El decreto en mención fue aprobado en el Congreso para mitigar el impacto derivado de la emergencia del coronavirus en el país en la economía familiar.
En el documento Energuate argumenta el impacto que la emergencia del covid 19 ha generado en el cobro del servicio “limita seriamente la capacidad” de la empresa para cobrar deudas morosas de sus usuarios finales lo cual repercute en implica que tampoco tendrá la capacidad de recuperar los costos correspondientes de la generación u otros proveedores.
Horacio Fernández, director ejecutivo de ANG indicó que distribuidora está dando aviso que derivado de la promulgación del Decreto 15-2020, existe la posibilidad que caigan en impagos con los generadores por el suministro de electricidad.
Aunque también hacen la salvedad de que harán todo lo posible por continuar cumpliendo, la nota ha incrementado la incertidumbre en el gremio generador, agregó.
Las empresas de generación tendrán dificultades para seguir generando la energía que el país requiere, sobre todo en estos momentos, insistió el directivo.
“Otro efecto preocupante del que poco se ha dicho, será la dificultad para trasladar a las municipalidades los Q69 millones provenientes del cobro de tasa de alumbrado público”, expresó.
Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) efectuó una similar notificación el 11 de mayo recién pasado.
Contra el decreto 15-2020 se han presentado al menos 9 acciones de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad (CC), entre ellas de la ANG, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), de Deocsa, Deorsa, y otros. El lunes presentó su inconstitucionalidad la EEGSA, informó el abogado de la compañía Hugo Villalobos.
