Por muchos años, una de las principales exigencias de los empresarios que producen para vender sus mercancías en el exterior, era la agilización del crédito fiscal. Estas devoluciones corresponden al impuesto al valor agregado (IVA) pagado en las compras de insumos o materias primas, ya que, en el caso de las exportaciones o ventas en el exterior, no existe una posibilidad de trasladar el impuesto a los compradores que residen en otros países, lo que permitiría recuperarlo.
Sin embargo, -sobre todo en la administración del superintendente Juan Francisco Solórzano Foppa- se han develado varios casos de supuesta defraudación tributaria que fueron judicializados (y algunos de ellos con sentencia condenatoria), debido a diversas inconsistencias.
Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), analiza el antes y el después de ese hecho, luego de que las autoridades del Ministerio de Finanzas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dieran a conocer que desde el 24 de mayo pasado ya no hay solicitudes de devolución de crédito fiscal.
¿Qué significa la conclusión de este primer proceso para la devolución del crédito fiscal para los exportadores?
La importancia es bastante alta. Hemos monitoreado, dado propuestas y analizado con distintas administraciones este proceso y nunca se había llegado a este punto de cero solicitudes.
El hecho de que ya no exista presa de solicitudes atrasadas y que los montos pagados (como los Q162 millones en marzo) era algo nunca visto y eso significa que las acciones que se fueron planteando en un trabajo de mucho tiempo durante varias administraciones tributarias, concluyeron con buenos resultados.
¿Qué aspectos cambiaron?
Hubo mejoras en el sistema que agilizaron los procesos de inscripción, eventos y fila; y con la creación del Régimen Electrónico de Devolución de Crédito Fiscal aumentó el número de auditores y hubo esfuerzos de capacitación a todas las empresas para que entraran al régimen.
Lo que hoy estamos experimentando, es la conclusión de varios años de esfuerzo y lo que debemos pensar es que debe mantenerse estable y certero.
¿Qué quiere decir con que sea certero?
Es muy simple: cuando en el régimen general de devolución se decía que era de 90 días, sencillamente no se cumplía y pasaban hasta años en disputas legales y amparos. Ahora, los tiempos se están cumpliendo, lo cual nos da la posibilidad de ser exigentes y que ellos -SAT- se mantengan con esos compromisos.
El llamado que hacemos al administrador tributario es que termine todas las plataformas, reglamentos, políticas y contratación de recurso humano para cumplir los plazos de devolución.
¿Qué aprendió el agente económico y el exportador luego de los casos judicializados?
Hubo enseñanza, porque el hecho de estar sujeto a las revisiones del administrador tributario, no necesariamente recae en auditorias que puedan provocar problemas judiciales o fiscales posteriormente.
Se aprendió que dentro del proceso del régimen electrónico se hace una supervisión casi total de los gastos que se presentan para la devolución del crédito y eso lo hace más certero.
Por aparte, se rompió el temor que existía entre autoridades y empresarios de que el proceso podría no funcionar. La confianza fue lo principal.
De aquí a dos años, ¿los exportadores podrían salir con la misma queja por problemas con la devolución?
Este sistema va a tener efecto perdurable en la medida en que la mayor cantidad de empresas de la economía guatemalteca se incorporen al régimen de factura electrónica (FEL), y aquí me refiero a exportadores o no.
¿Por qué?
Porque la devolución del crédito fiscal aplica también para los contribuyentes que proveen a empresas guatemaltecas y las grandes dudas del administrador tributario son dos: que el gasto proceda para la devolución del crédito fiscal como parte del proceso productivo de exportación y que el producto se comercialice en Guatemala porque entonces, no procede.
La segunda preocupación es que la empresa que emitió la factura cumpla con sus obligaciones fiscales. Entonces, si tanto la empresa proveedora y como la exportadora están dentro del régimen electrónico, la posibilidad es altísima. Esto, porque si sale algún omiso u incumplimiento fiscal, el reporte es automático y se emite la resolución indicando cuáles facturas no aplican para devolución del IVA.
Entonces, se quitan esas facturas de la declaración y se envía el resto del expediente. Y el exportador se queda reclamando al proveedor por las facturas no aceptadas.
En el caso del régimen general, se deben mantener las plataformas modernizadas, el equipo auditor, siempre dotado para este proceso, y no debilitar la fiscalización al mover autoridades, como ocurrió hace algunos años.
Contención del gasto
El Gobierno emitió nuevas disposiciones para contener el gasto público, indicando que se busca restringir erogaciones relacionadas con viáticos, viajes y otros que no sean necesarios, para asegurar una nueva reserva de recursos públicos y atender las necesidades que puedan surgir más adelante, ante la coyuntura internacional.
Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, informó que las normas de contención ya fueron abordadas con el presidente Alejandro Giammattei y la idea es crear una reserva fiscal de unos Q1 mil millones.
Lea además: Propondrán un régimen tributario especial para la cadena agrícola que abastece al mercado interno
Los recursos se destinarían a cubrir cualquier contingencia que pueda surgir en las próximas semanas, asociadas al conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que los recursos fiscales de saldo de caja se agotaron o comprometieron.
El próximo martes 31 cobrará vigencia el nuevo pliego de subsidios a las gasolinas súper y regular de Q5 y de Q7 para el galón de diésel, por lo que el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de Q2 mil 260 millones la semana pasada. Por lo tanto, anticipó que con el subsidió al galón de diésel, el precio de este producto se ubicaría por debajo de Q30.
