El investigador expuso que no se le “puede estar asignando discrecionalidad” a un ministerio en el cual han salido a luz pública varios casos de corrupción.
Esa cartera, que durante el 2017 ha sido foco de señalamientos de corrupción, sobre todo durante la gestión del exministro Alejandro Sinibaldi Aparacio —prófugo—, tiene asignado un incremento de 76%, que equivale a Q3 mil 151.50 millones.
El presupuesto propuesto para el CIV es de Q7 mil 289.50 millones, y el vigente es de Q4 mil 138 millones.
Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, subrayó que el 84.73% de las carreteras pavimentadas registradas en el país ha llegado al final de su vida útil y que el 15.26% de la red vial pavimentada se encuentra en su vida útil —entre 0 a 15 años—.
“Las personas tienen percepción de mayor riesgo de cohecho activo dar o recibir coimas y tiene que ser un acompañamiento de sociedad civil por lo que se está trabajando”, afirmó.
Explicó que una de la innovaciones de obra para los proyectos de infraestructura para el siguiente año es que deben ingresar nuevos jugadores y no solo las empresas que ganaban las licitaciones.
“Los problemas han sido que no se contrata con transparencia, y que la calidad de las obras no cumple con su vida útil”, dijo.
Explicó que para el 2018 ya habrá un buena parte del gasto del CIV contratado para el avance de las obras, con licitaciones nuevas, y propone que más adelante de ese período se realicen las discusiones nuevas, en la cuales hay planteamientos de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y otras del Programa de la Alianza para la Prosperidad.
“Hay planteamientos de hacer un Ministerio de Obras Públicas, hágamelo, pero en el mejor de los escenarios que tengamos un consenso político para hacer una transformación”, expuso.
Mariano Rayo, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asies), afirmó que existe una norma incluida en el proyecto de gasto para el 2018, que el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) participe en la supervisión de obras.
Otros riesgos
Rayo resaltó que también existen otros cuatro riesgos al proyecto del presupuesto, y citó los provocados por shocks macroeconómicos como resultado de una menor actividad económica que impactará en la recaudación fiscal.
“Hay una meta de recaudación tributaria que es alta y difícil de alcanzar, se están asignando más recursos cuando la economía podría enfriarse e impactar”, advirtió.
Maúl dijo que otro riesgo es el incremento del déficit fiscal —gastos programados que superan los ingresos— de 2.5%, que consideran que no es viable.
Rayo explicó que el sistema de pensiones, —Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado— es otra amenaza que continúa en crecimiento. Para el ejercicio 2018, se presupuestaron Q4 mil 855 millones.
También, el aumento a las asignaciones por desastres nacionales ocasionados por fenómenos naturales que está incidiendo en el aumento del déficit fiscal para cubrir los eventos.
Además, las acciones legales en contra del Estado por las demandas internacionales de arbitraje, que para este año fueron de Q535 millones, así como la revisión del gasto tributario.
