Pero en el dictamen, la Comisión lo estableció en Q76 mil 315 millones, es decir Q1 mil 121 millones más, colocando como bolsones varios impuestos directos e indirectos, sin establecer en cuáles se recaudará más. “Esperaríamos que se diera el debate en el pleno y los diputados soliciten información de cómo se llegó a ese número exacto y con qué impuestos”, dijo.
El segundo punto es que también decidieron incrementar el presupuesto de gastos en Q1 mil 947 millones, y aunque amplía el monto de la recaudación, se mantiene el déficit fiscal, aparte de que no se especifica cómo se repartirá el dinero en distintas instituciones, pues del monto de ingresos ordinarios dependen las asignaciones para entidades establecidas en la Constitución; por ejemplo, para municipalidades, el Organismo Judicial, el deporte federado y otros.
“La pregunta es cómo creció la meta de recaudación y los ingresos corrientes en Q1 mil 947 millones, pero se evaden todas las asignaciones que la Constitución manda. Entonces, también queda la duda de cuánto será el presupuesto de ingresos ordinarios del Estado”.
Es decir que los ingresos corrientes de la propuesta del Ejecutivo eran Q79 mil 630.66 millones y la comisión los dictaminó por Q81 mil 577.66 millones, mientras que el monto del gasto era de Q103 mil 992 millones, pero los diputados lo dejaron en Q105 mil 992 millones.
Lavarreda explica que se sigue con la práctica de establecer una serie de destinos muy puntuales, pero hace falta incluir una explicación detallada de los resultados se van a lograr con esas asignaciones.” Es necesario que los montos tengan un respaldo técnico y cumplan con los lineamientos de la Secretaría de coordinación y el ministerio de Finanzas”.
El tercer punto que menciona es que se continúa con el hábito de tratar de legislar o modificar otras leyes o hacer excepciones por medio de una Ley de Presupuesto anual. Por ejemplo, se incluyó un artículo nuevo, el 115, referente a la asignación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales.
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En una parte indican que lo que no ejecute esa institución en el 2022 lo podrán usar en el 2023, con lo cual están haciendo una excepción al artículo 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que los sobrantes de cada año se deben ir al fondo común. Y en otro párrafo se faculta al TSE para que haga las adquisiciones o contraten por excepción sin licitar y bajó excepción.
En el artículo 120 también se les está dando la excepción de cumplir con el artículo 38 de mencionada ley a los Consejos de Desarrollo que tengan saldos pendientes de ejecutar de los recursos extraordinarios asignados por medio del decreto 20-2020.
La cuarta falla es que se ignoró la sugerencia de varias entidades en el sentido de que todo ingreso y gasto incluido en el presupuesto tenga soporte técnico y cumpla las leyes. “Se menciona que no se pueden pagar gastos de funcionamiento con deuda pública, como la proveniente de bonos, pero al final se hace caso omiso. El dictamen no corrigió deficiencias técnicas del presupuesto y más bien las acentuó. Son temas delicados y temas de fondo”.
Recaudación y ONG
Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), explicó que, en términos generales, hay varios señalamientos más que los diputados deben considerar en la última discusión.
La primera, está relacionada con el “ensanchamiento” del déficit fiscal, ya que, si no se logra alcanzar la recaudación esperada, por el lado de los gastos hay compromisos por cumplir. “Lo ideal, es revisar detenidamente esa meta de recaudación, que es elevada, para mantener la estabilidad macroeconómica y, en todo caso, para evitar un “ensanchamiento” del déficit fiscal, se debe revisar a la baja dicha meta.
El segundo error detectado por Prado es que no se evidencia que vayan a atenderse de mejor manera las grandes prioridades que siguen siendo la salud (red hospitalaria y combate a la pandemia), la seguridad alimentaria y la educación. “Sobre todo, en esta coyuntura porque se necesita introducir tecnología en el sector público”.
Y el tercer entuerto, dijo que está en los aportes a algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), por lo que es importante que los diputados garanticen que los recursos vayan a entidades que cumplan con una función que el Estado no puede atender en temas de educación o salud y mostrar resultados a la población. Además, que la ciudadanía pueda acompañar el proceso de ejecución de ese gasto en 2022 a través de las herramientas tecnológicas que están disponibles para ejercer la auditoria social.
Otras anomalías detectadas
Por si no fuesen suficientes las 7 observaciones anteriores, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), también señaló que los legisladores no atendieron las recomendaciones para proponer con un gasto enfocado en lograr más bienestar social, crecimiento económico, mayor transparencia y el cierre de espacios para el despilfarro y la corrupción.
Señalan que, en el dictamen de la referida comisión, se “introdujeron asignaciones de gasto público que empeoran las anomalías detectadas en la propuesta original presentada por el Ejecutivo, por lo que exhorta al pleno a eliminarlas”.
Y aparte de mencionar las ya enumeradas, la entidad reitera que, de nuevo, el déficit fiscal se financiará con un incremento en la deuda pública, por medio de bonos del Tesoro, así como como Q5 mil 900 millones en recurso de saldo de caja que provienen de deuda bonificada colocada, pero no utilizada en 2021.
“Los mensajes oficiales que sugieren una reducción en el endeudamiento público en 2022 son engañosos, toda vez que la deuda que financiará gasto en el próximo ejercicio fiscal, incluyendo la colocada en 2021 y en 2022, será de Q21 mil 900 millones”, indica.
¿Qué dice el Minfin?
Para Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas y quien fue diputado hace dos legislaturas e integró la Comisión de Finanzas, dijo que la primera y segunda lectura del presupuesto son de oficio, pero la más importante es la tercera, que puede ocurrir este jueves y en la que se pueden presentar enmiendas, discutir por artículos y lograr la aprobación final.
A su juicio, el proceso va en orden, pero espera que exista el espacio suficiente para discutir, socializar la propuesta y escuchar, para que, una vez aprobado, no existan críticas como las del año pasado.
El funcionario aseguró que los cambios presentados en el dictamen no ponen en peligro la integralidad del plan de gasto y reconoció que hubo cambios consensuados en el sentido de incrementar en Q1 mil 947 millones el techo de la recaudación, así como bajar en Q1 mil millones la contratación de nueva deuda pública. “Pero, al igual que en otros años, se incluyeron algunos proyectos y cambios en ONG que son temas para discutir en el Pleno”.
Recordó que el ministerio ya está fuera de la discusión, pero las modificaciones presentadas no impactan los números macro del plan de gasto. Sobre los proyectos, dijo que son obras que se incluyeron en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que cuentan con registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y que llevan un grado inicial de poder hacerlos, para no comprometer recursos en obras que ni siquiera se van a realizar.
“Yo también estuve en la Comisión de Finanzas y de ahí pudieron salir proyectos con cierto grado de avance y de algún interés para los distritos. A esa comisión llegan diferentes diputados, alcaldes y gobernadores, y siempre sale proyectos adicionales, que no dudo que van a tener un impacto”, remarcó.
