El saldo de caja fiscal disponible para el próximo año se calcula en Q20 mil millones

Aunque es muy prematuro calcular con certeza el saldo de caja del Gobierno al final de este año, la cifra podría oscilar Q10 mil millones y Q20 mil millones, a pesar de que el Congreso de la República no apruebe la ampliación presupuestaria solicitada por Q14 mil 451 millones.

Todo apuntaría a que en este ejercicio, que es el primer año de gestión del presidente Bernardo Arévalo, el Ministerio de Finanzas (Minfin) tendrá suficientes recursos, pero no podrá hacer uso de la totalidad, pues legalmente no cuenta aún con suficientes espacios presupuestarios.

Entonces, el saldo de caja estaría explicado por los ingresos tributarios que recauda la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y por los recursos que ingresaron por la colocación de un Eurobono por US$1 mil 400 millones, que equivale a unos Q10 mil 836 millones -que aumentó en 6% el saldo de la deuda pública-.

Por otro lado, al 1 de agosto, el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) reportaba una ejecución presupuestaria del 54.27%, equivalente a Q63 mil 419 millones sobre un presupuesto vigente de Q116 mil 866 millones.

No obstante, ese porcentaje no es muy diferente a los de años anteriores, pues por ejemplo, al 31 de julio del 2020 al 2023 (administración de Alejandro Giammattei), la ejecución presupuestaria fue de 46.1%, 46.7%, 51.1% y 55.7%, respectivamente. Y durante el período de gobierno de Jimmy Morales (2016-2019), los registros dan cuenta de niveles de gasto en 49.5%, 48%, 51.3% y 51.2%, a la misma fecha en esos años.

En todo caso, contar con dinero al cierre del 2024, pero porque no se pudo utilizar, fue uno de los argumentos que diputados de las bancadas de oposición en la Comisión de Finanzas del Congreso, utilizaron en su exposición para pedir que se emita un dictamen desfavorable a la solicitud de ampliación que se discutió el pasado miércoles 31 de julio.

Saldo a favor

Sobre el tema, Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y el analista político independiente Douglas González, coincidieron en que sin ampliación aprobada, no se podrá hacer uso de los recursos.

Barrientos es del criterio que aún es prematuro hacer un cálculo preciso, “pero todo indica que el saldo podría rondar entre Q10 mil a Q20 mil millones, con un posible déficit fiscal del 1% del producto interno bruto (PIB), ya que además, están subestimadas las cifras de recaudación tributaria”.

Desde una perspectiva política, González asegura que con los recursos que muy posiblemente quedarán en la caja -unos Q15 mil millones- más los Q11 mil millones de Eurobonos, el superávit superaría los Q25 mil millones, “lo que, en un país con tantas necesidades de infraestructura, salud, educación y nutrición, sería una tragedia. Pareciera que quienes se oponen a la ampliación presupuestaria le apuestan a un fracaso en la implementación de políticas públicas”, anotó.

A su entender, “cuanto mejor sea la capacidad del gobierno de explicar y comunicar los beneficios de la ampliación presupuestaria para la población, más fácil sería para la opinión pública comprender la importancia de que el Congreso la apruebe”.

El Icefi estima que con la colocación de Eurobonos el pasado 29 de julio, ya está cargado un pago de interés mensual de Q57 millones, y que para lo que resta del año, solo por los intereses a los acreedores se estarán liquidando unos Q342 millones.

Definir prioridades

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), comentó que la solicitud de ampliación presupuestaria sigue vigente y aunque solo la mayoría de los diputados de la Comisión de Finanzas votó en contra, falta que el Pleno del Congreso lo entre a conocer.

“Entonces, se esperaría que la próxima semana los miembros de la referida comisión presenten contrapropuestas y consideraciones sobre cómo pueden quedar el dictamen, los montos o el articulado, porque todavía se puede lograr alguna negociación”.

Otro de los escenarios es que si se logra una aprobación, no sería tal como la envió el Ejecutivo. Y si el panorama es desfavorable en definitiva para la ampliación presupuestaria, Lavarreda es de la idea de que el Minfin tendría que entrar de lleno a realizar modificaciones presupuestarias internas, que la Ley Orgánica del Presupuesto permite realizar, “y el espacio que le queda es priorizar el gasto para cerrar el segundo semestre, con los recursos disponibles”.

“A estas alturas ellos -Minfin- tendrán una proyección mucho más detallada de lo que realmente puede ejecutar en lo que resta del año, por lo que se verían más modificaciones presupuestarias”, concluyó.

Minfin: La ejecución es normal

Consultado sobre los niveles de ejecución presupuestaria, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, respondió que el porcentaje ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2024, se ubica en 54.3%, nivel que está por arriba del promedio observado en los últimos 5 años (50.2%) aunque levemente por debajo de lo que se experimentó a julio de 2023 (55.7%).

“A pesar de que la ejecución ha aumentado en los últimos meses en varias entidades, la baja ejecución del Ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda, así como del ministerio de desarrollo social y el ministerio de agricultura, ganadería y alimentación hacen que el porcentaje de ejecución no sea mayor.  Las entidades con menor ejecución han estado haciendo mejoras en la gestión de sus programas y actividades para garantizar el cierre de caminos a la corrupción y las mejoras de eficiencia para el logro de resultados”.

Añadió que en los próximos meses se espera un repunte en la ejecución de las entidades mencionadas, “dado el comportamiento estacional del gasto público y de la priorización de proyectos por parte de las instituciones”.

Impacto de riesgo país

Fredy Gómez, director de la firma consultora Cardinal y exfuncionario del Minfin, explicó que, al no avanzar la readecuación propuesta por el Ejecutivo, podría peligrar la calificación de Grado de Inversión para Guatemala, que se fundamenta en la capacidad de pago del país y no necesariamente significa que se vaya a pagar, sino que es una alerta.

El otro aspecto es que se reducirá el margen de cumplimento de las promesas de campaña, por lo que se necesitarán ajustes presupuestarios para alcanzar las metas “que aún no están claras, pero que políticamente se han expuesto, por lo que habrá que hacer los debidos ajustes”.

Finalmente, consideró que hay dificultades para los programas de inversión pública a largo plazo, con tres factores e incidencias:

• La inversión pública a largo plazo.
• Las metas de gobierno.
• El riesgo de no llegar a una calificación de Grado de Inversión.