El ritmo de urbanización de las poblaciones se acelera en todo el mundo, característicos del crecimiento explosivo de las ciudades, sobre todo por el veloz aumento de los habitantes y por el éxodo rural–urbano. El objeto principal de la explotación de los recursos naturales es el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano. Sin embargo, la experiencia pone de relieve que el progreso social no se da como consecuencia automática del desarrollo económico. El proceso de urbanización actual y la acelerada explotación de los recursos naturales fomentan el desajuste social y el crecimiento persistente de áreas de desarrollo espontáneo en los grandes centros urbanos.
Es por ello que se requiere una planificación acertada del medio físico, definiendo los diversos componentes de un programa de desarrollo, distribuyendo y fijando en un territorio dado zonas para fines industriales, agrícolas, residenciales, comerciales y culturales, y estableciendo un sistema racional de transporte y comunicaciones, suministros y distribución de servicios públicos. En la planificación urbana deben estar contenidas las metas que se pretenden obtener, indicando la prioridad para alcanzarlas en el tiempo y la disponibilidad económica financiera.
Entre los objetivos, principios y normas con el esquema físico, deben estar: 1. distribución general de la tierra para uso residencial, comercial, industrial, público, etcétera. 2. Movilidad: peatonal, de tránsito lento domiciliario, de tránsito rápido, regionales interregionales, transporte, etcétera. 3. Servicios públicos y privados, tales como educación, salud, esparcimiento, administración, y públicos, como agua, drenajes, electricidad, gas, etcétera. Recientemente, Fundesa (Fundación para el Desarrollo de Guatemala) organizó una conferencia en la que presentó el resultado de investigaciones y estudios a través de un ambicioso proyecto denominado “MEJOREMOS GUATE”.
Fundesa tiene como misión trabajar como un centro de pensamiento e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, bajo los principios de una economía de mercado y apego al estado de derecho.
Dentro de los temas que se tocaron, me llamó la atención la frase: “El punto de partida para la creación de nuevos empleos es vincular el potencial productivo con la capacidad de generar territorios aptos para el desarrollo más allá del Distrito Metropolitano de Guatemala”. Pero, ¿cómo generarlos? Ellos indicaron que se requiere un territorio: a) ordenado, b) resiliente, c) incluyente y competitivo. Ordenado significa adecuada densidad poblacional, tiempos de traslado, gestión y sostenibilidad financiera local, institucionalidad multinivel de soporte, gobiernos abiertos y transparentes. Resiliente significa prevención y mitigación de riesgo, sobre todo a la exposición del cambio climático, además de la conservación de cuencas hidrográficas, cinturones ecológicos urbanos y tratamiento de la basura.
Incluyente significa desarrollo y oportunidades, establecido en provisión de bienes públicos, atención a la vivienda —una ciudad caminable—, generación de espacios públicos —seguridad—, además de la participación y convivencia ciudadana. Competitivo significa que tenga atracción de inversionistas, que exista autonomía en la definición de políticas, que tenga desarrollo de potenciales productivos, que exista infraestructura y logística. Enade cuestiona: ¿Cuál será el seguimiento? Pues: 1) mediante un adecuado planteamiento de territorios en los que se proponga qué productos se generarán, qué actividades se harán, todo ello alineado con un plan de prosperidad, 2) a través de una correcta coordinación donde se establezcan adecuados roles de los participantes, así como una oportuna asignación de fondos y recursos y, finalmente establecer, 3) agendas locales que muestren quiénes están participando, así como las retroalimentaciones mediante evaluaciones de los avances. ¿Cuánto costará todo esto y en cuánto tiempo?, Enade estima que se necesitan por lo menos US$6 mil millones, distribuyendo US$2 mil 800 millones para las ciudades intermedias —infraestructura urbana—, US$1 mil 500 millones para vivienda —para cubrir el déficit cuantitativo—, otros US$1 mil 500 millones para la red vial nacional, y finalmente, US$200 millones para aeropuertos, estos últimos para conectividad. ¿Tiempo? Por lo menos 17 años.
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¿Dudas?
