Ayer, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Alberto Lobos Madrid, acudió a una citación con la bancada Semilla, en el Congreso de la República, e indicó que hasta ese momento habían recibido nueve mil 485 solicitudes de suspensión de contrato y resuelto nueve mil 289.
Estas cifras corresponden a 110 mil 610 trabajadores, y se autorizaron 109 mil 510, según el funcionario.
El Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Economía (Mineco) informó que se autorizó el pago a 95 mil 864 trabajadores y que los datos se enviaron al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), que es la entidad que desembolsa los fondos y coordina el pago directo a cada trabajador.
Gustavo Mancur, presidente del CHN, informó que del jueves 4 de junio hasta ayer habían desembolsado el primer pago a 35 mil 233 trabajadores, cantidad equivalente a Q92.2 millones.
Mancur afirmó que el CHN tiene pendiente la entrega a otras 40 mil personas, a quienes en estos días les enviarán el mensaje para que puedan retirar los fondos, ya sea en las ventanillas de la institución bancaria o a través de cajeros 5B y del Banco Industrial.
“Esperamos que funcione el pago en cajeros a partir de este próximo sábado, y de igual forma se atenderá en las ventanillas del CHN”, explicó Mancur.
Según informó el Mineco, los pagos que han entregado corresponden al 31 de mayo.
El desembolso depende de la fecha que dio el empleador al momento de la suspensión de contrato, y no aplica si esta ocurrió antes del 17 de marzo.
Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), dijo que los socios han cumplido con los requisitos que pide el Ministerio de Trabajo, y lo que preocupa es que no solo existe una presa de empresas y personal que ya están autorizados para recibir el pago, sino que hay muchas más que no han recibido la primera autorización.
“Lamentamos que por los problemas técnicos iniciales muchos guatemaltecos se hayan visto afectados. Tenemos información de que con el nuevo sistema los pagos ya se están agilizando. Es responsabilidad del Mineco resolver los atrasos a la mayor brevedad”, expuso Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala.
Pago es retroactivo
El decreto 13-2020, aprobado por el Congreso de la República el pasado 3 de abril, establece un monto fijo por día de suspensión de Q75, para un total aproximado, por mes, de Q2 mil 250, lo que significará un monto general de Q2 mil millones.
“No podemos pagar a futuro, sino vencido. Por ejemplo, muchos empleados cambiarán su estatus a lo largo del tiempo; es decir que se espera que los trabajadores regresen a sus labores. Por eso lo importante es que los patronos actualicen sus datos cada 15 días en la plataforma”, señaló Sigfrido Lee, asesor del Mineco.
Crece preocupación
Hace más de un mes, el empresario Mario Razuleu ingresó la suspensión de más de 10 contratos laborales al Ministerio de Trabajo, con el objetivo de que los trabajadores opten por el beneficio del Fondo para la Protección del Empleo, debido a la crisis sanitaria, pero a la fecha no han recibido una respuesta favorable.
Razuleu comentó que ingresó los requisitos a los pocos días de que se autorizó a los Ministerios de Trabajo y Economía comenzar con este proceso, pero luego cambiaron la plataforma electrónica y repitió el procedimiento.
A los 15 días, aproximadamente, recibió un correo del Mintrab en el que le autorizaban la suspensión de los contratos, pero aún no ha recibido notificación de aprobación por parte del Mineco ni del CHN, refirió.
“Los trabajadores están desesperados. Desde finales de abril que los suspendimos y dependen de esos fondos para poder llevar el sustento a sus hogares”, expresó Razuleu.
El empresario, quien se dedica a temas inmobiliarios y de construcción, compartió que en marzo y abril todavía lograron pagar la planilla, pero en mayo era insostenible, por lo que tuvieron que optar por este programa, con el fin de no despedir a los trabajadores, porque son conscientes de que son parte fundamental del negocio.
El 95% de quienes solicitan suspensiones de contratos laborales son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y representan el 51% de los trabajadores atendidos. Si se incluye a las medianas sube a un 70% de colaboradores que recibirán el apoyo, informó Lee.
El inspector general de Trabajo, Julio Castillo, dijo que a marzo habían hecho 260 verificaciones a empresas por el coronavirus. Sin embargo, no pudo aclarar en cuántas llamadas de atención o actas consta qué lugares visitaron, quiénes se encontraban al momento de la llegada del inspector y a qué conclusión llegaron.
