De este monto, Q7 mil millones corresponden a casos penales principalmente por defraudación tributaria y caso especial de defraudación, que son los más comunes, explicó a Prensa Libre el intendente jurídico de la SAT Adrián Zapata Alamilla.
Los otros Q4 mil millones son por cobros económico coactivos, añadió.
Aceros de Guatemala pagó Q752 millones al fisco, luego de ser intervenida por la SAT, por orden de juez.
Aje Maya —fabricante de bebidas— canceló Q27.8 millones.
La cadena de farmacias Galeno pagó Q34.8 millones.
La SAT también intervino la cadena Farmacias de la Comunidad, por adeuda de unos Q25 millones, que siguen pendientes.
“No todos los casos son penales, estos últimos mencionados son juicios de cobro que no son generados por un delito sino que se está buscando lograr el pago, como cuando le cobran una deuda”, comentó el funcionario.
Los procesos son largos y algunos vienen desde los años 2004 y 2005, refirió.
Plazos
Aunque la SAT puede fiscalizar y auditar en forma retroactiva ejercicios fiscales por cuatro años, las investigaciones y procesos pueden continuar cuándo ya se han planteado acciones como un juicio o medidas de fiscalización por un ejercicio fiscal aunque se haya vencido el período en mención, explicó Zapata.
A mediados de junio, Francisco Solórzano Foppa, jefe de la SAT, informó que tienen un listado de al menos 10 mil contribuyentes, entre grandes, medianos y pequeños, que incurren en actos fuera de la ley para evitar el pago de impuestos, por lo que se implementó un plan de ajuste para que regulen su situación en el fisco.
La SAT ha atravesado una crisis ya que por cuatro años del 2012 al 2015 no se cumplió con la meta programada de recaudación y la brecha fiscal fue de Q10 mil 943.4 millones, además varios de sus funcionarios de alto nivel se encuentran presos señalados de acciones anómalas en sus cargos, entre ellos dos exsuperintendentes.
