Los expedientes corresponden a un tramo de US$300 millones (Q2 mil 310 millones) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el otro con el Banco Mundial (BM) por US$250 millones (Q1 mil 925 millones), que se encuentran en la Secretaría General de la Presidencia, antes de ser enviados al Legislativo, por tratarse de contratación de deuda soberana.
Estas iniciativas llevan al menos dos años de análisis, lo que incluye las comisiones a pagar, las tasas de interés, plazos y otras condiciones, así como las diversas opiniones que por ley se requieren, como en el caso de la Junta Monetaria.
Enumera las ventajas
Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas, explicó a Prensa Libre que estos recursos se destinan a apoyo presupuestario y concretamente, “lo que se busca es sustituir deuda”.
Recordó que el año pasado se planteó un préstamo similar por US$500 millones (para sustitución de deuda), lo que permitió disminuir la cantidad de bonos del Tesoro que el Congreso había aprobado, con un ahorro de unos Q1,500 millones en pago de intereses.
Entonces, esta operación también consistirá en una sustitución de fuente “y en la misma propuesta de iniciativa de ley queda claro que se disminuyen los bonos y se aumentan los préstamos, pero al final, la variación neta sería cero”, informó.
Para aclarar cualquier duda, el funcionario precisó que estos préstamos (o sea los nuevos) tienen el mismo fin, aparte de que “tienen una tasa de interés muy baja” y eso puede significar un ahorro de unos Q35 millones anuales en el pago de interés: unos Q15 millones con el de US$250 millones; y Q20 millones con el de US$300 millones.
El ministro también afirmó que no habrá ningún impacto en el tema presupuestario, ya que el Congreso aprobó el tramo de los bonos del Tesoro. “Es una sustitución, no tienen ningún impacto; es positivo para el presupuesto, porque va a brindar un ahorro de intereses y de todos los servicios. Y se avanzó porque eso le permite disponibilidad al gobierno en un año, aparte de que los bonos tienen periodo de colocación y son más caros”, justificó.
Y recordó que, en promedio, el año pasado la colocación de bonos del Tesoro se realizó a una tasa de interés de 5.3 y para el préstamo de US$500 millones, se aceptó una tasa de interés de 0.75%. Para estos nuevos créditos, se considera que la tasa estará entre 1.25% a 1.50%.
Posibles riesgos
Para Érick Coyoy, ex viceministro de Finanzas, estas operaciones de sustitución de fuente de financiamiento son positivas, y conviene aprobar los préstamos porque se trata de un endeudamiento mucho más bajo que con los bonos del Tesoro; sobre todo, ahora que las tasas de interés comienzan a subir.
Pero uno de los riesgos que percibe, es que cuando el Congreso entre a conocer las iniciativas, no se comprometa a subir los gastos y que no sea una sustitución de fuente de financiamiento como lo plantea Finanzas. O sea que el Legislativo podría aprobar esos créditos, bajo la condición de cambiar el destino de los recursos hacia gasto público, precisamente por tratarse de un año electoral.
Ello, porque los acreedores no le ponen un destino especifico a los préstamos de apoyo presupuestario, sino que el Estado deudor puede utilizarlos a su conveniencia.
Principales acreedores
En el reporte de Crédito Público del Ministerio de Finanzas, al 30 de enero del 2022, el BID, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) son los principales acreedores de Guatemala.
Por ejemplo, al 30 de noviembre pasado, el endeudamiento con el BID es de US$4 mil 227 millones, con un saldo de US$1 mil 918 millones; con el BIRF, están contratados US$2 mil 898 millones y hay un saldo pendiente de US$2 mil 114 millones; y con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) los compromisos suman US$2 mil 332 millones, con un saldo de US$612 millones.
El reporte indica que, a esa fecha, el endeudamiento de préstamos externos y eurobonos era de US$17 mil 87 millones, con un saldo de US$11 mil 89 millones.
