Sin embargo, la semana pasada el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) informaron sobre una estructura, interna y externa en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que agilizaba las devoluciones, confirmando lo que en círculos contables se decía en voz baja.
La devolución del crédito fiscal a los beneficiados en teoría no debe superar entre 30 y 60 días; sin embargo, el trámite tarda hasta tres años, por un proceso ineficiente. A continuación podrá apreciar un ejemplo:
Para las empresas que legalmente hacen las solicitudes, no contar con ese flujo financiero en los plazos correspondientes les puede representar varios problemas, e incluso salir del mercado por falta de liquidez.
“Se va quedando un capital que tarde o temprano vienen siendo las utilidades, se va acumulando y es una devolución atrasada que golpea las planillas, a los proveedores y otros compromisos”, explicó Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), adscrito a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).
Algunos contribuyentes, explicó Ceballos, están empleando la acción de amparo judicial para que la devolución sea obligatoria en los plazos establecidos de 30 a 60 días, y evitar hasta tres años de trámites burocráticos, como ocurre en la actualidad.
El empresario recordó que, ante esa situación de atrasos, algunas empresas recurren a contratar personas que ofrecen servicios de intermediación a cambio de agilizar la entrega.
“En mi caso hubo personas que me garantizaban la entrega, pero a cambio de un adelanto económico. Por supuesto, no contaba con los recursos y rechacé la propuesta”, reconoció Ceballos.
Jean Paul Brichaux, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café, también confirmó una situación similar.
“Muchas empresas exportadoras enfrentan problemas de capital por no contar con los recursos en los tiempos correspondientes. Con el plan emergente que se implementó el año pasado, fue un respiro para algunas; no para todas”, resaltó Brichaux.
Fernando Samayoa, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala, dijo que muchas empresas exportadoras están registrando problemas, y aunque funcionó en parte el plan emergente que se implementó el año pasado, es un tema que hay que resolver.
La devolución del crédito fiscal es un derecho del que gozan las empresas que exportan bienes y servicios, ya que no se puede cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) en el exterior.
Acumulación perversa
De acuerdo con especialistas en temas tributarios, el problema de los atrasos de la devolución del crédito fiscal surgió en el 2012, durante el primer año del gobierno del Partido Patriota.
En ese año se aprobaron reformas tributarias que crearon la factura especial para las exportaciones, que en teoría agilizaba la devolución, pero por otro lado no asignaron los recursos financieros para cumplir con ese reclamo.
Un exfuncionario de la SAT, bajo el anonimato, confió que son miles de solicitudes de devolución que se ingresan sin tener la capacidad de respuesta.
“Es un desgaste para la SAT hacer una auditoría, y ningún administrador del mundo invertirá recursos para entregar. No interesa hacer las devoluciones, porque impacta en las metas de recaudación, y mientras más se tarden en hacer la devolución, ese dinero se utiliza para financiar el presupuesto”, comentó.
El diputado Rudy Castañeda, exjefe de la SAT, dijo que en general en el ámbito público no se cumple con los parámetros en la ley y particularmente en la SAT, cuando se trata de flujos, como la devolución.
“La acumulación de los expedientes ha causado la discrecionalidad a funcionarios y las herramientas para poder sobornar”, manifestó Castañeda.
Entrevista
Leonel Villamar, intendente de Fiscalización de la SAT
“Vamos a ser más eficientes en el proceso de devolución”
¿Cuáles son los antecedentes?
Es un tema que existía y un proceso que se estaba dando en la SAT de agilizar las entregas de la devolución por una coima. Lo sabíamos al entrar en la administración del exsuperintendente Francisco Solórzano Foppa, luego del caso Aceros de Guatemala.
¿Qué acciones desarrollaron?
Primero, transparentar el proceso, hacer pública la acumulación de solicitudes. El listado siempre fue un secreto, y eso se prestaba para hacer los actos de corrupción para adelantarse a la fila. Ahora, los contribuyentes conocen cuál es su posición, y se debe respetar. Los expedientes se atienden de manera cronológica y la única manera de alterar la fila son los amparos, que ordenan que se atienda la solicitud en un plazo de 30 días.
¿Por qué se acumularon?
Para el 2017 se trabajaban expedientes del 2013. Es complicado decir qué realmente originó la acumulación. El sistema necesita un proceso que tiene que ser más eficiente y es lo que queremos implementar para este período en la revisión de las solicitudes. No podemos decir con exactitud que la acumulación se formó para generar corrupción, que si no hubiera existido la fila no hubiera el interés de pagar para adelantar.
¿Qué garantiza que no se pueda repetir este esquema para los contribuyentes?
Trabajamos en dos vías: la transparencia con mantener público el listado de las solicitudes y la parte de la eficiencia. Hasta ahora las solicitudes del 31 de diciembre del 2015 ya fueron atendidas y están en proceso de finalización de algunas auditorías. La idea es no tener el mismo problema en los siguientes tres años. Se reforzó la unidad de devolución aduanera con otras unidades y 20 auditores nuevos.
¿Cómo van a corregir los atrasos?
Hay dos elementos que queremos trabajar: uno es poder atender las solicitudes cuando ingresan, y la otra es tener a disposición información para ser más eficientes en las auditorías. Aquí juega un papel importante la factura electrónica, con validación de tiempo real, porque se atenderá de manera inmediata a sus proveedores y las facturas que reclaman son validadas. La ley otorga un plazo de 30 días y ese el ideal para resolver.
¿Cuáles son las inconsistencias que han encontrado para devolver el reclamo?
Se han generado ajustes, en que se deniega parte del crédito porque no corresponde. Hay facturas que no están relacionadas con el proceso de producción, con los bienes que se van a exportar, no hay una diferenciación entre el crédito local y el de exportación e inconsistencias con los proveedores, porque están denunciados por defraudación tributaria o que no existe —empresas de cartón—. Hubo 113 desistimientos, eso nos dice que no querían que se les auditara.
