Ese comportamiento se debe a que el 2021 fue un buen año en cuanto al monto de tributos recaudado, por lo que ese incremento equivale a Q1 mil 200 millones, indicó Álvaro González Ricci, titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
En el llamado Situado Constitucional del año anterior, se incluyó una asignación presupuestaria de Q3 mil 124.5 millones, según los datos de Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y del Minfin y para este año se prevé un aumento de Q605.9 millones (19% más), por lo que los recursos por ese concepto llegan a Q 3 mil 730.4 millones 410 mil, se agregó.
El artículo 257 de la Constitución refiere que esos fondos deben ser destinados por las comunas en un 90% para proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes, expuso la entidad recientemente.
Para definir el monto existe la Comisión Específica del Cálculo Matemático, integrada por el Minfin, la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), además de Segeplan.
IVA-Paz y otros rubros
González Ricci explicó que aparte del situado constitucional, las comunas reciben otros fondos con destino específico: del impuesto al valor agregado (IVA) que se refiere a la parte para el fortalecimiento de la paz denominado IVA-Paz, en el 2021 se destinaron Q3 mil 842.3 millones y para el 2022 la asignación es de Q4 mil 406.8 millones, (Q14.6% más).
Esto, aparte de los montos por el impuesto a la distribución de derivados del petróleo y el que grava la circulación de vehículos. En el 2021 estos dos sumaron Q610.6 millones y en el 2022 prevén Q633.2 millones.
“No se refleja en desarrollo”
Aunque el traslado sea millonario y se indique que es para proyectos que mejoren la calidad de vida de las poblaciones, en muchos municipios no se observa el desarrollo y los indicadores socio económicos siguen siendo bajos.
Analistas consultados consideran que los alcaldes no solo se deben preocupar por la ejecución cuantitativa de los fondos, sino por la cualitativa o calidad del gasto para que cubran las necesidades de las comunidades.
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) comentó que son montos cuantiosos en un país que tiene tantos requerimientos, pero las municipalidades no atienden sus competencias esenciales como agua potable, saneamiento y manejo de desechos sólidos, entre otros proyectos. Y considera que aparte de la falta de más proyectos, también los alcaldes y concejos se recetan dietas exageradas, aparte de que que se debería evitar el apoyo a los equipos de fútbol, ya que no hay ninguna ley que faculte a las municipalidades para financiar ese tipo de actividades porque para eso está el aporte constitucional al deporte.
“El problema es que tanto el Minfin como otras entidades, miden la ejecución porcentual de los fondos, pero no la calidad del gasto, por lo que cree que los indicadores son engañosos”.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), opinó que el problema es que no existe una estrategia con un plan definido sobre cómo implementar la agenda de desarrollo urbano por parte de las municipalidades y de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y dicha agrupación debería apoyarlas, pues entre sus funciones está la de fortalecer las capacidades de sus asociados; en este caso, las comunas.
Cree necesario generar indicadores de seguimiento hacia una mayor inversión, especialmente en formación bruta de capital fijo para poder generar mejores oportunidades.
Fundesa efectúa cada año el Índice de Competitiva Local y según Zapata, el principal desafío de los municipios es precisamente la debilidad institucional que existe en las comunas para el enfoque de desarrollo e infraestructura.
Además, opina que la mejora de la calidad del gasto debería ser una de las prioridades de la Anam, con el fin de mejorar la gestión de los recursos por medio de asistencia técnica.
Por otro lado, criticó que estos gobiernos locales dependen en gran medida del situado constitucional, en lugar de generar sus propios recursos por medio de la recaudación eficiente de los tributos que tienen la facultad de cobrar como las tasas municipales y las contribuciones por mejoras.
Y el consultor Edgar Balsells expone que el problema es que existen dos sistemas diferentes, el municipal y el de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), pero que no operan como tales, ya que debían tener una interacción y ciertos lineamientos de sus oficinas rectoras, así como proponer y proveer de esquemas de planificación para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.
“Las municipalidades reciben el aporte constitucional municipal y otros fondos son trasladados a los Codedes. Además, está el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) que cuyas funciones está el apoyo al sistema de Codedes”.
En tal sentido, cree necesario que la Segeplan guíe hacia donde ir, pues este mismo ente es el que coordina el cálculo del aporte constitucional, y tiene a su cargo el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip), que autoriza los proyectos.
Agrega que la Anam es una asociación pública y aunque las municipalidades son autónomas, también forman mancomunidades, por lo que debe ser parte del esquema de esa organización facilitar procesos por medio de la Anam, porque esta “es esa cabeza importante de política del sistema municipal”.
Y señaló que uno de los problemas de que no se observe desarrollo en los municipios es porque no se canalizan bien los ingresos específicos, pues no hay un sistema de proyectos y no se siguen las prioridades de planificación de largo plazo, mientras todo debería tener una estrategia.
