Dicho reglamento fue emitido por el Consejo Directivo conforme a las literales b y e del artículo 16 de la Ley Orgánica del instituto, decreto 64-94, y reformado en marzo del 2013. Específicamente, la base legal para este evento es el artículo 58 del reglamento, el cual le permite la coparticipación con particulares o socios para ejecución de proyectos aportando activos.
Dicho artículo refiere que la entidad podrá desarrollar y/o prorrogar conjuntamente con particulares o socios la ejecución de proyectos de su interés, aportando plantas o infraestructura productiva de generación que se encuentren operando o fuera de operación, líneas de transmisión, estudios o proyectos que se encuentren en una etapa de su desarrollo y/o finalizados.
Y la empresa o persona interesada deberá aportar todos los fondos que sean necesarios para el desarrollo, ejecución, complementación y puesta en funcionamiento del proyecto en particular, sujeta a cincos bases descritas en el artículo.
De ubicarse el proyecto en el norte del país, el aporte del INDE sería una línea de transmisión de 230 kilovoltios entre Puerto Barrios y Morales (Izabal) la cual se tendría que construir. Y si el proyecto se ubica en el sur, los activos que aportaría el Inde serían la finca Mauricio y la central térmica en Escuintla que se encuentra en el kilómetro 66, antigua carretera a Puerto San José, municipio de Escuintla.
La central inició operaciones con dos unidades generadoras en 1969, cuenta con varias turbinas de gas y varias de vapor, aunque en la actualidad no todas están disponibles para generar, y tiene una potencia de 38 MW, pero el Inde está enfocado en la generación con sus hidroeléctricas.
No se brindaron datos sobre el valor de los bienes o la inversión necesaria porque estos se tendrán luego de la valuación que se está efectuando, agregó.
“No es una licitación”
Quijivix enfatizó que se trata de la búsqueda de un socio y no es un modelo de licitación como los eventos que se suben a Guatecompras. “En ese momento vamos a dar los tiempos necesarios para la preparación de ofertas dentro del proceso”, agregando que será un proceso abierto y con transparencia garantizada por el mismo reglamento y legislación relacionada.
Ante la duda de quién garantiza que sí haya competencia entre las ofertas, comentó “entiendo la pregunta y ya me la han hecho varias veces. Primero, los actos de la administración son públicos; segundo el reglamento es bien claro y en eso nos tenemos que regir; el INDE efectuará la difusión del proceso de acuerdo con lo establecido en el reglamento, invitando a los interesados en participar y si hubiera interesado en la negociación, se adjudicará a quién ofrezca las mejores condiciones económicas y ventajas”.
Inicialmente, la entidad ya divulgó en febrero del 2023 una invitación a manifestar o expresar interés, a la cual respondieron ocho empresas. “Pero eso no quiere decir que otras compañías no puedan participar cuando se lance el evento”.
El artículo 31 del reglamento refiere que esa expresión de interés puede convocarse por medio del sistema Guatecompras o el que establezca el Inde y el plazo para presentar la expresión de interés no deberá ser mayor de 5 días hábiles a partir de la publicación en un medio de comunicación escrito. Ahora prevén continuar con los siguientes pasos para el evento.
Al ser consultado acerca de quién o qué instancia evaluará las condiciones o términos de referencia, así como las ofertas que se presenten, mencionó que será la gerencia general del Inde y, aunque no se integre una junta de licitación, sí se conformará una junta adhoc para el tema.
“Sí se va a nombrar una junta, pero no es la misma que revisa los expedientes. Una junta ad hoc para el tema es importante”, expresó.
Si hubiere interesados la negociación se llevará a cabo con quien ofrezca las mejores condiciones económicas y ventajas para el Inde, refiere el numeral 3 del artículo 58, mientras que el 4 establece que cuando se tome una decisión, el Consejo Directivo, previo informe de la gerencia general, evaluará la aprobación de lo actuado y de aprobarlo celebrará el contrato de participación con la empresa seleccionada, o de la cual el Inde sea socio, quedando a salvo la propiedad de la planta de generación y sobre los activos que aporte el Inde, así como sus derechos, asegurando la utilidad o ganancia que deba recibir, refiere el numeral.
La recepción de fondos por parte del Inde, no podrá ser inferior a la que hubiere recibido con la operación del proyecto conjunto seleccionado, añade esa disposición.
Otra consulta al funcionario fue acerca de cuánto tendría que invertir el Inde en esa participación y cómo sería el retorno de la inversión y utilidades cuando ya se genere y comercialice, a lo cual indicó que la participación va a depender de la valuación de los activos mencionados.
Agregó que, en el reglamento, la condición para el evento es clara y el criterio de calificación, ya que según el artículo 58 se podrá suscribir dicho contrato siempre que la negociación sea favorable para los intereses del Inde y se garanticen sus derechos. De no cumplirse algún requisito, no se adjudicará, aseguró.
