Desde antes de 2020, el gobierno había enviado al Organismo Legislativo varias iniciativas de ley de las cuales, se han aprobado algunas como la Ley de Insolvencias, el 8 de febrero pasado, la que se venía conociendo desde el 2018.
El año anterior, se aprobó la Ley de Leasing, para que pequeñas y medianas empresas dispongan de nuevos mecanismos para arrendar con opción de compra, maquinaria y equipo de primera calidad. También las modificaciones a la Ley de Zonas Francas, para fortalecer el comercio exterior y la generación de empleos; y la de Simplificación de Trámites, cuyo objetivo es la facilitación de la gestión administrativa en las dependencias estatales.
Y por último, también fue avalado el contrato de la Alianza Público Privada (APP) que permitirá la rehabilitación y operación de la autopista Escuintla a Puerto Quetzal, con pago de peaje.
Las que están en espera
No obstante, aún están pendientes varios proyectos de ley que el sector empresarial considera de interés prioritario.
Una de ellas es la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial, que fue aprobada en segunda lectura en 2020 y pretende cambiar el modelo de construcción de carreteras. Esta normativa incluye la creación de la Superintendencia de Infraestructura Vial (SIVIAL), y que se encargaría de otorgar contratos a empresas para construir red vial, pero sin restarle autoridad al Ministerio de Comunicaciones.
Eso sí, desaparecería la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), mientras que la Dirección General de Caminos quedaría como dependencia encargada de atender las carreteras, en caso de emergencias.
La iniciativa 5157, Reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, es una de las más antiguas, ya que fue presentada por el Ejecutivo en septiembre del 2016 y aún se encuentra en fase de segunda lectura en el Congreso.
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De acuerdo con el sector bancario, la normativa permitiría responder y proteger a los ahorrantes, ante una crisis económica mundial, aparte de atender los requerimientos internacionales de contar con un mecanismo de protección para hacer frente a cualquier crisis global.
No obstante, algunos sectores consideran que sería una normativa “proteccionista”, ya que incluye un capítulo relacionado con el rescate financiero de bancos con problemas.
En cuanto a la Ley de Tarjetas de Crédito, ya había sido aprobado el Decreto 7-2015, consistente en un marco jurídico para las actividades relacionadas con la emisión y uso de tarjeta de crédito, dentro de “un esquema equitativo que garantizar los derechos y la transparencia de dicha actividad”.
Sin embargo, fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que la iniciativa 5544, Ley de Tarjetas de Crédito, presentada por el diputado Ronald Arango, en sustitución de la anulada por la corte, fue remitida a la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, cuyos diputados han realizado análisis, pero sin lograr consensos.
Por otro lado, está la iniciativa de ley que reforma el Decreto 6-2003, Ley de Protección al Consumidor y Usuario, presentada en 2020, para fortalecer todo lo relacionada con la defensa del consumidor, actividad a cargo de la Dirección de Asistencia y Atención al Consumidor (DIACO), del ministerio de Economía.
Esta eliminaría la supletoriedad de la Ley, reformando el Artículo 2, que se refiere al ámbito de aplicación, quedando sujetos a la Ley todos los proveedores, prestadores de bienes y servicios, consumidores y usuarios, sean estas personas individuales, jurídicas, nacionales o extranjeras.
Hablan los expertos
A criterio de Juan Carlos Zapata, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) este año se podrían priorizar la Ley de Infraestructura Vial y la Ley de Protección a la Inversión, “pero sabemos que hay partidos políticos que no se enfocan en el crecimiento económico y en el desarrollo de oportunidades”.
Y añadió que el país tiene retos importantes en temas de certeza jurídica, por lo que también se debe prestar atención a leyes críticas como una reforma a la Ley de servicio civil o a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, impulsadas por la sociedad civil, de forma más coordinada y generar procesos que ayuden al país a fomentar mayor inversión en inversión en capital”.
Por su parte, el economista Edgar Balsells, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), indica que los diputados de la Comisión de Economía del Congreso, tienen una agenda pro empresarial y no precisamente enfocada hacia la economía popular.
“Para cambiar la dinámica, se necesita una clase política renovada y más amplia. Este tema implica una agenda de protección social, que tendría que empezar por la ampliación e institucionalización del bono familia, capitalización del Seguro Social y ampliación de su cobertura”, señala.
Y citó a las reformas a la Ley de Bancos, indicando que “ese tema es sumamente complejo y plantea volver de nuevo al subsidio de quiebra de ese tipo de empresas. La discusión ha quedado detenida, mientras que para la de las tarjetas de crédito ha habido iniciativas agresivas de control que han sido adversadas por la Superintendencia de Bancos. Mientras tanto, la gente sigue muy endeudada”.
En tanto, el analista independiente Jorge Aguilar, dijo a Prensa Latina que en este período legislativo, “el control de Finanzas garantiza la distribución de recursos para el último año de Gobierno de Alejandro Giammattei, coincidentemente con el de elecciones generales”, pero que en lugar de impulsar o aprobar leyes, la tendencia será frenarlas. “Por consiguiente, la reactivación económica de Guatemala, no será precisamente el tema de agenda de una mayoría de diputados que ya están en precampaña electoral”.
Comisiones “quedaron a deber” en el 2021
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó en enero su informe anual sobre la actividad del Congreso durante el 2021, y resaltó que 18 Comisiones no emitieron dictamen alguno, lo que representó un 47% del total de salas existentes. Además, 20 resolvieron 70 dictámenes; 49 favorables y 21 desfavorables.
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En el informe se dio a conocer que las comisiones que más emitieron dictámenes fueron las de Educación, con 15; Finanzas Públicas y Moneda, 10; y Transparencia y Probidad, con 8.
A criterio del CIEN, los principales retos que tiene el Congreso de la República este 2022, son “cumplir con el mandato de legislar, fiscalizar y representar a los ciudadanos; además de reformar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo a fin de que sea modernizada acorde a sus capacidades”.
Y a lo externo, “impulsar legislación para el desarrollo de los guatemaltecos y continuar con una agenda de reformas institucionales”.
