También propuso que se creen los mecanismos que permitan cubrir la falta de liquidez de las distribuidoras, ya que el decreto 15-2020 les prohíben los cortes, pero no crean ningún fondo para apoyarles mientras recuperan los cobros por el servicio, como sí lo hace para las compañías de agua y de cable, agregó.
Como efecto del decreto se cree que el 57% de usuarios de energía decidirían no pagar por lo que las distribuidoras dejarían de cobrar Q523 millones mensuales, pero si se delimita al número de usuarios según el consumo, ese monto bajaría a Q164 millones, agregó González-Campo.
Si no se limita la prohibición de cortes solo a la población vulnerable, el impacto mensual de los tres sectores (energía, agua y telefonía) sería de Q2 mil 553 millones alrededor de 5% del PIB, dijo Fernando Spross, analista de Fundesa.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) propuso al gobierno que se delimite la prohibición de corte del servicio de electricidad solo para los consumidores de hasta 300 kWh al mes, y por 3 meses por medio del reglamento al decreto en mención, pero aún no ha sido aprobado el reglamento según informó esa entidad este miércoles.
Paulo de León, director ejecutivo de Cabi, dijo que se afecta a toda la cadena, y coincidió con el diputado Enrique Montano en que el problema que puedan enfrentar las distribuidoras es de iliquidez, por lo que se podría proponer algún tipo de fondo de apoyo ante esta emergencia.
Montano agrega que las distribuidoras deben ser transparentes e informar cuál es su situación. A lo que González-Campo agregó que al sector le ha faltado conversar con los diputados que pueden ayudar a resolver este tema.
De León agregó que aparte del impacto a los sectores que esto pueda significar “el impacto más grande es un golpe a la moral de pago de los guatemaltecos. Es un “perdonazo” del pago, lo hace el Estado por medio de un decreto del Congreso pero no con el dinero del gobierno sino de las empresas, no existe principio de solidaridad”.
Aunque explicó que el 70% de la población vive de sus ingresos diarios, la ayuda del gobierno no está llegando en forma adecuada para que puedan cubrir sus servicios.
Juan Pablo Carrasco, presidente de Amcham, quien dirigió la conferencia y foro “Los Impactos sociales y económicos del Decreto 15-2020”, dijo que se está violando la libertad de empresa al obligarlas a regalar su servicio.
Montano dijo que como el estado de calamidad se vence el 5 de junio, si el presidente de la República Alejandro Giammattei solicita otro, el Congreso tiene que condicionarlo a no cerrar el país sin un argumento válido, y si lo va a cerrar que lo anuncie con tres días de anticipación. El problema, dijo, entre otros, es que la gente ya no le hace caso, y sale a la calle en medio del toque de queda como sucedió en San Marcos.
En esa delimitación podría hablarse de los servicios.
Agregó que el estado de calamidad se debería quitar porque no se ha manejado bien, tampoco se han ejecutado los recursos para atender la emergencia en salud.
