“No podemos especular sobre el posible impacto en nuestro negocios. Revisamos a fondo y evaluamos las opciones estratégicas, por lo que se ha iniciado una revisión externa profunda de nuestro panorama de cumplimiento”, afirma la compañía en su informe de resultados al 22 de octubre.
El documento agrega: “Se tendrá el apoyo de una comisión ejecutiva y un equipo de ética empresarial con el fin de fortalecer aún más las prácticas que ya tenemos”.
El señalamiento, según Millicom, tiene como base una investigación respaldada por un comité especial y por la firma internacional Covington & Burling.
Sin embargo, la empresa no precisó a quién y bajo qué circunstancias se pudieron haber dado esos “pagos indebidos”.
A criterio del ingeniero Ricardo Flores, exgerente de telefonía de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la denuncia podría ser muy amplia y puede ir desde gastos a consultores y asesores hasta tráfico de influencias.
Sin embargo, dijo que ha generado suspicacia el proceso de licitación de la banda 4G, una frecuencia polémica, debido a la capacidad de servicios que puede ofrecer y en la cual han estado interesadas las tres compañías que operan en el país.
Esa frecuencia permitiría aumentar la velocidad hasta 10 veces en internet, telefonía, transmión de datos, TV digital y TV de paga.
Según una nota de la firma de abogados Bronstein, Gewirtz y Grossman (LLC), que representa a algunos de los compradores de los títulos de Millicom International Cellular, S. A., Inc., la compañía o algunos de sus ejecutivos podrían haber violado los artículos 10 (b) y 20 (a) de la Ley de Intercambio de Valores de 1934.
Según Rolando San Román, gerente de la Bolsa de Valores Nacional, esa es una de las normas que regulan el mercado de valores en EE. UU.
Agregó que es una legislación compleja y es difícil evaluar cómo pudo ser violada si no se tiene información exacta.
Hasta ayer, las autoridades de Tigo evitaron dar declaraciones y señalaron que esperan más detalles del caso desde Luxemburgo.
