El abogado de la firma Ricardo Santamarina explicó que el grupo ingresó sin permiso y de manera violenta a los terrenos que son propiedad de Especialidades Industriales S. A., una de las empresas afiliadas, desde el 11 de enero del 2021 y hasta el viernes 15 permanecían en el lugar. La otra afiliada es Westrade de Guatemala S. A.
En conferencia de prensa explicó que dichas personas, a las que calificó como usurpadores, usan de forma inescrupulosa a mujeres y niños como “fuerza de choque” y hay hombres que intentan iniciar la construcción de covachas improvisadas (lámina, plástico y madera), por lo que incurriendo en diversos delitos penales, según las leyes guatemaltecas.
Agregó que entran a colocar cintas para cercar el área invadida, además han talado y quemado árboles registrados por el Instituto Nacional de Bosques (Inab) como parte de programas forestales.
Además, han agredido a trabajadores de la empresa para impedir que se apaguen los incendios y han lanzado piedras y palos, tanto a trabajadores como a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Han presentado denuncias a la PNC y al Ministerio Público (MP) también informaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
El MP informó que la denuncia fue presentada el 12 de enero en la Fiscalía Municipal de Tecún Umán. Dicha fiscalía ha realizado varias diligencias de investigación y se tiene control jurisdiccional. Agregó la entidad que la usurpación inició el 11 de enero y que el delito por el cual se investiga es por usurpación agravada.
Santamarina indicó que en la compañía laboran 110 personas y que está en riesgo el sustento de esos hogares compuestos por más de 400 personas.
El área del complejo es de alrededor de 90 hectáreas de las cuales 32 están invadidas, según indicaron.
Por el momento no pueden cuantificar pérdidas o daños no se pueden acercar al área invadida. Pero que advirtió que puede causarse un desastre si el grupo sigue avanzando o los incendios llegan al área industrial donde hay dos instalaciones de gas propano además de otros combustibles para las operaciones productivas.
“Los incendios pueden causar daños materiales y humanos con consecuencias impensables, ya que por ser un área industrial existen empresas que por su giro de negocio almacenan grandes depósitos de combustibles, solventes y gas propano con protocolos de seguridad internacionales”, se advirtió.
El jueves 14 de enero amenazaron con quemar la planta de producción, la cual consideran una amenaza latente a la planta y a la zona de industrial, comentó Santamarina.
Por ello esperan que se ejecute la ley contra esas invasiones para proteger a los trabajadores y evitar daños como los advertidos.
La empresa explicó que otro actor involucrado debe ser la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ya que hay una pista de aterrizaje autorizada por esa entidad y la cuál también fue invadida.
Explican además que la firma ha tenido buena relación con la comunidad por lo que creen que hay personas detrás de ellos manejando este tipo de acciones. Además, expusieron que es un área industrial no autorizada para residencia por lo que tampoco se les puede buscar lugar donde habitar.
En el aspecto de producción, mencionaron que se está afectando el área donde hay proyectos cercanos para crear un puerto libre.
El abogado indicó que han tenido buena relación con la comunidad y que con el fin de resolver el problema los representantes de la empresa entablaron diálogos pacíficos con dichas personas, quienes exigieron que se les presentaran las escrituras y títulos de los terrenos invadidos lo cual hicieron, pero no lo aceptaron dialogar. “Negaron tener un líder específico y no supieron dar razones de por qué ingresaron a un área forestal industrial sin permiso”, expone la empresa en un comunicado.
“No detener a estos grupos delincuenciales, impide la inversión extranjera especialmente en una zona limítrofe con México y motiva para que otros bandoleros continúen usurpando empresas e industrias en todo el país” añadieron por lo que solicitan al Gobierno y a las instituciones que integran el sector justicia que accionar pronto para que efecto que se cumpla con Estado de Derecho y las garantías de un debido proceso ágil para que se castigue a los infractores en este caso y se garantice el respeto al derecho a la propiedad privada.
