En el Congreso analizan un nuevo esquema de contratación pública para  la red vial

La iniciativa de ley 5431 que ahora será conocida como “Ley de infraestructura vial prioritaria”, ya tiene dictamen favorable de los miembros de la Comisión de Economía del Congreso de la República, con un articulado diferente al que incluía anteriormente la “Ley General de Infraestructura Vial” que se presentó en 2018 y fue dictaminada favorablemente con modificaciones en noviembre de ese año, sin lograr más avances.

El pasado miércoles, diputados que integran esa comisión de trabajo, junto con el presidente del Congreso, Nery Ramos, dieron a conocer que “ley de infraestructura vial prioritaria”, tuvo un dictamen favorable, para que en los siguientes días pueda entrar a discusión en el Pleno.

La nueva normativa plantea cambiar el modelo actual de contratación, licitación y adjudicación de tramos carreteros que realiza el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) en para la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de los mismos y de primera mano asigna un saldo de caja de Q6 mil millones destinados a cubrir las primeras coberturas de pago.

Se reiteró que bajo esta nueva modalidad, no habrá ningún peaje o caseta de cobro para los usuarios.

El anuncio legislativo coincide con una visita que realizó a Guatemala esta semana Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto para América Central en la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, para tratar los avances de la iniciativa “Centroamérica Adelante” que busca promover la inversión en sectores como infraestructura vial, puertos y aeropuertos.

¿En qué consiste?

Sobre los alcances y limitaciones de la nueva iniciativa, el diputado Jorge Ayala, presidente de la referida comisión, explicó que el Pleno dispuso que se trasladara de nuevo a la comisión la anterior iniciativa -ley general de infraestructura vial- por lo que se trabajó en una nueva propuesta de dictamen.

Sobre las diferencias principales con el anterior proyecto legislativo, enumeró las siguientes:

• Por el lado de aplicación, en la iniciativa original era todo el sistema vial del país, pero  ahora se concentra en las carreteras centroamericanas (CA).
• Incluye los anillos tanto Metropolitano y Regional.
• Las CA que conectan a puertos y fronteras con fronteras.
• El ramal que comunica desde la aldea El Rancho, El Progreso, hacia las Verapaces.       

El parlamentario aclaró que se mantiene la institucionalidad del Micivi, mientras que el Fondo Social de Solidaridad, la Unidad de Conservación Vial (Covial) y la Dirección General de Caminos (DGC) conservan sus funciones, pero más limitadas en cuanto al ámbito de su aplicación.

Además, se crea la Dirección de Proyectos Prioritarios para atender todo el proceso de contratación de obras en los tramos carreteros mencionados, mientras que el Micivi continuaría atendiendo las carreteras nacionales secundarias y tercerías.

Esa Dirección tendría una figura desconcentrada, pero bajo el mando del Micivi con un Directorio:

• Dos ministros de Estado o sus viceministros.
• El presidente del Colegio de Ingenieros.
• Un representante de los usuarios de transporte internacional.
• Un representante de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Ayala dijo que también habría dos representantes del sector privado, la academia y la parte pública.

Responsables de la operación y mantenimiento

En la iniciativa se estructura un fondo y se asignarán recursos anuales. Se crea la figura del pago por disponibilidad, que son los contratos de construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento, que permitirán que un contratista que participe en una licitación pública internacional construya el tramo carretero asignado y luego recibirá su pago diferido, por plazos que van de 20 a 25 años, pero la misma constructora es la responsable de operar y mantener el trayecto asignado.

Según el diputado, se garantiza la construcción de carreteras de óptima calidad y con estándares internacionales, por lo que para poder ser elegible para el pago de su anualidad deben alcanzarse ciertos indicadores y así se evita el problema de que el contratista se desliga  al momento de la entrega del proyecto.

Ahora la empresa ganadora, deberá ser la responsable de su mantenimiento y contar con los parámetros que se establecerán en el contrato. “Ninguna carretera CA será privatizada ni se cobrará peaje”, puntualizó.

Fuentes de financiamiento

Ayala apuntó que el fondo que se crea se financiará con el impuesto a la distribución de petróleo (IDP) y sus derivados, ya que en el imaginario de las personas y usuarios, hay una creencia que se destina para el mantenimiento vial, así como el impuesto sobre la distribución de vehículos (ISCV).

Se explicó que del IDP, de los Q4.70 que se paga ahora por cada galón de gasolina súper, Q1 va para Covial, Q0.30 para las municipalidades y la diferencia que es Q3.40 van al fondo común -que administra el Ministerio de Finanzas-.

Pero con la nueva propuesta, esos recursos irán íntegramente al fondo para liquidar los pagos anuales para las empresas. De esa forma, cada año el fondo se estará alimentando -vía los impuestos- el IDP y ISCV, así como el 30% del saldo de caja de los fondos no ejecutados en cada ejercicio fiscal.

Los recursos se estarían destinando exclusivamente a la infraestructura vial y se aclaró que no se revisarán ni crearán nuevos impuestos para ese fin. El nuevo Directorio sería el responsable del manejo de los recursos que se recauden, por medio de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios.

Intervención

Las rutas CA en las cuales se intervendrá representan el 10% del total de la infraestructura vial del país, que es de los 17 mil 500 kilómetros, por lo que en este modelo, se estaría trabajando en 1 mil 500 a 2 mil kilómetros, por donde transita el 70% del tránsito comercial y el 60% del desplazamiento de la población del total de país.

“El enfoque está muy claro”

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) declaró que en esta iniciativa se encuentra un enfoque muy claro de las necesidades más urgentes del país.

Recalcó que los cambios al dictamen le dan una viabilidad política más acelerada, pues se atiende la ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento, así como el uso, aprovechamiento y conservación de las rutas centroamericanas, así como de las rutas perimetrales que forman parte de un estudio de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), con el que ha venido apoyando a la Municipalidad de Guatemala, que incluye el Anillo Metropolitano, el Anillo Regional y algunas circunvalaciones que se necesitan en el departamento de Guatemala.

“Se mantendría una institucionalidad al crear la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios dentro del Micivi, en lugar de una Superintendencia Vial, lo que sería un órgano desconcentrado”.

En cuanto a la capitalización de Q6 mil millones del saldo de caja, se reconoce que no se intervendrá en la actual institucionalidad del Micivi, al mantenerse Covial y la DGC “por lo que está bastante bien el dictamen y lo que viene es la parte política, con el logro de los consensos necesarios para su aprobación”.

Mejorar en indicador

Guillermo Díaz, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), reiteró que la infraestructura es un activo importante de país y es un pilar para medir la competitividad, aparte de que cuenta con su índice respectivo, por lo que es ahí donde Guatemala es mal calificada.

Con la situación actual, el índice no mejorará y a su vez incide en la baja inversión extranjera directa y en la imagen nacional. “Por más que se cuente con una mejor calificación de riesgo país y estabilidad macroeconómica, los inversionistas internacionales le prestan atención a la infraestructura”.

Sobre la participación de compañías internacionales, indica que sería positivo para este tipo de mercado que “está cooptado por algunas empresas locales, pues las obras están direccionadas hacia intereses políticos y económicos a conveniencia”.

Recordó que, en los últimos 20 años, no se ha construido una nueva carretera de trascendencia y en promedio se habilitan unos 200 kilómetros por año en caminos rurales, “por lo que es una buena alternativa y ojalá que los diputados puedan hacer su trabajo en beneficio del país, porque se necesita una ley que expedite la construcción y rehabilitación de la infraestructura vial”.