Entre estas se detalla la obligación para los ministerios que manejan programas sociales y el plan vacunación de divulgar en sus páginas electrónicas sus informes que deben incluir la lista de beneficiarios, indicó la viceministra de Transparencia del Minfin, Violeta Mazariegos.
La funcionaria explicó que, con base al nuevo acuerdo publicado, lo que se está haciendo es homologar qué datos que deben contener los informes, por lo que la implementación, registros y controles de los beneficiarios para lo cual se estableció que deben ser en base al Código único de Identificación (CUI).
“Se está pidiendo que se identifique a todos por el CUI y poder llegar a un registro único como lo es Guatenóminas, eso es lo que se quiere construir por lo que se necesita es que el cien por ciento de entidades lo manejen con el mismo criterio”, dijo Mazariegos.
Expuso que en el caso de los programas sociales que manejan los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y el de Agricultura (Maga) los informes que establecen las normas presupuestarias en el decreto 25-2018, son semestrales.
En tanto para el plan de vacunación contra el covid-19 que está a cargo del Ministerio de Salud, el decreto 1-2021 que contiene la Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra el Coronavirus covid-19, aprobada en enero de este año por el Congreso, los informes son mensuales.
Al ser consultada sobre qué información de los beneficiarios de la vacuna podrá ser divulgada, indicó que, por ejemplo, la entidad podrá elegir que más incluir como departamento u otros, pero aclaró que en el caso de la información sensible como los datos de salud y psicológicos, etnia, ideología, vida familiar, y otros que se hayan recabado, características físicas o datos que dañen la intimidad de las personas no se pueden publicar.
Agregó que “en ningún país han publicado los nombres, en el caso de Guatemala se quiere publicar, se podrán nombres completos y DPI como si fuera un programa social, pero se va a hacer sin dar el detalle del domicilio y datos sensibles”, agregó.
Para efectos de rendición de cuentas se puede dar más nivel de detalle a la Contraloría o a los diputados, pero estos no podrán divulgar la información sensible, citó.
Como el acuerdo entra en vigor este 24 de marzo, Mazariegos considera que el otro mes el Ministerio de Salud deberá publicar su primer informe mensual.
Las medidas son más amplias porque establecen controles para la ejecución del presupuesto para entes del gobierno, ministerios, secretarías y otras dependencias del ejecutivo, así como la Procuraduría General de la Nación y entidades descentralizadas que reciben aportes a la administración central.
Aunque ya existan las disposiciones o normativas, con este nuevo acuerdo se establece la obligatoriedad para divulgar informes en diferentes portales aparte de los programas sociales, agregó la funcionaria. Para ello cada entidad deberá tener un botón (pestaña) de transparencia presupuestaria en su página electrónica e incluir todos los informes que establece este acuerdo y otras leyes.
Expuso por ejemplo que en el caso entidades privadas o externas (que según la viceministra de transparencia se refiere a las ONG), así como los fideicomisos y los préstamos externos ya existen los portales para que los entes informen al respecto pero que en ocasiones no se actualizan por las entidades, pero, insistió lo que está haciendo el Minfin es homologar la información que deben incluir y crear la obligatoriedad porque no existía alguna norma que los hiciera obligatorios.
En el caso de contrataciones de personal se está dando la base legal para que ingresen datos a Guatenónima, y se están agregando nuevos renglones, explicó la viceministra. Como no hubo nuevo presupuesto para el 2021 (y sigue vigente el decreto del 2018) no se pudieron actualizar las normas y ahora se están haciendo para continuar con los renglones de contratación como los 011, 021, 022 y 031.
Las entidades también deberán seguir utilizando los sistemas que ha definido el Minfin e integrar los renglones 035 (retribuciones a destajo), 036 retribuciones por servicios, 081 personal administrativo técnico y operativo, subgrupo 18 para servicios técnicos y profesionales. Esas medidas se deberán implementar de forma gradual y las entidades deberán presentar su plan de implementación al 30 de junio próximo.
- Diputados al Congreso cuestionaron que la mayoría de las solicitudes de informes ya existen y no especifican muchas nuevas acciones. En el caso de los programas sociales refieren que hace falta crear un control cruzado que pidieron centros de investigación y análisis entre Renap, Guatenómina, el IGSS y otros entes para evitar pagos a quienes no deben hacerse.
- Otra acción necesaria es integrar a los Consejos de Desarrollo a estas obligaciones incluyendo reportar al Sicoin, pero no se hizo de esa forma, aunque la viceministra expuso que no se puede hacer con un acuerdo gubernativo, sino que se podrá incluir cuando se apruebe el otro presupuesto para el 2022 por el Congreso.
- El otro cuestionamiento es porqué se establece que antes de la ejecución de egresos en el renglón 121 para divulgación e información las entidades deberán consultar a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP). Aunque en este caso la funcionaria aseguró que no se trata de la ejecución del presupuesto sino de coordinar y homologar el uso de los logotipos, mapas, y otros datos de uso oficial.
- Entre los rubros prioritarios aparte de remuneraciones y servicios básicos, se agregó el pago de laudos arbitrales, aspecto que también fue cuestionado por diputados, sin embargo en este caso la funcionaria dijo que es para evitar lo sucedido con el caso Teco, en donde el país no pagó a tiempo y hubo repercusiones que pudieron haber afectado las calificaciones de país.
Falta recudir techo de presupuesto
Según el analista Érick Coyoy, el acuerdo gubernativo publicado este martes no cumple con llevar a cabo la readecuación del presupuesto vigente anunciada por el Minfin en un comunicado de prensa del 4 de febrero, cuando se anunció que el “Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2021 será de Q94,354 millones”.
Agrega que en esa ocasión se anunció la elaboración y aprobación de un acuerdo gubernativo, pero lo adecuado es que incluya lo relativo a la distribución de fondos entre las entidades para que la ejecución al final del año se ajuste a los Q94 millardos anunciados.
“Con el acuerdo gubernativo publicado hoy no se cumple ese aspecto y se sigue dejando en la incertidumbre el monto real de gasto y de déficit fiscal, para este año”, criticó Coyoy.