¿Por qué impulsan el proyecto?
El presidente del Inde argumenta que la entidad ya hizo un informe de detección de necesidades. A su criterio, más que el procedimiento, se deben analizar las razones por las que el Inde quiere hacer un evento de gas y se debe a la falta de más energía que está experimentando el país porque luego de ser exportador, ahora el 16% de la energía del país es importada, de la cual el 14% está viniendo por México y 2%, de El Salvador. “La semana pasada llamaron de 3 o 5 horas a generar con las plantas de diésel. Entonces el precio spot pasó de US$120 a US$355”, añadió.
Y amplió que en el 2020, fecha en que aún no estaba en el cargo, se canceló un contrato con México en el cual ese país proveía 120 MW de potencia firme al Inde, aunque el plazo del contrato era el 2029.
Por otro lado, la convocatoria a la manifestación de interés en febrero pasado causó los señalamientos de un político respecto a que, desde ya, hay preferencia por una empresa en particular. “No le prestamos atención a esas declaraciones porque son temas tan técnicos, que resumirlos en 30 segundos de un tick tock” no es serio. Este será un evento transparente y se está llevando a cabo el proceso de una forma técnica”.
Otra entidad que se pronunció fue el Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras), indicando que votó en contra de la búsqueda de esa coparticipación para generar porque se puede poner en riesgo al Inde, el que se debe enfocar en su función de ampliar la electrificación rural.
“En un momento tan incipiente del proceso, es cuestionable una declaración de un riesgo técnico financiero porque no sabemos cuánto van a valer las líneas y el proyecto, hoy está todavía como en un proceso de borrador”, expresó el directivo del Inde.
Dudas legales y técnicas
Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana (AC), dijo que todas las entidades estatales, no importando que sean autónomas o descentralizadas, deben circunscribirse a la Ley de Contrataciones del Estado porque es una ley general.
Pero comenta que en la práctica, en entidades como el Inde, la Universidad de San Carlos y otras, confunden lo que es autonomía con ilegalidad y con el uso de un reglamento interno han evadido durante mucho tiempo a la Ley de Contrataciones del Estado.
A su criterio “es inconstitucional y no tiene asidero legal que ellos usen una norma paralela a la que ya está establecida en las instituciones públicas. Las municipalidades también son autónomas y usan la Ley de Contrataciones del Estado. O sea, hay un ente rector que surge incluso de la misma Constitución de la República y por lo tanto, debiesen respetar esa normativa”.
A criterio de Cux los controles son muy laxos en el reglamento del Inde y están hechos a la medida para poder realizar ese tipo de transacciones, por lo que “hay un gran riesgo de corrupción porque si no existe una licitación pública, sin los criterios tiene la Ley de Contrataciones, que son mínimos, no vaya a ser con este reglamento sea peor porque no hay ningún tipo de control que vaya a limitar la discrecionalidad y se deje de promover competencia. Y hace ver que se podría ejecutar el gasto público sin ningún control”.
Por aparte, el exviceministro de Energía y Minas, Jorge Mario García Chiu, indica que el reglamento de contrataciones del Inde los podría facultar para algunas compras o contrataciones, pero cuando se trata de proyectos grandes, sobre todo como el que se está promoviendo, debiera hacerse con una licitación abierta e internacional. Y para evitar inconvenientes debiera ser a través de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre todo porque se trata de lograr los mayores beneficios de una entidad estatal.
“Lo importante es que sea un evento competitivo y abierto; si no, se generan suspicacias. Si el reglamento se los permite, siempre y cuando sea a través de un concurso público, sería algo similar, solo que con un procedimiento propio, pero se debe analizar porque el Inde no podría obviar la Ley de Contrataciones. El acuerdo del Inde es un reglamento posterior a la Ley Orgánica y eso nunca va a ser superior a una ley aprobada por el Congreso. Hay jerarquías entre las leyes, regulaciones y disposiciones”, expresó.
Y considera que es un error que con la intención de agilizar procedimientos, se hagan reglamentos propios que no necesariamente estén en armonía con la Ley de Contrataciones.
La otra duda comentada por García Chiu, es cómo se va a proveer el gas natural que necesiten para generar energía. Las opciones visibles son aprovechar el pozo en Petén que está explotando gas; o importar gas natural, lo que se ve poco factible desde la parte técnica, ya que México tiene problemas de abastecimiento de gas para su mercado interno y el gasoducto no llega hasta el país.
Además, importarlo por barco no es tan fácil porque para poder transportarlo por esa vía, hay que licuarlo y después volverlo gaseoso de nuevo a través de una planta especial que Guatemala no tiene.
