Otros resultados del estudio indican que el 75% de las empresas paga hasta Q100 mil de extorsiones anualmente, mientras que el 25% estima que el monto va de Q101 mil a Q500 mil. También se revela que el 50% de los encuestados considera que las extorsiones aumentaron en un 10% en 2022, principalmente en la región metropolitana y el sur del país.
Incidencia en la inflación
Enrique Lacs, director ejecutivo de la CGAB, comentó que el pago de extorsiones tiene una incidencia en los costos de las empresas, porque aparte de la suma que se paga, se debe invertir en el pago de seguridad privada y algunas veces se deben contratar seguros de vida para los colaboradores que distribuyen productos en zonas de alta peligrosidad. “Esto se suma a los costos operativos de las empresas y, lamentablemente, se traslada al precio de los productos”.
Por su parte, el catedrático universitario y ex viceministro de Economía, Erasmo Velásquez, coincidió en que las extorsiones no solo ponen en riesgo la operación de las empresas, sino que es un costo que se traslada al precio. “Lógicamente, las empresas trasladan ese costo al precio de los productos, de tal manera que las extorsiones son un factor que incide en la inflación”, enfatizó.
“Adicional a las causas que la teoría económica nos explica sobre el incremento general y sostenido de los precios, se debe agregar esta (las extorsiones) que lógicamente van a afectar la capacidad de compra del consumidor final”, argumentó Velásquez.
Otros costos de las extorsiones
De acuerdo con un informe reciente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), referido por la CGAB, en 2022 se registraron 14 mil 725 denuncias ante al Ministerio Público (MP) por el delito indicado, lo que refleja un incremento del 11% con relación al 2021, cuando fueron 13 mil 288.
Aunque las cifras sobre este delito son elevadas, la realidad podría ser incluso mayor, ya que existe un subregistro de casos que no se documenta ante las autoridades, de acuerdo con el informe Extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica: siguiendo el dinero”, que presentó la entidad Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington D.C.
Ese documento señala que las ganancias que perciben los grupos delictivos que se dedican a la extorsión en Guatemala van de unos US$40 millones a US%57 millones al año.
Estrategias
Tanto Lacs, como Velásquez, coinciden en que el problema de la extorsión no es nuevo, sino que data de muchos años y se ve agravado por la falta de respuestas del Estado para atender las causas de origen.
“Por los niveles de extorsión que reportan las empresas, podemos ver que no existe una política contra ese delito, y que la inteligencia civil o militar no está generando los resultados que debería, ya que son los responsables de darle seguridad a todos los guatemaltecos, sean personas individuales o empresas”, enfatizó Velásquez.
Por su parte, Lacs señaló que las empresas no han tenido más remedio que adoptar estrategias para reducir el impacto de las extorsiones y, sobre todo, proteger la integridad de su personal.
Entre estas, destacó el cierre temporal, el traslado o el cambio de puntos de distribución en algunos sectores considerados de alta peligrosidad. También se han cambiado horarios de los repartidores o se ha contratado mayor cantidad de elementos de seguridad privada.
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