Esta situación podría generar un nuevo conflicto social, pues representantes de los pobladores ya advierten sobre posibles acciones, si no se escuchan sus demandas, antes de que Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) intente desalojarlos.
En una citación en el Congreso el pasado 8 de febrero, Augusto Ponce, interventor de Fegua, dijo desconocer el contrato firmado, así como lo relativo a este punto, aparte de que no cuenta con recursos para despejar la vía, según lo establecido en la minuta de contrato.
Mientras, el representante del movimiento de personas que reside en la línea, Domingo Hernández, aseveró que hay preocupación en las familias, pero que no se moverán, si no les ofrecen una opción seria de soluciones habitacionales. Según estimaciones, porque no hay un censo ni registros actualizados, a lo largo de toda la línea férrea habitan unas 65 mil familias.
Desalojo a cargo del Estado
El diputado Carlos Barreda, expresó que, con el contrato firmado entre las empresas indicadas, se pretende comprometer al Estado de Guatemala para que asuma ciertas responsabilidades, tales como este desalojo y reubicación, ya que esa tarea debe ser asumida por Fegua, lo que implica gastos millonarios, sin que exista capacidad técnica, operativa ni financiera para afrontarlos.
El desalojo y traslado de las familias debe realizarse antes de que venza el plazo de 24 meses estipulados para iniciar las operaciones del Tren Bicentenario, lo que se considera imposible porque no existe una logística adecuada para montar una actividad de esa magnitud.
Por lo tanto, el legislador advirtió que Fegua no logrará desalojar a las familias, lo que dará motivo para que Remed, S.A., plantee una demanda por el incumplimiento del Estado y se comprometa el patrimonio de los guatemaltecos.
Por lo pronto, Ponce indicó que, al momento de analizar el contrato, iniciaría las gestiones financieras necesarias para la reubicación de las familias. Pero al consultar a Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, afirmó que no tiene ninguna solicitud de ampliación o readecuación presupuestaria de esa entidad para tales fines, aparte de que todo requerimiento debe ser analizado.
Ya hay antecedentes
Edwin Rolando Chávez, coordinador de asesoría jurídica de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), aclaró que la PDH no está en contra del proyecto, pues desde el punto de vista económico, puede traer beneficios a la nación, pero la impugnación planteada es en aras de la transparencia, ya que el evento se debió regir por la Ley de Contrataciones, aparte de que el Estado debía tomar las medidas preventivas necesarias a efecto de determinar la ubicación de todas las personas que ocupan la vía férrea, de conformidad con los compromisos internacionales.
Pero se han interpuesto acciones de amparo debido a que Ferrovías nació a la vida jurídica como una entidad de derecho privado, pero a raíz de un laudo arbitral, Guatemala tuvo que pagar más US$14 millones a Railroad Development Corporation (RDC), y las acciones pasaron a ser propiedad del Estado.
Dicha sentencia obedeció a que, en el contrato firmado con RDC, también se establecía el desalojo de las vías: “ellos (RDC) demandaron al Estado de Guatemala en razón de que Fegua no cumplió con desalojar la línea férrea, lo que impidió que se realizara el trabajo. O sea que, de nuevo, se comprometieron a ejecutar acciones que definitivamente no saben si pueden cumplir”.
Chávez remarcó que uno de los grandes temores es que detrás de esta negociación entre Ferrovías con Remed, S.A., esté la intención interponer una nueva demanda, se acuda a otro arbitraje y otra vez, el Estado tenga que pagar una indemnización millonaria.
Frente de resistencia
Por su parte, Hernández comentó en nombre de los pobladores que, desde el contrato 402 celebrado en 1997, no se ha contemplado la situación de los pobladores de línea férrea, quienes están a la expectativa de este nuevo documento suscrito en enero.
Manifestó que el posible desalojo conlleva una violación al derecho humano de acceso a la vivienda, aparte de que hay familias que viven ahí desde hace más de 65 años, aunque reconoce que son terrenos que forman parte del derecho de vía para la circulación del tren.
“Si el Estado proporciona un lote para cada familia, con todo gusto nos vamos. Si habrá un desalojo, nos deben garantizar la seguridad de vivienda en otros terrenos”. Pero a su juicio, uno de los problemas es que las autoridades actuales no asumen su responsabilidad.
Remarcó que en este contrato predomina un interés económico, contrario a la situación de la problemática habitacional, específicamente de aquellas personas que no cuentan con capacidad económica para trasladarse a otros lugares.
“Y si la inversión será de US$700 millones, debió incluirse una cantidad para trasladar por etapas a las familias, si el Estado no tiene capacidad financiera”, planteó Hernández. Además, recordó que en el 2010 cuando hubo interés de algunas empresas coreanas por reactivar el servicio ferroviario y ellas sí ofrecían la construcción de edificios de apartamentos, alejados 10 metros de los rieles, para ubicar a las familias.
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“Si nos quieren desalojar, sin ninguna propuesta de solución, habrá manifestaciones, bloqueos de carreteras y medida de presión, ya que ahí habitan madres solteras, adultos mayores, adolescentes y niños”, advirtió.
Activos deben preservarse
Para José Barbero docente e investigador en el Instituto del Transporte de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina (Unsam), las autoridades de los países centroamericanos deben tener presente que la infraestructura en la que alguna vez se construyó y pasó el ferrocarril, tiene un derecho de vía otorgado.
“Hay que tratar de preservarlo porque son activos estratégicos que tal vez no se utilicen en el corto plazo, pero posiblemente en 10 años tendrá un valor que no se sospechaba, así que no se debe regalar esas tierras”, aconsejó.
