Solo el pasado el pasado 11 de enero, el Congreso de la República aprobó el decreto 1-2023, que establece una ampliación de la tarifa social y presupuestaria para el Instituto Nacional de Energía Eléctrica (Inde) por Q197 millones para cubrir a los usuarios que consuman entre 89 y 125 kilovatios hora/mes para el primer semestre del año.
Estos aportes no son exclusivos de la gestión gubernamental actual, pues desde varios gobiernos atrás, se han implementado varios programas de apoyo social para el consumo de energía.
El detalle
De los Q5 mil 575 millones de aporte social a la tarifa de energía eléctrica del periodo 2018-2023, unos Q3 mil 141 millones corresponden al Inde o sea el 56.3%, y Q2 mil 434 millones al Gobierno (43.6%), operaciones que realiza a través del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
Las cifras revelan que el monto anual del 2018 fue de Q762 millones; en 2019, Q797 millones; en el 2020, año en el cual se presentó la crisis sanitaria, se aprobó el mayor subsidio por Q1 mil 176 millones y fue cuando el Congreso aprobó un aporte de Q630 millones; en 2021 fueron Q850 millones; y en 2022 el total fue de Q1 mil 60 millones y se atribuyó al aumento del precio del barril de petróleo a escala mundial influido por factores geopolíticos. Para 2023 se proyectan Q928 millones, pero aún falta que se cubra el aporte para el segundo semestre del año.
Además del aporte social del gobierno por Q587.5 millones en 2022, también se destinaron Q2 mil 339.6 millones para apoyo a los consumidores del galón de diésel; gasolinas regular y super; y para los compradores de gas de gas propano (Q419 millones), que hacen un total de Q3 mil 347 millones, según el reporte que presentó el Minfin, y que fue financiado por los saldos de caja y la recaudación tributaria.
Ampliación del beneficio
Melvin Quijivix Vega, presidente del Consejo Directivo del Inde, expuso que con la ampliación que aprobó el Congreso la semana pasada, se trasladarán Q197 millones para continuar brindando el aporte a los usuarios que consumen menos de 125 kilovatios/hora, lo que permitirá llegar a 2.4 millones de hogares, beneficiando a 14.1 millones de personas.
Aclaró que, con la aprobación del referido decreto, se extenderá el beneficio implementado desde el 2022 hasta junio próximo, y los usuarios que consumen de 0 a 60 kilovatios/hora van a pagar Q0.50 de tarifa; de 61 a 88 kilovatios/hora Q0.93; de 89 a 125 kilovatios/hora pagarán Q1, “que son las tarifas objetivo que el Inde planteó en los análisis”.
En el presupuesto general de ingresos y egresos aprobado para este ejercicio ya se habían asignado como aporte a la tarifa social Q360 millones, pero ahora se sumarán los Q197 millones mencionados, “que nutrirán las finanzas del Inde para seguir brindando ese aporte” que alcanzará los Q557 millones.
En total, se estiman Q1 mil 45 millones para la tarifa social, y de los cuales el Inde estaría aportando unos Q488 millones.
El referido instituto se financia por medio de dos fuentes de ingresos: la generación y venta de energía con las nueve plantas que posee, y por los ingresos derivados de la transmisión de energía, que es un peaje regulado que establece la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).
Filtros de control
Quijivix Vega recalcó que el aporte que se brinda al usuario es directo, en el sentido de que llega por medio de las distribuidoras de energía eléctrica en su factura, y la otra es que la institución realiza las auditorias necesarias para optimizar este programa en los hogares que están siendo beneficiados, aparte de una auditoria informática que permite trabajar los flujos de datos de los 2.4 millones de hogares.
Citó por ejemplo que las sociedades anónimas u oficinas comerciales o profesionales que consumen menos de 50 kilovatios/hora no son elegibles porque tienen una actividad productiva, y por esa razón se debe focalizar aún más el aporte y llegar al que realmente lo necesita.
Sobre la permanencia del aporte, el presidente del Inde resaltó que se han presentado modificaciones, y el objetivo es focalizarlo para que llegue a la población con menos recursos, como respuesta al alza de los precios de los combustibles que se presentaron el año pasado, y de ahí salió el subsidio extraordinario. “Hoy, siete de cada 10 guatemaltecos reciben aporte Inde de la tarifa social”, enfatizó.
Luego manifestó que en mayo próximo se tendría que presentar una nueva solicitud de ampliación presupuestaria para cubrir el segundo semestre del año y aunque es muy prematuro hablar de cifras, adelantó que podría ser muy cercano al monto aprobado.
Aclaró que este requerimiento también está relacionado al movimiento de precios de los derivados del petróleo que se presenten en el mercado internacional y otros análisis técnicos.
¿Estabilizador social?
Para Miguel Ángel Moir, exjefe de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), la implementación de los programas de subsidios estatales a los productos energéticos tiene que interpretarse como un estabilizador social; pero sobre todo, como un mecanismo para controlar posibles conflictos.
Y subrayó que se trata de una acción política, ya que se debe quedar bien con la población electoral y actúa como una válvula de escape para tener controlada a la población y evitar cualquier conflictividad social por el alza de los precios de los combustibles y de la electricidad.
A su juicio, las medidas responden a una prevención de posible conflictividad social o movimiento de disturbios en torno al aumento de los derivados del petróleo y su impacto en los bolsillos de los hogares, que puede generar descontento generalizado, por lo que correspondía aplicar subsidios y aportes.
