Este programa ya opera en México en dos modalidades.
Podrán ser tanto proyectos de infraestructura o algún proyecto productivo. La decisión estará en manos de la comunidad a la que se quiere beneficiar y del grupo de migrantes que aporten las remesas con ese fin.
La decisión no quedaría en las manos del Estado ya que la comunidad puede tener otras necesidades prioritarias diferentes a las que el Estado visualice dijo el ministro de Economía Acisclo Valladares Urruela.
Una comunidad puede necesitar un puente, pero otra puede necesitar una escuela, mencionó como ejemplo.
La intención es entregar en marzo la iniciativa de ley, se agregó. Sin embargo, el funcionario dijo que aún se deben afinar decisiones acerca de qué entidad sería la encargada de manejar el portafolio de proyectos y a la cual se les asignarían los fondos por parte del Estado.
Una de las ideas es crear un ente descentralizado, como el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) que depende del Ministerio de Economía, pero tiene su propio presupuesto y junta directiva.
Se afinan también detalles para el manejo de los recursos que se asignen a cada obra ya que podría ser por medio de un fideicomiso en donde participen entidades como el Mineco, el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Relaciones Exteriores ejemplificó el funcionario.
También se debe definir qué entidad de migrantes sería la institucional.
Aunque el funcionario consideró que no debe ser el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).
En México se trabaja por medio de comités organizados por cada grupo de migrantes, mencionó, sin embargo, la experiencia de dicho país es que son de manera informal, expuso el ministro.
Además, en el vecino país está a cargo de una entidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
¿Es viable?
Pedro Pablo Solares, consultor en migración de la iniciativa Puente Norte dijo que no conoce el plan que se busca impulsar en Guatemala y observa el problema que en varias ocasiones se anuncian proyectos o políticas para migrantes pero ya no se concretan por lo que ahora ve con cautela este anunció.
Mencionó que en México hay una modalidad de 2×1 en donde participa los migrantes y el aporte del Estado y el 3×1 donde se agrega la comunidad local en donde se efectuará el proyecto.
Luego de esa postura también hace ver que un programa de esta naturaleza requiere una enorme cantidad de fondos por parte del Estado para que otorgue los recursos que le corresponden.
El país recibió remesas por US$9 mil 287.7 millones (unos Q70 mil millones) en el 2018 y se prevé que supere los US$10 mil millones en el 2019, refirió Solares.
Expuso que según la Encuesta Nacional de Migración y Remesas del 2016 en Guatemala, efectuada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) del total se destinan para inversión social el 7%.
Atendiendo esos datos el Estado necesitaría tener disponibles para esos proyectos unos US$700 millones anuales para ese programa (Q5 mil 271 millones).
Otro aspecto que menciona Solares es la poca el efecto de esas políticas en Estados Unidos para los migrantes ya que hay poca percepción de los diferentes programas que existen.
Lo que ha sucedido es que el Gobierno no invierte en fuerte promoción de programas enfocados en migrantes como la atención en consulados móviles, pasaportes, DPI, o el voto en el extranjero, por temor en quedar desbordados en demanda respecto en la atención que pueden brindar, explica Solares.
Por aparte Úrsula Roldan, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y territoriales de la Universidad Rafael Landívar (URL) mencionó que conocen un proyecto que se ejecuta en Michoacán (México) y considera que es una propuesta que podría resultar positiva para las comunidades “pero se tiene que tener una institucionalidad muy creíble para los migrantes y que ellos participen en la elección de la obra y los términos de la contratación de las empresa que participen en la construcción de la obra con mecanismos transparentes, participativos y de resultados.
“Ahorita lo que hay en el ambiente es desconfianza hacia el Estado en los procesos de desarrollo para las comunidades” mencionó.
Además, el Estado deberá tener un a cargo de ese programa un gabinete o entidad que tenga peso como los ministerios.
Puede participar cada ministerio según el tipo de obra que se trate, además de tener la capacidad del presupuesto.
“Tienen que asegurarse que Estado aporte, sino solo terminarán aportando los migrantes y eso también generaría un gran problema”.
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