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Empresas de la estructura B410, denunciada por la SAT, tienen contratos adjudicados este año por Q36.3 millones
El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó que al menos a seis compañías denunciadas por la SAT tienen aprobadas contrataciones este año en distintas instituciones y comunas y explica qué procede.
La SAT divulgó que denunció ante el juez una estructura en la que identifica relaciones entre contribuyentes (empresas y personas individuales), abogados y socios para supuestamente defraudar al fisco. (Foto, Prensa Libre: Freepik).
Varios ministerios, dependencias y municipalidades han adjudicado contrataciones en el año 2024 por Q36.3 millones a contribuyentes identificados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como parte de una estructura de supuesta defraudación tributaria e incluidos en el grupo de nueve empresas que venden directamente al Estado, según una revisión que realizó el Ministerio de Finanzas (Minfin) el viernes 16 de agosto.
Luego de que la SAT denunciara la semana pasada, tanto pública como judicialmente, una estructura de 410 empresas con posible participación en defraudación tributaria, Prensa Libre solicitó información al Minfin sobre compras o contrataciones, situación en el Registro General de Adquisiciones el Estado (RGAE) y el proceso de revisión o decisiones de las autoridades respecto a esas contrataciones.
Dicha cartera respondió de forma institucional, que con datos de Guatecompras (revisados a las 11:30 horas del 16 de agosto de 2024) y con base en la identificación de contribuyentes divulgados por la SAT, seis de las nueve empresas citadas por esa entidad han sido contratadas por entes del Estado en el año actual, en su mayoría bajo la modalidad de baja cuantía y por un monto total de Q36.3 millones.
Entre las entidades compradoras están varios ministerios, municipalidades y otras entidades. Este es el detalle:
- Por Número de Publicación Guatecompras (NPG): Grupo Basado, S. A., con Q33 millones 716 mil 136.76; Consorcio Las Mallorcas, S. A., con Q970 mil 750.50; Commerce Madness, S. A., con Q280 mil 552; Kaizen Inc, S. A., con Q408 mil 947.83; Calakmul, S. A., con Q514 mil 250.
- En el caso de Inversiones Caddie, S. A., le aparecen compras con NPG por Q413 mil 250 y otra identificada con el NOG 23797088 por la entidad CDAG con estatus de en evaluación.
- En tanto Grupo Propela, S.A.; Inversiones Humedales, S. A., y Megalodon, S. A., aparecen sin información publicada en Guatecompras a la fecha consultada.
Por entidad estatal
La SAT denunció que detectó las nueve empresas anteriores han sido proveedoras directas del Estado a las que del 2021 al 2023 se le adjudicó contrataciones por Q81.7 millones. Y en el 2024, estas son las entidades del Estado que les han comprado:
- La mayoría de las contrataciones (Q35 millones 439 mil 387), están registradas como compras de baja cuantía, según el artículo 43 inciso a de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE).
- El monto acumulado más alto es del Ministerio de Gobernación con Q34 millones 686 mil 887. Aunque en los datos proporcionados por el Minfin no se detalla, en Guatecompras aparecen más de 1,900 registros por compras para alimentos para la Policía Nacional Civil (a la empresa Grupo Basado, S.A.). con montos que van desde Q5 mil hasta alrededor de Q23 mil cada una.
- Dirección General del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes, Q24 mil.
- Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, Q280 mil 552.
- Municipalidad de Coatepeque (Quetzaltenango), Q31 mil 400; y la de San José el Ídolo (Suchitepéquez) Q7 mil 600.
- Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, Q358 mil 977.
- Registro Nacional de las Personas (Renap), Q49 mil 970.
- Con procedimientos regulados por el artículo 44 de la LCE que se refiere a casos de excepción aparece la municipalidad de San Gabriel (Suchitepéquez), con Q350 mil 250.
- Cómo adquisición o arrendamiento de inmuebles (basado en el artículo 43 inciso e de la LCE) está la Dirección General de Las Artes del Ministerio de Cultura, con Q514 mil 250.
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Cómo se procederá, según el Minfin:
En el caso de las compras por entidades estatales mencionadas, el Minfin expone que la revisión corresponde a cada una de las entidades contratantes, ya que la Ley Orgánica del Presupuesto (en los artículos 17, 29 y 29 bis) establece que cada entidad pública es responsable de la ejecución de su presupuesto y por lo tanto, de verificar el cumplimiento y debida aplicación de las disposiciones y procedimientos establecidos en la LCE, su reglamento y demás normas legales aplicables.
La cartera agrega que la evaluación y fiscalización en los procesos de adquisiciones es competencia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), y de acuerdo con su Ley Orgánica, le corresponde determinar si la gestión de las entidades contratantes se realizó bajo criterios de probidad, transparencia, competencia y economía, así como determinar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, formalismos y plazos establecidos en las leyes aplicables.
La investigación de la SAT sigue en curso, pero de las 410 empresas detectadas como parte de la estructura, 32 fueron denunciadas por esa entidad la semana pasada y 239 han sido investigadas, refirió el ente tributario.
En cuanto a si se suspenderán las compras o contrataciones efectuadas (en este u otros años) explicó los siguientes aspectos basados en la legislación del país:
La literal b) del artículo 80 de la LCE establece que no podrán concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad referida a los proveedores y contratistas del Estado, quienes tengan obligaciones tributarias formales pendientes de cumplimiento, o que tengan saldos líquidos exigibles pendientes de pago ante la administración tributaria; y que esa literal faculta a la SAT para registrar la inhabilitación.
