos que de cumplan con los objetivos trazados y beneficien a la economía del país.
María José Alcázar es asesora senior para el Fortalecimiento del Clima de Negocios del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) del Ministerio de Economía de Guatemala.
