Ahora la ley, que aumenta el gasto militar e interno, pero no se refiere a medidas de protección para los inmigrantes indocumentados, debe ir a la Casa Blanca para que sea firmada por el presidente Donald Trump.
Presentado el miércoles después de semanas de regateo, los legisladores tuvieron apenas unas horas para examinar detenidamente y votar un megaproyecto de ley que afectará todos los aspectos de la vida estadounidense. Aunque Trump le había dado su bendición al acuerdo bipartidista, el destino del texto en el Senado estuvo en duda hasta el último momento, con el republicano Rand Paul amenazando con estancar el proceso de votación.
“Creo que debes leer los proyectos de ley antes de votarlos”, había dicho Paul a Fox News. “He estado trabajando todo el día diligentemente en el proyecto, voy por la página 600”. También otros senadores también pusieron resistencia.
El proyecto de ley establece niveles de gastos de defensa en 700.000 millones de dólares para este año fiscal que finaliza el 30 de septiembre, un aumento de 61.000 millones respecto a 2017. El gasto nacional no relacionado con la defensa alcanzará los 591.000 millones, alrededor de 10% más.
“¿Es perfecto? No”
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, lo llamó un voto “para reconstruir nuestro ejército, asegurar nuestras fronteras y otorgarles a nuestros servidores el aumento salarial más grande en ocho años”. También los demócratas parecían complacidos por el resultado de las negociaciones.
“En general, los demócratas estamos muy contentos con lo que pudimos lograr en una serie de prioridades para la clase media y Estados Unidos, incluyendo infraestructura, educación, opiáceos, salud mental y cuidado infantil”, dijo el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer.
La Casa Blanca reconoció que no cumplió todos sus deseos, pero dijo que Trump estaba listo para firmar.
“¿Es perfecto? No”, reconoció Mick Mulvaney, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto. “¿Es exactamente lo que pedimos? No”.
Con la votación se evitó el tercer cierre del gobierno en 2018 y una profunda vergüenza para el Congreso dirigido por los republicanos antes de las elecciones legislativas de noviembre.
La ley de gastos proporciona 1.600 millones de dólares -mucho menos de lo que Trump quería- para la seguridad fronteriza y la construcción o reparación de casi 160 kilómetros de cercas y barreras fronterizas, aumenta el gasto de infraestructura e incrementa los fondos para becas estudiantiles. Deja fondos intactos para el proveedor de salud de mujeres Planned Parenthood, objetivo de críticas implacables de los republicanos pro-vida.
Pero en un golpe importante para los demócratas, no incluye protecciones para los inmigrantes indocumentados que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños.
Entre los temas delicados está la seguridad de las armas de fuego, que ha estado en el foco nacional. Una disposición refuerza el cumplimiento de las verificaciones de antecedentes para la venta de armas de fuego, y otra revierte lo que esencialmente ha servido como una prohibición de investigaciones federales sobre la violencia con armas de fuego.
El presupuesto aprobado hoy en el Congreso con el respaldo de los líderes demócratas incluye una partida de 1.600 millones de dólares para iniciar la construcción del muro en la frontera sur con México, una de las obsesiones de Trump.
Esa cifra, no obstante, queda lejos de los 25.000 millones que el presidente había pedido al Legislativo.
Además, el proyecto establece restricciones para su gasto como la cantidad de kilómetros de muro que pueden construirse o dónde puede ubicarse, determinando, por ejemplo, que de los 1.600 millones de dólares, 251 millones deben emplearse en renovar la doble verja que ya existe entre San Diego (California) y Tijuana (México).
Más allá del muro, el acuerdo aprobado hoy no hace mención alguna a los jóvenes sin papeles conocidos como “dreamers” o “soñadores”, amenazados de deportación por las políticas migratorias de Trump, pese a que los demócratas habían condicionado su apoyo a las cuentas a una regularización.
Los legisladores demócratas de origen latino, agrupados en el Caucus Hispano, rechazaron los presupuestos aprobados porque “no reflejan los valores y principios” de Estados Unidos porque abandonan a los “soñadores” y, además, otorgan fondos a las policías migratorias encargadas de las deportaciones de inmigrantes.
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