El observatorio fue presentado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), con el propósito de que sea un ente permanente, encargado de promover el respeto al derecho humano a la propiedad en Guatemala.
Según los datos presentados se evidencia que este derecho se vulnera de forma sistemática en el país, por lo tanto, se deben realizar los esfuerzos necesarios para fortalecer la protección al derecho humano de propiedad en Guatemala.
El atender estos casos de manera oportuna implicaría una mejoría en las oportunidades de crecimiento económico inclusivo y las oportunidades de desarrollo, una reducción de la conflictividad, una mayor atracción para la inversión, y el fortalecimiento del Estado de Derecho, dijo Nils Leporowski, presidente del Cacif.
Entre el 2013 y el 2021, el Ministerio Público ha reportado 19 mil 051 denuncias por delitos de usurpación, un aproximado de 2 mil 300 denuncias por año, desconociéndose cuántas de estas han avanzado a su fase de investigación o cuántas de ellas fueron resueltas.
En los primeros 70 días del año 2021, el Ministerio Público ha acumulado 550 denuncias sobre esta materia.
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En opinión de los directivos del Cacif existe un “subregistro” de casos de usurpación porque, en su momento, la Secretaría de Asuntos Agrarios (cesada en funciones en 2020), registró hasta el 2018 cerca de 60 mil hectáreas de tierra ocupada de forma irregular y, en promedio, reportaba aproximadamente 240 conflictos anuales derivados de dichas ocupaciones.
A nivel internacional, Guatemala ocupa el puesto número 89 de 129 en materia del Índice de Derechos de Propiedad calculado por la Property Rights Alliance con una calificación de 4.966 y un puesto número 13 a nivel latinoamericano y el Caribe.
El Observatorio de Derechos de Propiedad creará lazos de comunicación y apoyo con entidades clave del sector público y privado.
Por lo anterior, se firmaron los primeros convenios de cooperación con el Centro de Defensa a la Constitución -CEDECON-, el Ministerio Público -MP-, el Registro General de la Propiedad -RGP-, y el Segundo Registro de la Propiedad -SRP-.
Sin embargo, el objetivo a mediano plazo es agregar a más instituciones que tienen relación con el tema como el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Procuraduría de Derechos Humanos, Organismo Judicial, La Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala, entre otras.
Reacción de aliados del Observatorio de Derechos de la Propiedad
“También hemos sido objeto de amenazas; sin embargo, tenemos la confianza en las instituciones que se encargan de la investigación”, expresó Juan José Muñoz, registrador del Segundo Registro de la Propiedad.
“Para frenar el fenómeno migratorio, cualquiera de las soluciones pasan porque exista en Guatemala una garantía al respeto de la propiedad privada”, resaltó Stuardo Ralón, Presidente Cedecon.
“El derecho a la propiedad privada también es prioridad en la política de Gobierno 2020-2024. Es importante que sector público y privado, trabajen de manera coordinada para el desarrollo económico”, afirmó Luis Alfredo Pineda, Registrador General de la Propiedad.
“Reiteramos nuestro compromiso de combatir todos los delitos que afectan a la ciudadanía. El MP estará brindando una fiscalía especializada para dar la respuesta que espera la ciudadanía guatemalteca”, aseguró Consuelo Porras, Fiscal General.
