Como resultado de ese evento, se adjudicaron 16 contratos a 15 empresas para proveer a las distribuidoras de Energuate (Deocsa y Deorsa) y a la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), a partir del 2026 y el 2028 por un plazo de 15 años. La mayor parte de las inversiones se realizará en plantas nuevas y el complemento será aportado por cuatro plantas existentes.
Las tres distribuidoras buscaban proveerse de 235 MW de energía con potencia garantizada, y 40 MW de energía (de las plantas de generación intermitentes como la solar y eólica, por ejemplo). Sin embargo, en total se adjudicaron 399 MW, tomando en cuenta que se adjudicaron 96 MW provenientes de plantas existentes por un plazo de dos años y 28 MW para complementar el suministro, mientras comienzan a operar los nuevos contratos y plantas.
“Se debe tomar en cuenta que para los 15 años son 235 MW, pero no todas las centrales coinciden con el año de inicio de suministro por lo que los primeros años se complementan con plantas existentes y sumando todo, se llega a ese volumen”, explicó Dimas Carranza, gerente de regulación de Energuate e integrante de la junta de licitación.
Las inversiones
El presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Luis Ortiz, así como Carmen Urizar, expresidenta de ese ente, coinciden en que la atracción de inversión de las plantas nuevas rondaría los US$400 millones, tomando en cuenta la forma de adjudicación y los precios promedio de instalación por tipo de recurso de generación.
“Entonces, se instalarán en Guatemala 407 MW de generación nueva, lo que representa para el país una inversión estimada de alrededor de US$446 millones. Esto se debe a que unas serán plantas totalmente nuevas y otros suministros vendrán de una combinación de plantas ya existentes y nuevas; algunas de estas son parte de proyectos que se instalarán con mayor capacidad a la adjudicada para operar en el país”, explicó Ortiz.
Según datos proporcionados por el funcionario, de hidroeléctricas se prevé que se instalen proyectos nuevos por 46.2 megavatios (MW) para los cuales se estiman inversiones de US$92.4 millones.
En energía solar, 243.2 MW con US$214.2 millones, mientras que de generación eólica serían 65 MW, con un estimado de US$97.5 millones; y con gas natural serían 53 MW, por US$42.4 millones.
Ortiz refirió que no poseen los costos de cada oferente y los datos mencionados se originan en una estimación de costos con referencias de mercado, por lo que los montos podrían variar.
Agregó que tiene mucha importancia para continuar con la diversificación de la matriz energética, que en la actualidad está balanceada, y la producción es de 70% con energías renovables, “pero hay otro 10% de gas natural que se considera energía limpia”.
La demanda de electricidad en Guatemala sigue creciendo en promedio más de 3% anual, por lo que se requerirán nuevas inversiones, mientras se aprovechan las que ya existen.
Respecto a las tarifas para el usuario, Ortiz explica los precios a los que se compró en la PEG4 son significativamente menores que los contratos actuales, por lo que tienden a ser estables, paro luego irse reduciendo en la medida que se va incorporando generación a precios menores.
Nueva matriz energética
Urízar añadió que en base a la adjudicación que se efectuó, para poder ver qué inversión se estará atrayendo se debe observar que no todas son plantas nuevas, pues de las 16 contratadas ya están en operación una hidroeléctrica, dos de bunker y la de carbón.
Otro aspecto es que de los 399 MW que se adjudicaron, 255 son de renovables (de hidroeléctricas, seguida de solares y solo una eólica); y 143 MW son de no renovables (con búnker y carbón).
Derivado de esto, para hacer estimación de las nuevas, menciona que serían casi US$400 millones. Entre estas principalmente funcionarán a base de agua, sol y aire. “Y también está la parte de plantas combinadas de nuevas y ya existentes, con recursos hidro y solar; una que tiene una parte de biomasa y otra eólica. En estos casos, para estimar la inversión nueva, se supuso que la mitad de esa capacidad de generación será nueva”.
Urizar explico que para calcular la inversión también se tomaron en cuenta los datos que publica la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, en inglés). Entonces, los montos estimados de inversión varían, según las tecnologías o recurso de generación, por ejemplo, según los datos de IRENA, un megavatio de hidroeléctrica tendría un costo de US$2.1 millones por MW; el eólico está en US$1.3 millones y el solar, en US$857 mil por MW.
Otras estimaciones y condiciones
Víctor Asturias, director ejecutivo del Consejo de la Industria Eléctrica (CIE), refirió que dentro de los precios más competitivos a la hora de instalar nuevos megavatios es la tecnología solar, que está en alrededor de US$800 mil el MW, coincidiendo con lo mencionado por Urizar. Las demás opciones son más caras.
Sin embargo, el ejecutivo menciona que al hablar de MW instalados no se explica realmente la disponibilidad que tiene cada una de las diferentes tecnologías. En el caso de la solar, es energía alternativa, es decir que va a estar funcionando cuando haya sol y entonces tienen un porcentaje de utilización promedio de plantas y la generación es diferente al resto de tecnologías, que es constante. Las hidroeléctricas tienen otras variables cuando tienen embalse, por ejemplo.
Respecto a las expectativas de que se concreten las inversiones, Asturias dijo que la PEG4 envió una excelente señal, ya que solo se buscaba adjudicar 235 MW pero se recibieron ofertas por 1,500 MW, lo cual refleja que hay un apetito de inversión porque confían en las reglas y en las leyes que enmarcan al sector eléctrico guatemalteco, pues todas estas son inversiones a largo plazo.
“Las adjudicaciones son a 15 años, pero la vida de estos proyectos trasciende ese plazo, entonces lo que uno lee es que hay confianza en lo que viene y eso es sumamente importante para el gobierno electo” dijo Asturias, indicando que la próxima administración tendrá la gran responsabilidad de impulsar la PEG5; es decir, la quinta licitación de electricidad con contratos de largo plazo, y que podría requerir alrededor de 1,300 MW para sustituir los contratos que vencerán en el 2030.
Pero también se debe invertir en la transmisión de energía para interconectar esas generadoras, porque de lo contrario, el sistema no se seguirá robusteciendo y no va a funcionar adecuadamente. “Entonces esperaríamos que las próximas autoridades del Ministerio de Energía y Minas también promuevan licitaciones de transmisión de electricidad”, añadió.
Respecto a las condiciones que se necesitan para atraer esa inversión, el directivo expuso que es lo más importante es la certeza jurídica, “que es un concepto es bastante amplio porque incluye la necesidad de reglamentar el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), un tema que Guatemala lo tiene rezagado. Este daría reglas claras para que el inversionista sepa a qué se debe atener y que no le vayan a estar cambiando las condiciones. Esto, porque el tema de las consultas comunitarias es fundamental para proyectos que pueden tener más relación con las comunidades donde el proyecto se desarrolla”.
