Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif, aclaró que este tema es muy amplio porque abarca servicios colectivos relacionados con una serie de intervenciones para reducir el riesgo, la vulnerabilidad social y económica de las personas; pero también habría que mejorar la atención a la enfermedad e incapacidad, edad avanzada, sobrevivencia, desempleo, vivienda, así como otras políticas contra la exclusión.
Las propuestas
La primera parte de la propuesta se refiere a que “el sector privado organizado propone y lanza la idea de que vale la pena hacer un estudio de medición de la opinión ciudadana sobre los beneficios que se reciben en protección social, ya que constantemente se sabe de problemas en distintas dependencias, por lo que valdría hacer un corte general global en materia de percepción de la ciudadanía de los servicios de protección social”, expuso Ardón.
En la parte toral del análisis está en la propuesta número dos que es la relación del IGSS y su componente de protección social y en la cual se incluye cuatro parámetros: convocar a una mesa técnica para discutir nuevos y mejores modelos de gobernanza del Instituto. El sector privado tiene un representante en la junta directiva, al igual que los trabajadores y “es un momento interesante para tener una discusión sobre maneras más efectivas de prestar protección social dentro del renglón del IGSS”.
También se sugieren modelos alternativos de protección social, como los implementados con éxito en otros países, para que los trabajadores puedan aportar a la espera de recibir después una condiciones más dignas de retiro, sin comprometer lo que constitucionalmente está establecido.
También resaltó que nada se puede hacer en servicios de protección social, si no se respeta la carrera administrativa y los planes estratégicos del Instituto; y por último, se sugirió la discusión para ampliar el portafolio de servicios.
La tercera propuesta es que el Estado aporte lo que corresponde e incluir en el próximo ejercicio presupuestario el aporte constitucional, “ya que, si hay necesidades y carencias en materia de protección social, estas pueden ser suplidas e inclusive, otorgar nuevos servicios con recursos que pueden venir del Estado. Debe ser una discusión nacional y una asignación permanente”.
Finalmente, Ardón mencionó la necesidad de la formalización y afiliación de los trabajadores a tiempo parcial, que probablemente no tienen cobertura, ya que es un mandato del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo.
¿Quiénes deben escuchar?
Hermann Girón, presidente del Cacif, declaró que la propuesta está dirigida a tres audiencias: la primera es el Estado, para que independientemente de su deuda histórica (no cuantificada plenamente), por lo menos se cumpla el aporte constitucional a la seguridad social, que en 2021 fue de alrededor de Q750 millones, a pesar de que el monto correcto se acerca a los Q2 mil 500 millones.
El segundo mensaje es para la ciudadanía guatemalteca, pues el hecho de que solo una porción pequeña de la formalidad tenga cobertura social, se debe corregir. La tercera audiencia, según Girón, está relacionada con la misma seguridad social representada en el IGSS, entre el sector privado organizado y el sindical, quienes deben participar en las discusiones, por ser quienes contribuyen.
“El seguro social, ya necesita contar con nuevos modelos de gobernanza, abrir métodos y mecanismos complementarios que mejoren los servicios para los abonados, de manera que las personas puedan contribuir más para tener mejores servicios y una mayor pensión cuando se retiren, financiadas con contribuciones complementarias a las que la ley indica hoy”, explicó Girón.
Según el directivo, este mecanismo esta normado en la Ley Orgánica del IGSS y es parte de una conversación con las autoridades.
Dos iniciativas
Girón, recordó que también se estaría retomando una propuesta que se presentó en 2019: una se denomina seguros opcionales facultativos, con la que un ciudadano afiliado al IGSS, pueda cotizar una cantidad adicional, para proteger cosas que no se ofrecen actualmente. O sea, “un poco más de cuota y un poco más de protección”.
La otra propuesta es generar pensiones complementarias y consiste en que quienes quieran optar a una mejor pensión, puedan cotizar una mayor cantidad mensualmente con las ventajas tributarias que conlleva, y con las economías de escala y rendimientos financieros que el IGSS puede prestarles.
“Los que no quieran hacer una contribución extra, pues no contribuyen y están sujetos a las pensiones que el Instituto les otorga”, enfatizó Girón.
“Mensaje dirigido”
De acuerdo con el sindicalista Rigoberto Dueñas, el fondo de la propuesta del sector privado organizado es la preocupación por la proporcionalidad que el Instituto les brindará a los trabajadores del tiempo parcial, para que se les conceda previsión social, gastos médicos, hospitalarios en la misma proporción en la que han contribuido al régimen.
“Es lógico que, si un trabajador ganó siempre el salario mínimo, va a percibir con base al salario a su vida laboral activa; si el trabajador percibió en este caso, un 50% o 40% derivado del trabajo a tiempo parcial, es razonable esa proporción”, aseguró.
En cuanto a la estructura financiera sugerida, Dueñas aseguró que sería una “semiprivatización” de los servicios del Instituto, pero el hecho de que se hable de las deudas del Estado, las municipalidades y el mismo sector empresarial. “Los trabajadores deben concurrir a la mesa para discutir la reinvención del IGSS”, indicó.
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