La empresa mencionada informó sobre ocupaciones ilegales en las fincas La Felicidad y Polonia en el municipio mencionado “por parte de estructuras criminales” e indicó que se pone en riesgo a su personal y a las operaciones de la compañía. Añadió que aparte de la producción azucarera también se genera energía eléctrica en una cantidad que representa el 12% del suministro eléctrico del país, por lo que “cualquier daño a nuestras instalaciones pone en riesgo la calidad del suministro eléctrico del país”. Por lo que solicita ayuda a las autoridades para que ejerzan las medidas necesarias.
Cámaras se pronuncian
Al respecto se pronunciaron la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la Cámara del Agro (Camagro) y el Observatorio de Derechos de Propiedad, condenando estas acciones ilícitas. La Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) compartió el pronunciamiento del ingenio indicando en sus redes sociales que es una información preocupante.
Tanto la CIG como la Camagro indicaron que exigen a las autoridades acciones inmediatas para garantizar el respeto a la propiedad privada, la seguridad de las personas que laboran en esta empresa y el resguardo de las operaciones.
La Cámara de Industria expresó también en un boletín divulgado en sus redes sociales, que condena esas acciones ilegales contra el ingenio, “que se llevaron a cabo por grupos de delincuentes que por medio de la fuerza y usando armas de fuego” invadieron las fincas, con consecuencias serias en términos de pérdidas económicas, trabajo y seguridad.
Y exige al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Civil (PNC) que actúen de forma inmediata ante la flagrancia del delito de usurpación y procedan al desalojo de los invasores, su procesamiento y lograr condena, según establece la ley.
El sector industrial también pidió al Procurador de los Derechos Humanos que vele por el derecho a la propiedad privada y acompañe a las autoridades a restituir el respeto a los derechos.
“También se necesita la protección a la propiedad privada y contar con reglas para que motiven la inversión y el empleo, para mejorar la vida de los guatemaltecos y evitar la migración. Con la demanda de acciones también se busca evitar que continúe la proliferación de las estructuras criminales que se dedican a la comisión de estos delitos” agregó la CIG.
Miles de casos anuales
La directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad, Andrea Cánceres, explicó que en el 2022 hubo 122 mil 461 denuncias de delitos contra el patrimonio, 10.6% más que en el 2021. Dentro de estas, hubo 4 mil 389 de denuncias de delitos contra propiedades inmuebles.
Aunque esta última cifra bajó 13.8% con respecto al 2021, el informe del observatorio refiere que hay ineficiencia en la resolución de los casos, ya que solo 71 (el 2%) de ellos llegaron a una sentencia, lo que equivale a una baja de 46% en comparación con el año anterior. Además, solo en el 0.3% de los casos se concretaron desalojos, para un total de 26.
Según los datos acumulados de las denuncias relacionadas con invasión de propiedades del 2017 al 2021, en ese período se presentaron 20 mil 596 denuncias penales, reportó el Ministerio Público (MP) relacionadas con invasiones de propiedades, lo que representa un promedio de 4 mil 119 al año durante ese plazo, y ese es un promedio que se ha mantenido por más de una década, aunque también se reportan desestimaciones que variaron entre 1 mil 572 y 2 mil 957 por año, añadió el observatorio.
Los departamentos con más denuncias en ese plazo fueron Huehuetenango, Guatemala, San Marcos y Alta Verapaz. Le siguen Quetzaltenango, Jutiapa y Chimaltenango, se añadió
Estudio específico
El observatorio presentó en el 2022 el primer caso de estudio de Guatemala en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, en el cual se señaló que principal problema no radica en el número de denuncias sino en la ineficiencia e ineficacia con la que responde el sistema de justicia penal.
Por ejemplo, entre 2017 y 2021, solamente se cerró el 28% de los casos ingresados por delitos relacionados con invasiones y en ese mismo período solo se realizaron 68 desalojos a nivel nacional, añade el informe.
Guatemala ocupa el puesto 103 de 129 países en el Índice Internacional sobre Derechos de Propiedad (IPRI) del 2022, en el cual cayó desde la casilla 95 que ocupó en el 2021. El Índice es elaborado por Property Rights Alliance.
Condenamos enérgicamente los últimos hechos de violencia e invasión a la propiedad privada en La Democracia, Escuintla. pic.twitter.com/R6sl9Fepi9
— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) June 4, 2023
Los datos del MP refieren que no solo las empresas, sino también muchas personas, son víctimas del delito de usurpación, explicó Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Camagro, al ser consultada sobre la situación de invasiones a la propiedad privada como la denunciada por el ingenio.
En el caso de las empresas de los sectores asociados al sector agro, hay registro de más de 40 empresas que han sido víctimas de invasiones ilegales, en especial en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, y más recientemente en los departamentos de la Costa Sur, agregó.
Además, afirmó que existen casos de empresas que llevan más de 7 años de haber sido invadidas, sin que los procesos se resuelvan efectivamente y se garantice la protección del derecho de propiedad.
Compartimos a la opinión pública esta preocupante información. pic.twitter.com/YygKBRsyjN
— Asociación de Azucareros de Guatemala (@AsazguaGT) June 3, 2023
