El informe de la organización se basa en entrevistas a más de 250 expertos en la materia, de 33 países, y expone de forma extensa diversas modalidades de cometer delitos financieros, actos de corrupción y blanqueo de capitales.
En el apartado sobre Guatemala, brinda un panorama “muy parecido al país: extenso, diverso y complejo”, aunque los ilícitos, con frecuencia involucran jurisdicciones de otros países como los EE. UU., México y los centroamericanos.
Principales hallazgos
Julia Yansura, gerente del referido Programa, explicó a Prensa Libre desde Washington, D.C., que, en el caso específico de Guatemala, se analizó cuáles delitos financieros están afectando al país, de dónde viene el dinero sucio y cómo este se mueve en la economía. Adicionalmente, se evalúo cuán efectivos son los esfuerzos nacionales antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).
“Uno de nuestros principales hallazgos fue que el país ha enfrentado importantes retrocesos en la lucha contra la corrupción en los últimos años. Hoy en día, Guatemala sufre altos niveles tanto de corrupción como de lavado de dinero. Ambos problemas están estrechamente relacionados de forma simbiótica: en algunos casos, el producto de la corrupción se lava; en otros casos, la corrupción facilita el blanqueo de ganancias ilícitas”, puntualizó Yansuram, minutos después de revelarse los resultados.
Acotó que, en la práctica, la corrupción también reduce la efectividad de las medidas ALD/CFT, creando diferentes reglas del juego “dependiendo de quién eres”.
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“Si bien las personas normales deben cumplir con numerosas reglas y trámites para llevar a cabo una transacción financiera o comercial, las reglas se vuelven más flexibles cuando se trata de gente poderosa y políticamente conectada que posiblemente presenta riesgos mucho mayores”, expresó.
Reiteró que en las estimaciones de las ganancias ilícitas ascienden entre US$1 mil 500 millones a US$3 mil 800 millones por año, y que, de esto, de US$1 mil 100 millones a US$2 mil 700 millones se blanquean en la economía guatemalteca.
Dominan el lavado y la corrupción
Al preguntarle sobre cuál es el diagrama de las tipologías –que es el estudio del patrón de comportamiento del delincuente–, Yansura, comentó que “de acuerdo con nuestra investigación, el lavado de dinero es el delito financiero predominante en Guatemala”. Le siguen la corrupción, el lavado de dinero a través del comercio, y el financiamiento del terrorismo.
“Lo que nos sorprendió de Guatemala fue la gran cantidad y variedad de métodos utilizados para lavar dinero. De nuestra encuesta a expertos, hallamos que el dinero se lava a través de instituciones financieras, partidos políticos, empresas fantasmas, construcción, proyectos de infraestructura, facturación fraudulenta, contrabando de efectivo a granel, supermercados, gasolineras e incluso iglesias. Claramente, la diversidad de métodos hace que los esfuerzos efectivos ALD/CFT sean más desafiantes”, puntualizó.
Al preguntarle ¿de dónde provienen estos fondos ilícitos?, Yansura respondió que, según su encuesta a expertos, las principales actividades generadoras de estos fondos incluían el narcotráfico y la corrupción.
Agregó que los facilitadores más importantes o “gatekeepers” utilizando el término empleado por GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional-, son operadores políticos, banqueros, abogados y notarios.
El estudio del GFI recoge una entrevista a un exinvestigador de la Cicig, quien comentó que “lavar dinero es fácil en Guatemala” y precisa que “la decisión del expresidente guatemalteco Jimmy Morales de expulsar a la CICIG del país en 2019, fue un gran revés para los esfuerzos anticorrupción del cual, el país aún no ha recuperado”.
“Se depositaron esperanzas en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), una unidad establecida para trabajar junto con la CICIG, para continuar tales investigaciones. Sin embargo, la destitución de su jefe, Juan Francisco Sandoval, es considerado por muchos como un tremendo golpe para los esfuerzos anticorrupción”, resalta el informe.