“Lo que veo es que hay una gran carencia de conducción de los órganos rectores de las tres autoridades del Estado; en la asamblea de Conadur no hay una dirección, mientras que Segeplan es muy débil; y el Minfin dice que él solo pasa el dinero, pero a mi criterio, Finanzas tiene que ejercer una interacción sobre la calidad del gasto, control y liquidación del presupuesto junto con la CGC”, dijo Balsells.
Los alcaldes explican en qué invierten
Durante la asamblea anual de la Anam, varios alcaldes afirmaron que aprovechan el situado constitucional y el la ejecución de proyectos por medio de los Cocodes, pero que también necesitan más recursos para cubrir todas las necesidades.
Jorge Antonio Orellana Pinto, de Guastatoya, El Progreso, expresó que utiliza los fondos del situado constitucional en el combustible, el oxígeno y otras compras, ya que esos fondos son el motor de desarrollo del municipio. Agregó que ha también se invertido en temas de agricultura, drenajes, agua, salud y jornadas médicas, así como en educación, útiles, becas y sobre todo en parques, canchas y creación de escuelas deportivas, ya que tienen más de 1 mil 500 niños y jóvenes en los cursos de baloncesto, de tenis de mesa, patinaje, futbol, volibol, arte cultura, música, lectura y computación.
Añadió que tienen una farmacia municipal y la casa del diabético, aparte de que en el 2021 se enfocaron en la salud de las familias debido al covid-19 y cuando se trabajan drenajes, se hace de forma conjunta con los Cocodes.
Winter Coc Ba, alcalde de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, explicó que en el 2020, derivado de la coyuntura por el inicio de la pandemia, no se gastaron todos los fondos pero se usaron en el 2021 y los que vienen del año pasado se usarán en el 2022, año para el cual tienen 63 proyectos por ejecutar, por lo que ya están trabajando todas la constructoras y en cuatro meses esperan la entrega de las obras.
“Ya se tiene un convoy de maquinaria que pusimos a funcionar porque nos lo habían dejado tirado en la temporada pasada. No se va a gastar demasiado porque solo se va a poner el combustible, el repuesto y los trabajadores porque con la comunidad va a dar el balastro”, para trabajar proyectos en las 449 aldeas del municipio que cuenta con 280 mil habitantes. La maquinaria consta de excavadores, tractores, camiones y compactadoras, en lo que se invertirán alrededor de Q10 millones y otros Q10 millones en repuestos, combustible y pago de personal”, amplió.
Lo que más urge y ya se empezó es el mantenimiento de 806 kilómetros de carreteras y se ha avanzado el 18%. “Nos falta el 82%, es demasiado el trabajo todavía pero este año pienso llegar al 60%”.
Coc Ba también mencionó que “hay 157 kilómetros de caminos rurales pero la Dirección General de Caminos solo les ha trabajado 10.5 kilómetros. “Si no trabajan ellos, tengo que buscar la solución para ayudar al municipio”. Y concluyó con que se ha invertido en agua, salones municipales, institutos, escuelas y otros servicios, aunque se necesitan unos Q6 mil millones para cubrir todas las necesidades de la población, pues el 80% de los habitantes no tiene acceso al agua potable.
Y el jefe edil de Barberena, Santa Rosa, Rubelio Recinos, dijo que están invirtiendo en la red completa de distribución de agua del casco urbano del municipio, en lo que hay un 75% de avance y prevén finalizarlo este año. También en perforación de pozos, proyectos de educación, construcción de escueles y reparación de calles, así como inversiones por el tema de covid-19.
Agregó que este año solicitarán las autorizaciones para construir el instituto tecnológico para carreras técnicas como mecánica automotriz y electricidad, para lo que ya se tiene el terreno, mientras buscan que llegue a instalarse un Intecap. Esos se hacen con fondos del situado constitucional y aporte de los Codedes, agregó.
Lanzarán nuevos portales
Al ser consultado González Ricci sobre lo anterior, efectivamente que la Ley Orgánica del Presupuesto obliga al Minfin a trasladar los fondos, pero no los ejecuta, sino que cada entidad es responsable del gasto. Sin embargo, agregó que el “reto verdadero” es la vinculación del presupuesto con los resultados, que no se ven plasmados en el mismo plan de gasto.
Por lo tanto, reconoció que se debe monitorear que lo que se pone en el presupuesto se cumpla, no solo en monto, sino en el alcance de la meta del servicio o cobertura prevista.
“Es un problema estructural, no de este gobierno, que a través de una buena función de auditoria social, con base en herramientas de transparencia, se pueda vincular lo que dice el presupuesto”. El funcionario anunció que va a efectuar el relanzamiento de portales de transparencia y divulgarlos para que sean utilizados por los gobiernos locales.
