Luego de que ascendiera la tensión entre pilotos y manifestantes, el Gobierno de Costa Rica flexibilizó a partir de ayer los requisitos que impuso al transporte de carga centroamericano en el marco de la pandemia, en momentos en que transportistas llevaban a cabo una protesta en la frontera con Nicaragua.
En promedio cruzan Peñas Blancas entre 500 y 600 contenedores, de los cuales el 70 por ciento son de origen guatemalteco; por lo tanto, la fila de vehículos abarcó kilómetros.
Otra de las peticiones de las cámaras de transporte es que los demás países levanten las medidas recíprocas a Costa Rica, y hasta el momento, solo Guatemala las levantó.
El Ministerio de Comercio Exterior explicó que a partir del 9 de octubre entra en vigor una “actualización a las medidas sanitarias aplicables al transporte internacional terrestre de mercancías”.
Por lo anterior, se eliminó el uso obligatorio de dispositivos de posicionamiento global (GPS) y, de manera temporal, el plazo de permanencia en el país para realizar operaciones de carga y descarga se extenderá de 5 días a 10 días.
Por su parte, los camiones que transitan desde la frontera con Panamá a la de Nicaragua podrán permanecer en Costa Rica hasta 72 horas.
Pérdidas millonarias
La Cámara de Comercio de Costa Rica indicó que el impacto de las protestas provocó una baja en las ventas de los comercios de un 20% y las cadenas de suministros han sido perjudicadas por un aumento del costo por traslado de un 25%.
Ambos efectos acumulados alcanzan una pérdida de US$2.8 millones, para un acumulado de US$25 millones en nueve días.
Por cada 24 horas que se retrasa un contenedor en llegar a su destino, se elevan los costos a US$104 diarios, monto que incluye viáticos del piloto y paralización del transporte, y a 10 días de protestas en Costa Rica los costos se elevaron y ascienden a US$208 mil por las 200 unidades guatemaltecas que han tenido retrasos.
Fanny de Estrada, de la secretaría de La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centro América y República Dominicana (Fecaexca), calificó de “grave” la situación porque se ha visto afectado el comercio regional.
De Estrada dijo que en estos momentos es cuando surge la necesidad de una vía alterna marítima. Sin embargo, el ferri impulsado por El Salvador y Costa Rica aún enfrenta retos por superar, y los resultados no se verán en el corto plazo.
El sector agrícola ha perdido cerca de US$40 millones, según datos del Gobierno costarricense.
La Cámara Nacional de Bananeros y la Corporación Bananera Nacional informaron que más de 40 mil trabajadores han sido afectados por estos hechos de violencia y que la industria pierde al día unos us$1.3 millones.
El 9 de octubre se contabilizan aún 14 puntos de carreteras con algún tipo de manifestación o bloqueo, a diferencia del medio centenar que hubo en días anteriores.
Según el ministro de Comunicación de Costa Rica, Agustín Castro, el viernes había poco más de 300 personas en los sitios de bloqueo.
Antecedentes
Las protestas comenzaron el pasado 30 de septiembre en rechazo a un posible acuerdo del Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1 mil 750 millones, que incluía aumento de impuestos y la venta de activos estatales, con el objetivo de estabilizar las finanzas del Estado, cuya situación se ha agravado con la pandemia de la covid-19.
El pasado domingo el presidente Carlos Alvarado anunció el retiro de la propuesta, pues no contaba con apoyo político ni social, pero los manifestantes le exigían que firmara un documento en el que se comprometa a no acudir al FMI en los 19 meses que restan de su mandato.