“Hay mucha lógica”
Marvin Flores, consultor de Acción Ciudadana (AC) reconoció que Guatemala ha avanzado en el tema de lavado de dinero en los últimos años y en el cumplimiento de las recomendaciones que brindan los organismos financieros internacionales.
Recordó que hace algunos años se aprobaron medidas sobre las acciones al portador, lo que es un avance, pero hay que seguir reforzando los controles, coordinación y supervisión por medio de la Superintendencia de Bancos (SIB) y su Intendencia de Verificación Especial (IVE).
“En Guatemala hay mucha economía informal o subterránea que permite mucho lavado y la relación que existe entre casos de corrupción y lavado, uno alimenta al otro, pues con el lavado se pueden mantener temas de corrupción y esta provoca debilidad en una serie de instituciones para controlar el blanqueo.
Cumplimientos
Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), afirmó que como organización, han llevado a cabo una serie de actividades relacionadas con el cumplimiento o compliance como se le conoce en las actividades de negocios, y se ha expresado que las autoridades regulatorias de EE.UU. le dan seguimiento a todas las operaciones financieras que se realizan.
Recordó que estas pasan por los Estados Unidos y en temas como la evasión fiscal, lavado de dinero, cumplimiento y anticorrupción, se han ido desarrollando cada vez mayores instrumentos y regulaciones para evitarlos o sancionar a los responsables de esas acciones.
Carrasco manifestó que las regulaciones son cada vez más sofisticadas en cuanto a los reportes que deben presentarse, así como las políticas anticorrupción, antilavado de dinero y normas fiscales. “A quienes están al margen de la ley, cada vez se les dificulta más y elevan sus riesgos al incurrir en este tipo de prácticas, porque el acceso a la información es mucho más amplio que anteriormente”, agregó.
En todo caso, dijo que se deben fortalecer los controles, pero sin generar una burocracia excesiva para las empresas que sí cumplen, y que se desincentive el uso de inscripciones formales para realizar actividades al margen de la ley.
Región centroamericana
El estudio de GFI analizó los bloques económicos de Latinoamérica y el Caribe, y concluyó en que la corrupción es el delito más prevalente.
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A escala centroamericana la corrupción encabeza los delitos financieros, seguida del lavado de dinero, blanqueo a través del comercio y financiamiento al terrorismo.
“Los principales canales que se están utilizando para mover ganancias ilícitas en Centroamérica incluyen instituciones financieras, comercio internacional (TBML), bienes raíces y estructuras corporativas, como empresas fantasma. Los principales facilitadores o “gatekeepers” son abogados y funcionarios gubernamentales corruptos. A nivel regional, las principales barreras para una respuesta ALD/CFT más efectiva fueron la falta de voluntad política y la ausencia de implementación de leyes y regulaciones que existen solo en el papel”, precisó.
Más controles
El GFI lanzó una advertencia a Guatemala sobre las nuevas figuras y esquemas que están surgiendo. “Algo que estamos observando de cerca es el papel que juegan las nuevas tecnologías, que tienen beneficios increíbles para la conveniencia, la velocidad e incluso la inclusión financiera.
Sin embargo, deben estar debidamente regulados, tanto para ALD/CFT como para la protección financiera del consumidor. Por eso es tan importante que países como Guatemala modernicen sus marcos legales; las Fintech ofrecen muchos beneficios cuando están bien reguladas”, precisó Yansura.
Una recomendación del GFI para Guatemala y otros países es implementar registros de beneficiarios finales o incorporar esos estándares en los registros mercantiles existentes. Este es un concepto técnico que esencialmente plantea la siguiente pregunta: ¿quién es la persona real detrás de esta empresa? Pero muchas veces, se sabe quién registró la empresa o quiénes son los abogados, pero no se tiene la idea de quién es el verdadero propietario.
“Una mayor transparencia respecto a la propiedad de la empresa es un primer paso para prevenir delitos financieros, incluida la corrupción y el lavado de capitales. Puede ser particularmente útil cuando se aplica a empresas que contratan con el Estado. Esperamos que países como Guatemala tomen medidas y adopten las mejores prácticas internacionales en materia de beneficiarios finales”, concluyó.
