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Entidades estatales verifican compras a presuntas empresas falsas, tras denuncia de la SAT
La Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Comisión Nacional contra la Corrupción actuarán desde el marco de su competencia.
Entes explican que acciones implementarán por denuncia de red de defraudación que incluye empresas que venden al Estado. (Foto, Prensa Libre: Freepik).
El 14 de agosto pasado, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, (SAT) Marco Livio Díaz, informó que se identificó a una estructura delictiva integrada por más de 400 empresas, la que habría cometido defraudación tributaria por más de Q300 millones.
Entre los indicios recabados, muchas de estas compañías tenían el mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice, aparte de que el 75% de estas empresas fueron constituidas por el mismo notario; los domicilios fiscales reportados no fueron localizados; y no fue posible evidenciar infraestructura para el desarrollo de sus actividades, con alteración de documentos para registros y declaraciones ante la SAT.
Tras la presentación de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público (MP), este inició las diligencias del caso y ayer mismo se realizaron varios allanamientos en busca de documentación; la Comisión Nacional Contra la Corrupción indicó que se dará acompañamiento para reforzar procesos y controles y de existir indicios de delitos, serán denunciados; en tanto que la Procuraduría General de la Nación (PGN) dijo que se apersonará como agraviado; y la Contraloría General de Cuentas (CGC) determinará el cumplimiento de las entidades auditadas.
“Esto es una alerta”
Atendiendo una consulta de Prensa Libre, la Comisión Nacional contra la Corrupción afirmó que se dará acompañamiento para orientar a las instituciones para que fortalezcan los procesos de compra y se refuercen los controles para prevenir que este tipo de hechos ocurra de nuevo.
“Lo expuesto por la SAT es un tema de defraudación fiscal, pero que definitivamente alerta al Estado sobre la necesidad de transparentar los procesos de contratación de proveedores y conocer a los beneficiarios finales de las adquisiciones públicas. Es inconcebible que fondos públicos sean pagados a empresas que, a través de la opacidad, pueden estar incurriendo en actividades ilícitas”, expresó Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión.
Consultado sobre si existen compras en curso de entidades del Organismo Ejecutivo a las empresas involucradas y cómo se procederá, explicó que las entidades se encuentran analizando la información y se ha empezado a identificar los procesos de compras que se relacionan con la estructura denunciada y se procederá a analizar el estado actual de cada adquisición para tomar las medidas correspondientes. “Para ello, la Comisión brindará el acompañamiento correspondiente para llevar a cabo las medidas administrativas y legales que sean necesarias”.
También se preguntó si la CNC emitirá alguna disposición para que entidades del Ejecutivo ya no compren a estas empresas, a lo que respondió que “en el corto plazo, es imprescindible revisar la información, determinar si existen irregularidades, corregir administrativamente y, de detectarse ilícitos, denunciarlos”.
Actualmente, la CNC trabaja en robustecer distintos procedimientos relacionados con el registro de proveedores del Estado y promover las reformas necesarias que permitan conocer a los beneficiarios finales de las empresas contratistas del Estado.
“Actualmente, el Estado no tiene el marco normativo suficiente para conocer a detalle a las empresas que le prestan servicios. Por la opacidad de estos procedimientos y sin identificar a los beneficiarios finales, es difícil rastrear y prever el uso indebido de fondos públicos. Para transparentar y fortalecer estos procesos es necesario realizar las reformas necesarias que permitan conocer a los beneficiarios finales. Además, esta práctica es un estándar que promueven diferentes organizaciones globales en materia de transparencia y competitividad”, agregó Flores en sus respuestas enviadas por escrito por la oficina de Comunicación Social de la CNC.
La PGN, como agraviada
La PGN informó que ya recibió la copia de la denuncia de defraudación tributaria y a criterio institucional, esta tiene sustento (conformada por más de 600 folios).
“En lo que corresponde al trabajo de la PGN, es apersonarse como agraviado. Los primeros que deben determinar qué sucedió con los procesos, son las autoridades de cada entidad involucrada donde existen estos hallazgos, pues tienen la obligación inmediata de denunciar”, dijo el procurador Julio Saavedra.
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Agregó que a la Procuraduría le tocará involucrarse como agraviado y hacer valer los derechos del Estado, dentro de las competencias que la institución tiene. “Esta denuncia pone a la estructura del Estado a trabajar en la investigación que debe desarrollarse. Este no es un trabajo improvisado, tiene suficiente sustento y alcance para señalar plenamente los indicios de los responsables”, comentó Saavedra, en sus respuestas por escrito brindadas por la oficina de Comunicación Social de la entidad.
Consultado si la PGN ya ha presentado denuncias o acciones legales contra alguna de estas empresas o entidades relacionadas a la estructura divulgada por la SAT, respondió que primero debe realizarse un análisis exhaustivo de los contratos, como tarea impostergable y eso depende de cada ministerio o entidad del Estado.
Eventualmente si se determina que están en incumplimiento, estas deben instruir a la PGN para que verifique si procede iniciar las demandas para terminar los contratos y frenar el ataque sistemático a los impuestos, según el Decreto 512 (que contiene la Ley Orgánica del MP y también rige la PGN).
“Luego, dentro del proceso penal, la PGN, en su papel de agraviado, deberá solicitar una reparación digna para el Estado”, se añadió.
Realizarán auditorías
La Subcontraloría de Calidad del Gasto Público de la CGC analiza por medio del Sistema Integral de Monitoreo la denuncia presentada por la SAT y realiza una Integración de Proveedores del Estado que permitirá determinar el cumplimiento a las entidades auditadas.