Con base en esa misma norma, así como en el artículo 60 del Reglamento de la LCE y los artículos 32 y 33 (numeral 2) de las Normas de uso del Sistema Guatecompras (Resolución Número 001-2022 de la DIGAE), corresponde a cada entidad contratante:
- Determinar a partir de la fase en que se encuentren los procesos, si deciden rechazar la oferta, improbar o prescindir de la negociación, no suscribir el contrato o improbar el contrato, en caso de que ya haya sido suscrito.
- Y en caso de que el contrato se encuentre en ejecución, corresponderá a las autoridades de la entidad contratante, previo análisis técnico y jurídico, resolver lo procedente (rescindir el contrato / Inhabilitar al contratista).
¿Prohibirán compras?
En otra de sus respuestas, el Minfin explicó que no emitirá disposiciones para que estas entidades del Estado o el Organismo Ejecutivo ya no compren a estas empresas, pues de acuerdo con el caso presentado y lo dispuesto en la literal b) del artículo 80 de la LCE, corresponderá a la SAT registrar la inhabilitación de los contribuyentes para ser contratistas o proveedores del Estado y a partir de ello, la decisión de realizar o no las compras a estas sociedades recae en cada entidad pública, según lo ya expuesto.
La cartera agregó que apoyará a la SAT, CGC y demás entidades en la generación de información que coadyuve con la investigación de este caso. Pero además, el superintendente Marco Livio Díaz informó que el miércoles 14 de agosto se desactivó o inhabilitó el Número de Identificación Tributaria (NIT) a los contribuyentes que han aparecido en esta investigación. Con esa medida ya no podrán realizar algunas transacciones incluyendo emisión de Facturas Electrónicas en Línea (FEL).
También dio a conocer que hace alrededor de dos semanas se emitió un dictamen que cambia el sentido de omisos ante la SAT, y que ahora ya no solo se considera omiso el que no presenta declaración o pago de impuestos, sino todo aquel que no paga correctamente sus tributos.
Qué registros hay en el RGAE
La SAT indicó el 14 de agosto que como parte de la investigación de las empresas detectadas en la estructura de posible defraudación, solicitó información al Registro General de Adquisiciones el Estado (RGAE) pero hasta esa fecha no había recibido la información.
Consultado el Minfin respecto a revisar la información que existe en el RGAE, explicó que en el marco de la LCE, dicho ente tiene por objeto registrar a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que puedan participar en cualquiera de las modalidades de adquisiciones del Estado establecidas en la Ley.
Agregó que la inscripción ante el RGAE habilita al proveedor a participar en compras directas, mientras que para las modalidades de cotización, licitación, subasta electrónica inversa, contrato abierto y casos de excepción establecidos en la LCE, deberá obtener la precalificación.
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Sin embargo, explicó también que el artículo 9 del Acuerdo Ministerial Número 563-2018 que contiene los Requisitos y metodología de inscripción y precalificación ante el RGAE, refiere que los proveedores de la modalidad de baja cuantía no necesitan estar inscritos y precalificados.
“En ese sentido, de las nueve empresas que realizan negocios con el Estado y fueron mencionadas por la SAT en la conferencia de prensa realizada recientemente, únicamente cuatro se encuentran habilitadas en el RGAE y han cumplido con los requisitos establecidos en el marco normativo” y agrega que no obstante, desde la perspectiva de un incumplimiento tributario aplicaría lo establecido en la literal b) del artículo 80 de la LCE para inhabilitarlas. Este el estatus que aparece en el registro, según datos brindados por el Minfin, actualizados al viernes 16 de agosto de 2024:
- Grupo Basado, S. A., no inscrito
- Grupo Propela, S. A., aparece como no actualizado porque se inscribió en 2022 y no se actualizó posteriormente.
- Inversiones Caddie, S. A., se inscribió en 2020, se precalificó en 2021 y aparece habilitado. Cuenta con precalificación como proveedor de obras vigente hasta el 08 de marzo de 2026.
- Inversiones Humedales, S. A., aparece con inscripción y precalificación transitoria en 2019, en 2020 finalizó la inscripción y precalificación de sociedad de proveedores de servicios de obra y servicios relacionados con las obras públicas y posteriormente actualizó su inscripción todos los años (de 2021 a 2024). En el año actual, posee un proceso de solicitud de precalificación como proveedor de servicios de obra y servicios relacionados con las obras públicas. Está habilitado.
- Consorcio Las Mallorcas, S. A., no inscrito.
- Commerce Madness, S. A., se inscribió en 2023 y no se actualizó posteriormente por lo que su estatus es no actualizado.
- Kaizen Inc, S. A., se inscribió en 2023 y se actualizó en 2024. Aparece habilitado.
- Megalodon, S. A., se inscribió en 2020 y se precalificó en 2021 (la cual venció en noviembre de 2023). En 2022 fue el último año que se actualizó y está como inhabilitado.
- Calakmul, S. A., se inscribió en 2019 y posteriormente se ha actualizado todos los años (2020-2024), por lo que aparece habilitado.
La SAT explicó en la conferencia de prensa de la semana pasada que en la investigación de la red de 410 empresas, se identificó a tres tipos de actores diferentes, y otros más están en investigación.
Por aparte la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), actuarán desde el marco de su competencia según explicaron a Prensa Libre el viernes. Mientras ese mismo día el MP dio a conocer que inicio diligencias con base a la denuncia presentada por la SAT.
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