Esta fue una de las principales conclusiones de la conferencia “Ley Global Magnitsky: Riesgos, consecuencias y el alcance extraterritorial de la Justicia Americana”, que organizó la Cámara de Comercio Guatemalteco-americano (AmCham) el pasado miércoles 9 de septiembre.
“Hay evaluación”
Durante el foro, se explicó que el nuevo embajador de Estados Unidos, William W. Popp, expuso su intención de aplicar esa sanción. El diplomático asumirá en octubre.
El abogado estadounidense Emil Infante, uno de los expositores en la conferencia, dijo que la ley de sanción ya se aplicó a ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica.
“Viendo hacia adelante, sabemos que hay personas en Guatemala que el gobierno americano está en estos momentos evaluando bajo un proceso de designación”, declaró el especialista.
Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham, recalcó que hay “suficientes razones” del porqué se piensa que va a haber más casos hacia personajes de Guatemala.
La primera razón es que algunos congresistas de los Estados Unidos ya enviaron una carta al presidente Donald Trump solicitando que se incluyan y designen personas de Guatemala dentro de la Ley Magnitsky
Por aparte, dijo Carrasco, el nuevo embajador Popp ya anunció en su audiencia de confirmación como embajador que piensa dar seguimiento a la política de la lucha contra la corrupción de EE. UU. y de aplicar esa norma en el país.
“Anticipamos que con la llegada del nuevo embajador y los anuncios que han realizado algunos senadores vengan más casos de personas guatemaltecas que se incluyan en esta lista. Tenemos señales claras de por qué lo está anunciando el embajador Popp y lo están manifestando congresistas de los Estados Unidos”, remarcó el presidente de AmCham.
Carrasco reiteró que con estas señales que se están dando se piensa ampliar este listado “e implementarlo severamente”.
Lista de guatemaltecos
De momento, los únicos guatemaltecos sancionados en la Ley Magnitsky –y que ya se ha aplicado por varias autoridades de EE. UU.– son el exdiputado Julio Artemio Juárez Ramírez y Gustavo Adolfo Alejos Cambara.
Lo que implica ser incluido en la ley es la muerte financiera, en el sentido de que no pueden hacer ningún tipo de operación o intercambio con empresas estadounidenses, ni sus familiares ni personas que tenga relación, así como el decomiso de bienes –si cuentan con estos– en Estados Unidos.
“En palabras simples: si una persona designada bajo la Ley Magnitsky en EE. UU. tiene un interés del 50% o más dentro de una empresa, negocio, un individuo o entidad que esté realizando negocios con esta persona designada también cae, y todos están sujetos”, dijo el abogado Infante, al reiterar que la aplicabilidad es muy política.
Citó como ejemplo que en el caso de Alejos Cambara, el gobierno de EE. UU., también designó a sus hijos, su esposa y “sabemos que también está mirando de cerca a personas que tenían negocios con él para también designarlos en la ley”, describió el experto en la actividad.
Infante recordó que en la lista latinoamericana hay personas de Brasil, México, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, con un historial de corrupción en el sistema político y financiero global relacionadas al narcotráfico. “Son países con un escrutinio elevado dentro del programa de Estados Unidos” dijo.
En el caso de Brasil, el especialista mencionó el caso de la constructora Odebrecht y de la empresa Petrobras. En México, de la compañía Pemex, en Bolivia, del expresidente Evo Morales, y precisó que Guatemala es uno de los países que ha tenido personas incluidas.
Las personas sancionadas pueden estar sujetas a encarcelamientos o pago de multas significativas.
Muerte financiera
Tanto Infante como Carrasco expusieron que la aplicación de la Ley Magnitsky implica también el retiro de la visa.
“Ninguna entidad en Estados Unidos puede hacer negocios con estas personas, todas las tarjetas de crédito y bancos guatemaltecos hacen negocios con bancos estadounidenses, no podrán tener ningún producto financiero porque serían sancionados”, recordó Carrasco.
Infante recomendó a las empresas, compañías y personas que deben prevenir y ejercer control con programas estrictos de cumplimiento, basados en riesgos y basados en cada operación comercial.
Precisó que hay ciertos sectores productivos que podrían verse perjudicados, –si hay una designación contra una persona– por lo que deben preparase y “ya no es como antes que había una lista y que se aplicaba a todo el mundo”. Ahora todo es individualizado a las empresas con las que se esté tratando.
El abogado mencionó que hay empresas que verifican antecedentes y auditorías de terceros para prevenir a las empresas un problema relacionado con esta legislación.
“Los empresarios deben estar seguros de la contratación de su personal en los puestos altos de que no tenga problemas con la ley con corrupción, violaciones a los derechos humanos, lavado de dinero o narcotráfico”, señaló Infante.
El abogado indicó que para que una persona sea designada a esta sanción implica que es parte de un caso “bien fundamentado”.
Registros por la IVE
El reporte de análisis de transacciones financieras de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) indica que del 1 de enero hasta el 4 de septiembre el monto denunciado por lavado de dinero en Guatemala es de Q1 mil 163 millones, y es menor a los Q3 mil 299 millones del año pasado, lo que equivale a una caída del 64%.
Mientras que los Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) son de 2 mil 923 y menor a los 4 mil 510, es decir, un 35% menos.
Las denuncias y ampliaciones de denuncias se mantienen en 214, y el número de personas involucradas es de 2 mil 28, según las estadísticas.
