Legislación
El Mineco advierte que, de aprobarse, algunas enmiendas debilitarían la Ley de Competencia
El viceministro Antonio Romero indica que el sector empresarial no debe formar parte de la Superintendencia y que ninguna actividad productiva debe excluirse de su supervisión.
Las enmiendas que se discutan y se aprueben no deben excluir sectores y no tienen que debilitar la institucionalidad, ya que pueden coexistir muy bien las normas entre las entidades de competencia y los reguladores sectoriales. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Luego de que la Comisión de Economía del Congreso de la República recibiera más de 90 propuestas de enmiendas a la iniciativa 5074, Ley de Competencia, las autoridades realizaron un examen preliminar y detectaron algunas inconsistencias que, de aprobarse, podría poner en riesgo la naturaleza de la ley.
Antonio Romero, viceministro de Economía, detalló a Prensa Libre que se realizó una revisión preliminar de las modificaciones propuestas en conjunto con la Dirección de Competencia de esa cartera y una primera posición oficial, es que recomendarán que no se hagan enmiendas que vayan en la línea de excluir sectores económicos, pues por prácticas internacionales, deben incluirse las actividades que cuenten con regulación sectorial especifica, ya que el tema de la libre competencia tiene sus propias complejidades y especialización.
El funcionario, recalcó que las enmiendas que se discutan y se aprueben no tienen que debilitar la institucionalidad, ya que pueden coexistir muy bien las normas entre las entidades de competencia y los reguladores sectoriales. Es decir, que se debe dejar la especialización de los mercados a la Superintendencia o Agencia de Competencia, respetando los límites institucionales entre ellos.
Una segunda sugerencia es evitar los conflictos de interés en lo que respecta al nombramiento del Directorio y del Superintendente, y no involucrar al sector privado organizado en las decisiones de este tipo porque “no es posible permitir un claro conflicto de interés frente a una autoridad que regula justamente la participación de las empresas privadas en el mercado”.
Uno de los criterios en esta fase de discusión, es el poder de la autoridad de competencia a institucionalizar, en cuanto al tipo de prácticas que se sancionará, por ser más las que afectan la competencia y de acuerdo con recomendaciones de diversos organismos, sobre todo debe prohibirse la colusión de precios entre empresas competidoras.
Según el viceministro, ese tipo de prácticas podría tratar de defenderse por parte de los sectores involucrados bajo el argumento de eficiencia, lo cual contradice toda práctica internacional, porque no hay ninguna posibilidad de que bajo el argumento de la eficiencia se puedan defender los precios acordados entre competidores.
Aclaró, que es distinto el otro tipo de prácticas (las relativas) entre no competidores, que la iniciativa 5074 establece, como las relaciones entre proveedores y distribuidores, y hay un espacio en la práctica internacional que abre esa posibilidad.
Cero exclusiones
Sobre la exclusión de sectores, Romero afirmó que no es nuevo, y hay algunas posturas que buscan dejar fuera a algunos sectores aduciendo que ya existe regulación sectorial. Para el Mineco, no es un argumento válido porque una cosa no excluye a la otra.
A su entender, la autoridad, promoción y protección de la competencia, tiene su especialidad y la práctica internacional indica que ese poderío abarca incluso a sectores regulados, con las coordinaciones del caso y, por supuesto, respetando su ámbito de autoridad.
“Qué mejor que una autoridad especializada para encargarse de la observación hacia lo que hace la competencia en el mercado. Todas las atribuciones que puedan ser de carácter técnico o autorizaciones de otro tipo, quedan en las entidades sectoriales que van a seguir su rol importante y algunas de ellas cuentan con algún tipo de competencia. Pero en la realidad no es operativo, queda inactiva esa función y no es aplicada”, apuntó.
A su juicio, dejar excluido a algún sector, es dejarlos sin regulación, aparte de que “se han visto indicios de prácticas como el acuerdo de precios”.
Citó como ejemplo, que los sectores hidrocarburos y telecomunicaciones, cuentan con su propia regulación sectorial y de quedar excluidos, “debilitaría mucho a la ley y a la institucionalidad, porque además son sectores con un peso muy importante en la economía y con un impacto muy fuerte en los consumidores que necesitan esa mirada de competencia para que los mercados no tengan barreras y quienes ahora están participando, lo hagan sin impedir que nuevos competidores participen en el mercado, que finalmente es lo que se busca”.
El funcionario añadió que “hay mercados muy concentrados, se escucha de barreras anticompetitivas y de permanecer ese statu quo vamos a quedar como estamos y se perderá la oportunidad de crear una institución que abarque a todos los sectores de la economía”.
Concluyó con que al tener mercados competitivos donde hay una libre participación de entrada y salida de las empresas, donde compitan en base a eficiencia, calidad, atención, en lugar de poner barreras a competidores, se tendrá una economía más sana, un potencial de mejores precios y calidad de productos y más empleo. “No se puede crear una entidad débil y que no dé los resultados que se buscan”, finalizó Romero.
La otra cara
El viceministro, afirmó que se ve con buenos ojos, en la iniciativa original, la propuesta de creación de una Superintendencia de Competencia, que es la mejor estructura, dado el entorno institucional, así como el nivel de independencia que se necesita para la promoción y protección del libre mercado.
Sobre todo lo anterior, se solicitó una postura al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), pero al cierre de esta edición, no se había obtenido respuesta.
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