Las acciones legales buscan dejar sin efecto el acuerdo ministerial que detalla a las empresas nacionales el procedimiento a seguir en caso de que sus finanzas no seas las mejores y esto se traduzca a problemas financieros que les limite cumplir con el pago del bono 14, que tendría que ser entregado antes de los primeros 15 días de julio.
El abogado Erick Castillo, presidente de Tribunal de Honor del Cang considera que el acuerdo violenta algunas garantías que se encuentran establecidas en la ley por lo que solicitaron al pleno constitucional que evalúe las disposiciones para emitir una resolución.
“Es arbitrario e ilegal el acuerdo 250 – 2020, por medio del cual el ministro de trabajo y previsión social dispone la restricción y la limitación del derecho ya adquirido por todos los trabajadores del sector público y privado de nuestro país, con el objeto que no se violente el principio de progresividad y derechos adquiridos que tutela el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala y que obliga al Estado a respetar todos esos derechos que ya han sido reconocidos, en este caso el bono 14”, refirió el presidente.
Difícil acuerdo
Ante las acciones legales que ya se han presentado y que están pendientes de discusión en las Cortes nacionales, Prensa Libre consultó a representantes del sector empresarial y de gremiales sindicales. Ambos tienen un punto de vista opuesto que podría dificultar procesos de negociación y posibles acuerdos.
Javier Zepeda, Director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), fue claro en decir que la situación que está afectando a los trabajadores guatemaltecos también ha llegado con los empresarios, por lo que hizo un llamado a que prevalezca el diálogo en un momento clave y crucial.
“Como Cámara de la Industria desconocemos el fondo de ese acuerdo ministerial. No lo hemos leído, pero el tema del bono 14, lo que creemos nosotros que debe de ser más importante en este momento es tratar de establecer un diálogo entre empleados y empleadores, dada la situación que estamos viviendo que afecta también a los trabajadores pero también a las empresas por otro lado; muchas de ellas no tienen la capacidad debido a la crisis que estamos viviendo ahora Lo importante es llegar a un acuerdo entre ambas partes”, precisó.
Pero para Lesbia Amezquita, integrante del Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala (Msicg), el que se le permita a las empresas no entregar esta bonificación vendrá a complicar la económica de muchas familias que ya contaban con este ingreso.
“Las situación de los trabajadores en este momento es sumamente difícil. Los trabajadores estamos enterrando a nuestros parientes que están muriendo por covid-19 y no hay en los hospitales espacio y ya ni están recibiendo pacientes. Esto nos va a impactar incrementando el nivel de pobreza, nivel de miseria y nivel de exclusión social al que hemos estado sometidos la clase trabajadora de manera histórica. Ahora esperamos que la CC en resguardo del orden Constitucional pueda conocer pronto estas acciones y suspenda la vigencia del acuerdo”, manifestó.
Discusión legal
Abogados expertos en la materia también tienen puntos de vista diferentes al señalar que la crisis económica se encuentra generalizada y que el pago del bono 14 se encuentra en ley y no puede ser evadido.
El abogado independiente, José Paredes, considera que una de las primeras vías para resolver cualquier inconformidad de este tipo será mediante el diálogo. “Yo creo que este es un tema que hay que verlo bajo la perspectiva de la situación actual y recordar que el derecho laboral es evidentemente conciliatorio, es uno de los principios generales que incluso está contenido en el Código de Trabajo. Buscar siempre el acuerdo entre patronos y trabajadores creo que es lo recomendable, saludable y acorde con los principios generales del derecho laboral”, explicó.
Pero otro de los puntos que se tiene que evaluar, a criterio de Paredes, es la forma en que algunas empresas han tenido menores ingresos a raíz de los efectos negativos del nuevo coronavirus.
“También muchas empresas se han visto afectadas por la crisis de manera que no han sido las mismas ventas, se ha reducido el ingreso e, inclusive, hay trabajadores que están suspendidos. De manera que, en un concepto de justicia y de que el “juntos saldremos adelante” no sea solo un slogan, en los momentos actuales hay que buscar acuerdos”, indicó.
Para el abogado Carlos Besares aunque exista un acuerdo ministerial que explica los motivos de esta nueva disposición, la misma no puede ser aplicada en nuestro país. “Desde mi punto de vista, efectivamente es inconstitucional y lo es porque el derecho laboral opera con los derechos laborales adquiridos. No se pueden reducir, según la Constitución, y no se pueden tergiversar esos derechos laborales que fueron adquiridos a través de un decreto legislativo. No se puede restringir ni disminuir a través de un acuerdo gubernativo porque violenta el propio ordenamiento jurídico”, señaló.
Según Besares las acciones legales que hasta ahora se han presentado tienen altas posibilidades de prosperar, pero resalta que la última palabra la tendrán los magistrados de las Cortes.
“Es bastante obvio que es atentatorio contra los derechos laborales. Una vez interpuestas las impugnaciones la Corte tiene que pronunciarse tres días después y suspender la normativa, si ese fuera el caso, o continuar conociendo. Si no se llega a suspender, el acuerdo sigue operando; posterior a eso, en una vista pública tiene que examinarse el tema”, puntualizó.