Además, tras las conclusiones de la información recabada, se practicarán auditorías que podrán revelar acciones legales y administrativas como sanciones, denuncias o formulaciones de cargos, informó la entidad. Las auditorías para el presente ejercicio fiscal se emitieron con una guía específica para compras directas y de baja cuantía.
En el Informe de Auditoría de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, la CGC presentó acciones legales y administrativas por más de Q8 mil millones por la adquisición de bienes y servicios y a la fecha se encuentran en proceso 670 auditorías presupuestarias y financieras y 255 exámenes especiales de auditoría que incluyen ejercicios fiscales anteriores, explicó la entidad también por medio de su oficina de prensa.
Consultada sobre lo que recomendará por las posibles compras en curso o pagos pendientes de entidades del Organismo Ejecutivo y otros entes estatales a esas empresas, la Contraloría indicó que eso es competencia del Ministerio de Finanzas Públicas, como órgano rector de los sistemas de adquisiciones del Estado y administrador del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), así como de la SAT, que aprueba el número de identificación tributaria (NIT) que es requisito indispensable para obtener el RGAE.
El jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, indicó el miércoles 14 de agosto que se solicitó información del caso a dicho registro, pero hasta ese día no les había sido entregada.
En horas de la tarde del viernes 16, el MP informó en sus redes sociales que inició la investigación por el caso de defraudación tributaria B410 “cuyas diligencias se realizan en seguimiento a la denuncia interpuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria, con el objetivo de recopilar indicios relacionados con la creación de empresas vinculadas con la simulación en la adquisición de servicios. La Fiscalía de Delitos Económicos lidera 7 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en las zonas 9, 7, 5 y 15 de la ciudad capital”, se añadió.
Empresas saldan adeudos
Luego de ser divulgado el denominado caso B410, el superintendente Marco Livio Díaz explica el caso de una empresa constructora que se acercó para rectificar sus declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA).
Dicha compañía tiene unos Q50 millones en facturas de la red descubierta y se estima que la rectificación del IVA será de Q12 millones, por lo que al sumarle las sanciones e intereses llegaría a Q25 millones, aparte de que tendrá que rectificar su impuesto sobre la renta (ISR), explicó.
El funcionario expuso que dentro las empresas que le han vendido al Estado, hay indicios de que algunos servicios o bienes no han sido entregados, ya que las empresas no tienen capacidad financiera, activos ni personal o no se han detectado proveedores de bienes que sustenten la venta que le hicieron al Estado.
“Tenemos evidencia de que hay ocasiones en que no prestaron el servicio o no le proveyeron al Estado y eso lo tiene que establecer la Contraloría de Cuentas, porque le vende una empresa que no tiene activos, que no había comprado el bien o servicio y como respaldo para el crédito fiscal y gasto, presenta otra factura del grupo (de empresas de la estructura) que no tiene sustento económico; y esta a su vez, tampoco pagó impuestos porque tiene otra factura de empresas del grupo”, explicó Díaz en un medio local.
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“El caso más paradigmático está con la PNC que tiene casi Q41 millones en compras; y de estos, Q37.7 millones en alimentos sin un proveedor reconocido. Para un monto tan grande debiera haber un importador, un distribuidor de granos básicos, de carnes… y en las compras no aparece ningún proveedor”.
El funcionario amplió que la denuncia presentada por la SAT es por posible defraudación tributaria y la Contraloría debe establecer quiénes son los funcionarios que autorizaron las compras, sobre todo las que se refiere a 9 proveedores directos del Estado, “que no tienen sustancia económica, ni indicios de que hayan comprado los bienes y servicios a prestar; tampoco tienen trabajadores, no tienen ni arrendaron la maquinaria, vendieron granos y carnes, pero no compraron eso, etc.”
En todo caso, indicó que las autoridades máximas de las entidades no tienen responsabilidad en los hechos, mientras que “el funcionario que paga a estos proveedores tampoco tenía forma de saber que había apropiación del IVA; ahí hay que investigar qué pasó y seguirle la huella al dinero, lo que le toca al MP”.
Por último, ejemplificó que en el caso de defraudación denominado La Línea, empezó por Q25 millones y había personal de la SAT involucrado. “En el actual no hay indicios de que personal de esa entidad esté involucrado y el monto inicial de posible defraudación es de Q300 millones, que podría llegar y superar los Q800 millones”.
Tres grupos detectados
La SAT explicó en la conferencia de prensa que en la investigación de la red de 410 empresas, se identificó a tres tipos de actores diferentes, y otros más están en investigación.
Se detectó a 9 contribuyentes de esta estructura que le venden de forma directa al Estado de Guatemala, y que según adjudicaciones en Guatecompras representan más de Q81.7 millones en el plazo de 2021 a 2023, y que no cuentan con la capacidad financiera, de activos y personal para proveer los servicios o bienes vendido.
Además, se confirmó que 16 empresas le vendieron al Estado más de Q4 mil 342 millones, pero que, estos contribuyentes también compraron a empresas de esta estructura más de Q375 millones en bienes o servicios como llantas, fletes, fresado en proyectos, subarrendamientos de excavadoras, logística para distribución de materiales, artículos de limpieza, entre otros. En este caso el fin era usar facturas de la estructura para evadir el IVA e ISR, según la SAT.
Dentro de la investigación la entidad identificó a 2 contribuyentes de esta estructura que venden bienes o servicios a 5 constructoras que son proveedoras del Estado. Se identificó en el plazo investigado que estos dos contribuyentes le vendieron Q64.8 millones a las constructoras. Y estas le han realizado ventas el gobierno por Q517.2 millones.
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