El Ejecutivo considera que su nueva propuesta, la cual será presentada en junio, luego de un diálogo social, representará un aumento de Q6 mil millones en la recaudación.
Se trata de la misma suma que se planteó en la reforma del anterior gobierno y en la de agosto pasado.
Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, aseguró que el plan no incluye la modificación de tasas impositivas actuales —creación de nuevos gravámenes— ni el IVA.
El monto adicional que se pretende cobrar representa el 1% del presupuesto del 2017 y se basa, en gran parte, en la capacidad de gestión de la SAT.
En la mira del fisco están los ganaderos, transportistas, deportistas y otros sectores que operan en la informalidad o que se escudan de alguna manera y que necesitan ser formalizados para tributar, explicó Estrada en una entrevista con Prensa Libre.
Las arcas del Estado se mantienen favorables.
Al 30 de noviembre, la SAT logró una recaudación de Q49 mil 812.4 millones.
La meta proyectada era de Q50 mil 302.7 millones.
La brecha fiscal suma Q490 millones.
De ese monto, Q100 millones corresponden al tipo de cambio, Q261 millones al precio del barril de petróleo y Q65 millones no son administrados por el órgano recaudador.
El IVA por importación es un impuesto que se mantiene con tendencia negativa a noviembre.
Ese tributo es recaudado en el servicio aduanero.
La carga tributaria se proyecta en 10.4%.
La SAT ha intervenido a empresas por adeudos tributarios que representan recaudación extraordinaria de Q2 mil millones.
“Estamos realizando supuestos de sectores productivos que no aportan —impuestos— hoy, que no les cobramos, y que van a entrar con las acciones”, subrayó Estrada.
El anuncio se produjo una semana después de que se supiera que el presidente Jimmy Morales autorizó una exoneración de impuestos por Q10 millones a contribuyentes en el 2016, y luego de haberse reunido con el grupo de cooperantes conocido como G-13, en el cual se trató la intención de promover un nuevo paquete fiscal.
El anuncio del ministro coincide con la entrada en vigencia, en febrero del 2017, de la liberación del secreto bancario, que facilitará, con orden de juez, que la SAT conozca la información de cuentas de los contribuyentes. Esto facilita identificar dobles contabilidades, subfacturación y otras inconsistencias que facilitan evadir impuestos.
Apoyo externo
El proyecto, basado en cinco ejes, cuenta con participación de miembros de organismos financieros internacionales que apoyan al Minfin y a la SAT para su puesta en práctica, reveló Estrada.
Para ampliar el número de contribuyentes se crearán distintos regímenes, se impulsará la factura electrónica, la factura especial para el impuesto sobre la renta (ISR) y el documento de transacciones de los intermediarios para facilitar la formalización.
Otras acciones como un impuesto de protección al ambiente requerirán la aprobación del Organismo Legislativo, donde ya hay propuestas al respecto que podría retomar e impulsar el Minfin.
Estrada explicó que se puede aplicar un modelo similar al de Ecuador, donde existe un impuesto al tereflato de polietileno (PET), por los envases, botellas y otros suministros plásticos, con el propósito de incentivar el reciclaje.
El 17 de noviembre pasado se presentó en el Congreso una iniciativa de ley que obliga a las empresas a reciclar y reutilizar el PET, aunque no habla sobre algún estatuto tributario.
En las emisiones de gases se aplicaría un cobro por tipo de vehículo, modelo y cilindraje.
Los impuestos ambientales buscarían generar incentivos y no más ingresos, explicó el ministro.
Reveló que se incluye un capítulo relacionado con la administración del servicio aduanero.
Piden diálogo
De acuerdo con José González-Campo, presidente del Cacif, la propuesta deberá ser discutida de manera profunda, en un diálogo compartido con los diferentes sectores, a fin de alcanzar consensos.
“Además de ampliar la base tributaria, se debe reducir la defraudación, y si se utiliza el secreto bancario, se debe respetar el proceso”, afirmó.
El consultor Juan Carlos Paredes considera factible la propuesta porque una parte de la economía no tributa y tampoco se incorpora a la formalidad.
“Los cálculos prácticos señalan que la SAT puede captar unos Q6 mil millones, porque no se cobra el 12% del IVA y el 7% del ISR”, afirmó el analista.
El INE calcula que cerca del 70 por ciento de la economía la componen actividades informales.
Clima de incertidumbre
Cualquier reforma fiscal que se discuta para el siguiente año provocará un clima de incertidumbre en los “tomadores de decisiones”, señala un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
“Los agentes económicos deberán considerar algunos posibles impactos que podrían surgir”, advierte el documento sobre las perspectivas económicas del 2017.
El investigador David Casasola expuso que el Gobierno no ha generado suficiente confianza y mantiene una baja ejecución de gasto público, y los procesos de intervención contra empresas por adeudos tributarios son algunos aspectos que podrían influir.
“Es un segundo año de gobierno con varios desafíos, y el avance de la reforma será uno. El presidente Jimmy Morales debe enviar señales que generen mayor confianza”, dijo.
En todo caso, explicó que sería interesante la manera como el Ministerio de Finanzas y el Congreso manejarán el consenso acerca del diálogo fiscal.
El informe señala que, además de la reforma tributaria, otros aspectos que podrían ser motivo de incertidumbre son las reformas a la Constitución, sobre todo las del sector justicia, la Ley de Competencia y el efecto Trump, por la vía del
comercio y la migración.
Otro asunto que se debe tomar en cuenta será la decisión del Gobierno en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal.
